Este miércoles, se detectó que un grupo de reclusos intentó amotinarse en la penitenciaría “Martín Mendoza” de Emboscada, pero la situación fue controlada. Desde el Ministerio de Justicia ordenaron la intervención del centro de reclusión. Durante el percance se logró aislar a 9 personas que comenzaron a golpear las rejas y que lograron salir de sus celdas.

Según Rubén Maciel, viceministro de Políticas Criminales, el hecho inició en horas de la mañana de hoy, pero que todo fue controlado rápidamente por agentes penitenciarios bajo órdenes del encargado de Despacho, Luis Rodríguez, y en coordinación con la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, con apoyo preventivo de Fuerzas Policiales, apostadas en las cercanías del pabellón 8.

“Se generó un disturbio por parte de personas privadas de libertad. Estos empezaron a patear la puerta y forzar las portezuelas hasta desprenderse y quedar con eso y usar como arma contundente. Se negaron y se resistieron a entregar por lo que se tuvo que hacer uso de la fuerza”, explicó el viceministro, en entrevista con la 1020 AM.

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Afirmó que los intervinientes lograron aislar a nueve reclusos, estos fueron los que rompieron las puertas y que opusieron resistencia a la intervención. Además, a raíz de la detección del hecho de irregularidad, desde el Ministerio de Justicia se ha dispuesto la intervención de la Penitenciaría “Martín Mendoza” de Emboscada.

Actualmente, se encuentran trabajando equipos a fin de dilucidar lo ocurrido y cuál era la intención de los reos. Equipos de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios y de la Dirección de Inteligencia Penitenciaria realizan la intervención. Una vez culminadas las labores, se brindará información oficial a la ciudadanía a través de los canales institucionales.

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Por Karina Ríos (karina.rios@nacionmedia.com)

Pasaron cinco años del día que conmocionó al Paraguay, cuando las autoridades confirmaron la desaparición de Yuyu o la niña de Emboscada, en el departamento de Cordillera.

Hasta la fecha, la Policía Nacional y el Ministerio Público siguen con la investigación, pero sin rastros de lo que ocurrió con la niña, que desafortunadamente sigue con paradero desconocido. La ciudadanía hasta la fecha se pregunta ¿dónde está Yuyu?

El 15 de abril del 2020 se confirmaba la desaparición de la niña de siete años en la localidad Isla Alta de la ciudad de Emboscada. La pequeña logró que la ciudadanía le tome cariño y exija que aparezca rápidamente. Sin embargo, su madre Lilian Zapata y su padrastro Reiner Oberuber tomaron distancia y se llamaron a silencio desde el primer día.

Según datos recabados durante la investigación, la niña de Emboscada fue vista por última vez jugando con los animales en la propiedad donde vivía bajo el resguardo de su madre y padrastro. Desde aquel momento no se supo nada de ella. Pese a las intensas búsquedas realizadas por las autoridades, Yuyu pasó a ser víctima de un hecho punible aún no resuelto.

Una vez que la Policía y Fiscalía tomó intervención en el caso comenzaron a realizar un rastrillaje en la zona y pudieron deducir que la menor no salió de la propiedad. También se utilizaron drones, perros buscadores, pero todo fue sin resultado positivo. Yuyu no aparecía y la posibilidad de dar con ella iba disminuyendo con el paso de las horas.

Las primeras evidencias encontradas fueron pedazos de tela, luego hallaron manchas de sangre. Esta última pista hizo que aumentarán las sospechas de que algo malo le pasó a la niña, sin embargo, hasta el momento no se pudo probar nada.

La persona que la tenía en custodia y que debía protegerla, su madre Lilian, se llamó a silencio y se negó a pruebas de ADN tras encontrarse rastros de sangre en la zona. Los investigadores le solicitaron una muestra y su negativa llamó la atención, no solamente de las autoridades, sino de toda la ciudadanía.

“Las investigaciones por parte de la Policía fueron cubiertas ampliamente, en lo que respecta a las labores periciales, criminológicas y a las búsquedas. Una de las “pruebas madre” que solicitamos en su momento no fue realizada, el análisis genético de las muestras que se levantaron del lugar de la desaparición”, afirmó el subcomisario David Delgado, del departamento de Homicidios, en entrevista con La Nación/Nación Media.

Resaltó que ese pedido fue a la señora Zapata, quien debía ceder el material biológico, pero que no lo hizo y truncó parte de la investigación. “Si se realizaba el análisis genético la historia iba a ser diferente, pero ya escapa a nuestra funciones esa situación”, expresó.

Pasaron cinco años y las investigaciones siguen, pese a que los años han hecho que este caso sea más difícil de dilucidar. Hasta la fecha continuan las interrogantes y las autoridades aún reciben ciertas informaciones sobre el caso, pero estas no sugieren indicios de lo que pudo haber ocurrido con la niña de Emboscada.

“Fueron tareas investigativas de meses en horarios continuos. Lo último fue la denuncia realizada por la madre sobre un video que fue viralizado, se realizó el análisis del mismo y carece de elementos técnicos para lograr una trazabilidad e identificación científica. Hasta ahora hay informaciones nuevas y si tienen sustentos o coherencias se verifican”, detalló Delgado.

Indicó que desde el departamento de Homicidios se tomó intervención en el caso una semana después de la desaparición y precisó que se hicieron sugerencias investigativas, como reconstrucción del hecho, entrevistas, análisis del lugar, levantamientos de evidencias, pero sin resultado.

• Lilian Zapata cumple su sentencia de seis años de prisión por abandono y violación del deber del cuidado y otros dos años con la suspensión de la ejecución de la pena por desacato a una orden judicial.
• Contra Reiner Oberuber se abrió un proceso por supuesta pornografía infantil y finalmente quedó absuelto de culpa y pena.
• El abogado Max Narváez confirmó que para julio de este año la madre de Yuyu debería recibir libertad condicional.

El nuevo ministro del Interior sirio, Mohamed Abdel Rahman, afirmó el miércoles que 14 miembros de su ministerio fueron asesinados por “remanentes” del derrocado presidente Bashar al Asad en la provincia de Tartus, después de que una oenegé reportara enfrentamientos en la zona.

“14 miembros del Ministerio del Interior fueron asesinados y otros 10 resultaron heridos tras (...) una emboscada traicionera de remanentes del régimen criminal” en la provincia de Tartus “mientras realizaban sus labores para mantener la seguridad y la protección”.

Miles de sirios de la minoría alauita, a la que pertenece el derrocado presidente Bashar al Asad, protestaron el miércoles en varias ciudades del país después de que se difundiera el video de un presunto ataque contra uno de sus santuarios. En la ciudad de Homs, en el centro del país, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) reportó un muerto y cinco heridos “después de que las fuerzas de seguridad (...) abrieran fuego para dispersar” a los manifestantes.

Las protestas alauitas son las primeras desde que una alianza rebelde, liderada por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), tomara Damasco y derrocara a Al Asad el 8 de diciembre, tras una fulgurante ofensiva de once días. El exmandatario, abandonado por sus aliados ruso e iraní, huyó a Moscú tras gobernar Siria con puño de hierro durante 24 años.

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Miles de alauitas salieron a las calles en las ciudades costeras de Tartus, Jableh y Latakia, en el oeste del país, donde la presencia de esta minoría es muy fuerte, indicaron testigos y el OSDH. También hubo protestas en Banias y Homs, indicó el organismo, con sede en Londres pero que dispone de una extensa red de fuentes de información en Siria.

Los alauitas son una rama del islam minoritaria en Siria, cuya población es mayoritariamente musulmana sunita. Al Asad quiso erigirse en protector de las minorías en un país multiconfesional y multiétnico. La policía decretó un toque de queda nocturno de las 18:00 (15:00 GMT) a las 8:00 (5:00 GMT) en Homs, según la agencia oficial SANA. Las autoridades también anunciaron un toque de queda en Jableh.

En la provincia de Tartus, el OSDH reportó nueve muertos durante enfrentamientos por el intento de arresto de un oficial de Al Asad, que figuraba entre los responsables “de los crímenes de la cárcel de Saydnaya”. Seis miembros de las fuerzas de seguridad de las nuevas autoridades y tres hombres armados murieron en los choques, precisó el organismo.

El enfado de los alauitas estalló tras la difusión de un video que muestra un ataque contra uno de sus santuarios, situado en el barrio de Maysaloon, en la ciudad de Alepo, la segunda de Siria. En Damasco, el Ministerio del Interior afirmó que las imágenes eran “antiguas” y databan” de la época de la liberación” de Alepo a inicios de mes, durante la ofensiva rebelde.

La redifusión del video busca “atizar los conflictos en el seno del pueblo sirio en esta delicada etapa”, agregó. Las nuevas autoridades multiplicaron los gestos de apertura hacia todas las minorías del país, traumatizado tras más de 13 años de guerra que dejó medio millón de muertos. En Jableh, los manifestantes corearon “alauitas, sunitas, queremos la paz”, indicó uno de ellos, Ali Daoud, a AFP.

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Al noreste de Damasco, un rescatista de los Cascos Blancos y un activista informaron haber descubierto una probable fosa común con restos de prisioneros detenidos por el anterior gobierno o de combatientes muertos durante el conflicto. Un equipo de AFP vio, en un terreno baldío a unos 30 kilómetros al noreste de la capital, tumbas alineadas una al lado de la otra, formando una trinchera de más de un metro de profundidad, cubiertas con losas de cemento que fueron movidas.

En esta zona de Jisr Bagdad se podían observar varias bolsas, algunas con un nombre o un número de tumba. “Creemos que es una fosa común. Encontramos un sepulcro abierto con siete bolsas llenas de restos óseos”, precisó Abdel Rahmane Mawas, rescatista de los Cascos Blancos. Desde la caída de Bashar al Asad, las nuevas autoridades y los habitantes de los alrededores de la capital comenzaron a identificar sitios que albergarían fosas comunes. El destino de decenas de miles de prisioneros y desaparecidos constituye uno de los aspectos más dolorosos de la tragedia siria.

Bajo el anterior gobierno se produjo una inmensa cantidad de captagon, una anfetamina de efecto excitante. Esta actividad, que floreció al calor de la guerra civil iniciada en 2011, convirtió a Siria en un narcoestado, cuya producción inundó los mercados de Oriente Medio como Irak y los países del Golfo, empezando por Arabia Saudita, un importante cliente.

Washington impuso sanciones a varios responsables sirios, por sospechar que estaban ligados al narcotráfico. Las nuevas autoridades quemaron el miércoles un millón de pastillas de captagon, indicaron a AFP dos responsables de seguridad. También incendiaron cannabis y cajas de Tramadol, un producto analgésico opioide.

Una investigación de AFP en varios países demostró cómo el captagon convirtió a Siria en un narcoestado con un negocio ilegal por valor de más de 10.000 millones de dólares. El conflicto en Siria, iniciado en 2011 con la represión brutal de las protestas prodemocracia, causó desde entonces más de medio millón de muertos y obligó a desplazarse a millones de personas.

Fuente: AFP.

Actualmente son dos los centros penitenciarios en los que está habilitado el régimen cerrado, ellos son el penal Martín Mendoza de Emboscada y el de Minga Guazú, a donde se destinan a las personas privadas de libertad con alto perfil criminológico y guardan reclusión en celdas individuales, sin contacto con los demás.

“El régimen cerrado especial es necesario para mantener o tratar de mantener la calma y demostrar el interés del Estado porque cambien las cosas dentro del sistema penitenciario que tan golpeado estuvo dentro de los últimos tiempos”, expresó Víctor Benítez, viceministro de Política Criminal a la 650 AM.

Mencionó que a casi un año de la implementación de este régimen, varios representantes legales han accionado apuntando a que sus clientes pasen al régimen ordinario, pero de acuerdo al entendimiento del Poder Judicial, este sistema especial se adecua a las normas vigentes y es necesario para el ordenamiento penitenciario.

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“En el régimen cerrado especial hay una capacidad para 82 personas de alto perfil, son celdas individuales, está destinado para aquellos con altas condenas o ligados al crimen organizado, personas que no se adecuan al sistema ordinario o que dentro del mismo son líderes dentro de esa penitenciaría y tienen a un grupo importante alrededor”, detalló.

El viceministro señaló que las personas de alto perfil no demuestran una predisposición a cumplir con los reglamentos de un centro penitenciario, por lo que son destinados a dicho régimen hasta que ellos mismos puedan tener las características para formar parte del régimen ordinario. Benítez indicó que se realizan evaluaciones por el organismo criminológico para determinar si son aptos o no para cambiar de régimen.

“Creo que para cualquier persona sería duro, más todavía para ellos que hacían lo que querían, seguían con sus operaciones desde las penitenciarías, estas personas nunca demostraron interés en dejar de cometer hechos punibles”, recalcó. Cabe destacar que la capacidad de reclusos de los dos centros es para 1.237 personas y cuentan en total con ocho pabellones.

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