Hace casi un año, cuando iniciaba la pandemia en el país, el Ministerio de Salud Pública elaboró el “Protocolo para manejo de cadáveres en el marco de la pandemia COVID-19”, que aborda una situación de muertes masivas por COVID-19, y refiere a un “punto de quiebre” del sistema funerario.

El tema, junto con la posibilidad de fosas comunes, o de cementerios humanitarios, que es la denominación sugerida por especialistas forenses, preocupó en agosto pasado, cuando las muertes por coronavirus empezaron a aumentar en el umbral de lo que sería la primera ola.

En este marzo, con el sistema sanitario colapsado en su ocupación de camas de cuidados intensivos, junto a un promedio diario de 40 a 50 fallecidos, nuevamente reaparece el concepto del “punto de quiebre”.

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“En todo evento que pueda generar muertes masivas se debe establecer el ‘punto de quiebre’, en donde esto se entiende como el punto donde ya la logística, infraestructura o capacidad de respuesta normal del sistema se ve rebasada”, señala el protocolo elaborado el 15 de abril del 2020, y que fue actualizado el 17 de junio siguiente, con 18 páginas.

“En tal sentido es el Centro Operativo de Emergencia (COE) Regional el que debe determinar el punto de quiebre de cada zona; es decir, cuando se deberán establecer medidas especiales de respuesta para el manejo de cadáveres”, explica el documento en el apartado titulado “Manejo de muertes masivas”.

Este proceso está liderado por un grupo especial del COE Regional, que deberá estar integrado por el/la directora/a de la Región Sanitaria, los intendentes, el/la gobernador y el/la médico forense encargado regional, describe.

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“Este grupo definirá el punto de quiebre de cada zona o región. Para lo cual contemplarán sus estadísticas de defunción, diaria, semanal y mensual normal, y tendrán en cuenta características propias de la región, como: capacidad de sus campos santos o cementerios, tanto municipales como privados, cantidad de funerarias, capacidad adquisitiva de sus moradores en cuanto a si pueden o no pagar servicios fúnebres privados, etc.)”, agrega el protocolo.

“Ante la eventualidad de tener que recurrir a entierros masivos, es decir establecer fosas comunes (lo que se denomina cementerios humanitarios) el sitio deberá tener ciertas características que deben ser contempladas de manera estricta por los administradores naturales de los campos santos (autoridad local: intendencia)”, establece.

También refiere a un peor escenario: “En caso de muertes masivas (sobrepasado el punto de quiebre) se recurrirá al ejército para el rescate de los cuerpos en los sitios de defunción y su transporte a las zonas de almacenamiento temporal y posterior disposición final en las fosas comunes”.

En otro pasaje del documento se explica: Las fosas comunes deben constar de una zanja que contenga una fila única de cuerpos, cada uno colocado paralelo al otro y con una separación de 0,4 m entre ellos.

“Cada cuerpo debe enterrarse con su número único de referencia o identificación establecida por nombre, cédula de identidad, fecha de nacimiento y fecha de defunción, consignado en una etiqueta resistente a la humedad. Dicho número o identificación debe estar duplicado, quedando una etiqueta sujeta mediante cintillo plástico al dedo gordo del pie derecho y otra asegurando el doble cierre de la bolsa mortuoria”, manifiesta.

Aunque no existen recomendaciones estándar sobre la profundidad que deben tener las sepulturas, se sugiere lo siguiente: deben estar entre 1,5 y 3 m de profundidad; las fosas con menos de cinco cadáveres deben conservar una distancia, por lo menos, de 1,2 m entre su base y el nivel freático (1,5 m si se encuentran en la arena) o el nivel superior que alcancen las corrientes subterráneas; las fosas comunes deben conservar una distancia mínima de 2 m entre su base y el nivel superior de las aguas subterráneas.

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En agosto pasado, entre todas las fuerzas militares se conformó la Compañía de manejo de cadáveres, que está integrado por un total de 240 personales del ejército, la Armada, Fuerza Aérea y el Comando Logístico.

Este cuerpo militar elaboró su propio protocolo mediante un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud Pública y un comité médico de las Fuerzas Armadas. Justamente, imágenes del adiestramiento de dicha unidad impresionaron en aquel momento, ya que ensayaba el procedimiento para el caso en el que el sistema sanitario se vea sobrepasado por el COVID-19.

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En diversas notas, el médico Pablo Lemir explicó que el “punto de quiebre” corresponde ser definido por las autoridades municipales y/o gubernamentales, ya que por ley orgánica son las entidades públicas responsables de la administración del sistema funerario.

En ese sentido, el límite de dicho sistema debe considerar dos factores: la capacidad de las funerarias, así como la capacidad de todos los cementerios de una determinada región, para soportar el aumento de muertes diarias, teniendo en cuenta los procedimientos que requieren cada fallecido, sea por COVID-19 o no (para lo cual, incluso se elaboraron videos didácticos).

Recientemente, se indicó que el Cementerio del Sur, en el barrio Obrero de Asunción, se estaba preparando un predio para 80 fallecidos, y que, en caso, de empeorar la situación, el espacio puede triplicar su capacidad. Por igual, el municipio de Lambaré ha preparado un nicho para varios fallecidos dentro del predio público del cementerio local.