El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, arremetió contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y lo calificó como el peor presidente de la era democrática. El mismo sostuvo que su gobierno fue responsable de la mayor deuda del país en todas las administraciones de colorados.

“Yo fui y soy detractor del gobierno de Mario Abdo Benítez, para mí es el peor gobierno colorado en su momento, es el gobierno que duplicó nuestra deuda externa de prácticamente tres presidentes, y siempre critiqué”, dijo en una entrevista para la 1020 AM.

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Agregó que, incurrió en varios hechos irregulares durante su periodo de mandato. “Creo que en la era democrática fue el peor. Es de mi partido, por más que siga activando en la política hay que ver los números, que se violó la ley de responsabilidad fiscal, la cantidad de funcionarios que entró, y de las obras que dejó”, apuntó.

Núñez también aseguró que se debió llevar adelante el juicio político en contra de Mario Abdo en su momento, y refirió que el error con ese primer intento de juicio político fue anunciar la postura de la bancada de Honor Colorado de apoyo a esta iniciativa.

“El error fue anunciar un día antes, ahí se le dio tiempo de reacciones y a la noche se compran voluntades, se alquilan voluntades, se tuercen voluntades y eso pasó. Nosotros le dimos esa ventaja de toda la noche y ahí ellos reaccionaron. En aquel entonces yo estaba convencido de que se tenía que hacerle ese juicio político”, aseguró.

Por otra parte, sostuvo que a pesar de que Mario Abdo sea del Partido Colorado, se mantiene firme en su postura de crítica y que de eso la ciudadanía debe tener conocimiento. “Creo también que nosotros, independientemente que sea colorado o no, no callarnos, si Juan Pérez fue presidente de la República y tuvo un mal gobierno, entonces yo tengo que criticar, y el ciudadano ya sabe que igual si es del partido va a ser criticado por su correligionario, y eso no aprendieron los colegas de la oposición”, sentenció.

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La defensa del exmi­nistro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien debe estar sentado en el banquillo de los acusados como cualquier procesado, recurre al mismo modus ope­randi presentando chicanas al igual que el caso filtración de información de Seprelad para evitar ser juzgado por el hecho punible de cohecho pasivo agravado por mante­ner vínculos con el presunto narcotraficante detenido en Brasil Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

Esta vez el acusado Arnaldo Giuzzio designó como nuevo abogado defensor a Emi­lio Fúster y pidió al tribu­nal de sentencia la suspen­sión del inicio del juicio oral atendiendo a que nece­sita tiempo para poder pre­parar la defensa del proce­sado. Este tipo de chicanas, que es similar a la del caso filtración de información, es una muestra más que el exministro de Mario Abdo Benítez no quiere someterse a la Justicia y recurrirá a los actos dilatorios para evitar ser juzgado.

Giuzzio anteriormente estuvo siendo representado por el defensor público Fran­cisco Acevedo, quien ahora deja de ser defensor del acu­sado y asume Fúster, quien es abogado del exsecretario de Estado en el proceso penal que enfrenta por siete delitos por el caso conocido como fil­tración y producción de infor­mación falsa de Seprelad.

El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar el pre­sente caso está integrado por los jueces Adriana Pla­nas, Yolanda Morel y Karina Cáceres, quienes ya fijaron para el 3 de marzo de 2025 el inicio del juicio oral y público de Giuzzio. Esta es la cuarta suspensión del jui­cio oral de Giuzzio.

También la fiscala Veró­nica Valdez pidió la sus­pensión de la audiencia oral fijada para este lunes 18 de noviembre. La represen­tante del Ministerio Público argumentó que está interi­nando otras unidades fisca­les y será difícil poder asis­tir al juicio oral.

El 16 de agosto de 2023, los agentes del Ministerio Público Jorge Arce y Diego Arzamendia presentaron acusación contra Giuzzio por la supuesta comisión del ilícito de cohecho pasivo agravado y solicitaron juicio oral y público.

El exministro ocupó la titularidad del Ministerio del Interior hasta el 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por el presi­dente Mario Abdo Benítez, luego de trascender prue­bas del trato que mante­nía con el presunto narco brasileño Marcus Vini­cius Espíndola Marqués de Padua, hoy procesado en Brasil.

Se había comprobado cómo Giuzzio viajó en el vehículo prestado del capo narco brasileño para ir al Brasil en plan de vacacio­nes. Esto sin mencionar que Espíndola pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, cuando Giuzzio seguía al frente de la cartera.

• Por Aníbal Saucedo Rodas
• Periodista, docente y político

Desde hace algunos periodos presidenciales el poder político abandonó el Palacio de López y se trasladó a Mburuvicha Róga. Las constantes restauraciones y algunas reformas, así lo especifican los documentos oficiales, del edificio fueron una de las causas centrales para que tal mudanza aconteciera.

La primera intervención, al menos la que recuerdo, fue en la época de Fernando Lugo, cuando el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a cuyo frente estaba Efraín Alegre, desembolsara 5.000 millones de guaraníes para la ejecución de obras que afectaban “la torre y el techo”, con el propósito de superar las filtraciones que se observaban en ese entonces (enero de 2011). Aquellos trabajos, en realidad, tuvieron una primera etapa que se enfocó en la sala de prensa para dar “seguridad y funcionalidad” a dicho espacio donde se reunían los periodistas acreditados.

Algunas tareas de conservación se inauguraron durante el breve mandato de Federico Franco, en agosto de 2013, aunque no se detallaron los montos requeridos y utilizados. En setiembre de 2014 (etapa de Horacio Cartes) se produce un desprendimiento de la araña que “colgaba del techo (de la Secretaría General) y trajo consigo parte del revoque”. Las crónicas de los medios de comunicación señalaron que se “trataba de una sección refaccionada durante el gobierno anterior”. Otro caso más: “Restauración del Palacio de López terminaría en abril de 2023″ (se había iniciado en noviembre de 2020, periodo de Mario Abdo Benítez), informaban representantes del MOPC. La inversión fue de aproximadamente 39.000 millones de guaraníes. Nota al margen: En diciembre de 2021 se había derrumbado uno de los pináculos del sector oeste del edificio.

Recuento somero e incompleto de las “intervenciones” que empezaron en 2011 y que, desde la óptica del diario Abc Color, el “cháke” del derrumbe de este sitio icónico se volvió “un negocio” (27 de abril de 2020). Lo concreto es que el Palacio de López, en ese lapso, redujo sus funciones a ceremonias protocolares, pues, como ya dijimos, el poder se había instalado en Mburuvicha Róga. Compartí esta propuesta –que expondré a continuación– con algunos expresidentes, pero ninguno me llevó el apunte. Lo ideal sería que, como ocurre en otros países, se construya la Casa de Gobierno en el patio de Mburuvicha Róga (podría ser en la cancha de fútbol) y liberar definitivamente el Palacio de López para habilitarlo exclusivamente como un espacio histórico-cultural, previa, completa y seria, restauración para que los visitantes puedan –más allá del goce estético– aprender de nuestro rico y, a veces, trágico pasado.

Pensada para residencia de Francisco Solano López y su familia, el proyecto fue truncado por la guerra contra la Triple Alianza. “Pasaron los años –nos cuenta Margarita Durán Estragó– hasta que, en 1888, durante el mandato de Patricio Escobar se ordenó por ley convertir el edificio en Palacio de Gobierno” (”El palacio (que no fue) de López: 1843-1892″, Revista Estudios Paraguayos de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, 2019). Pero, continúa, “como los trabajos de refacción llevaron su tiempo”, el Palacio Nacional solo pudo ser inaugurado el 12 de octubre de 1892, bajo la presidencia de Juan Gualberto González, “con motivo de la celebración del cuarto centenario del Descubrimiento de América”. Y como “todavía faltaban la pintura del edificio y otros detalles, recién pudo ocuparlo el presidente Juan Bautista Egusquiza”, en 1894. Con anterioridad a esa fecha, y desde la época de don Carlos Antonio López, el viejo Cabildo servía como asiento del Poder Ejecutivo y, al mismo tiempo, del Poder Legislativo. Luis Verón, en su libro “Gobierno y gobernantes del Paraguay-2019″, escribe que en los primeros tiempos “la oficina del presidente fue ubicada en la planta alta de la sede gubernativa, pero en 1949 fue trasladada a la planta baja por disposición del presidente Felipe Molas López, quien tenía una afección física en las piernas, que le dificultaba subir las escaleras para llegar a su despacho”. Y concluye con lo que hoy se volvió habitual: “En ocasiones, el Poder Ejecutivo atiende en la residencia presidencial Mburuvicha Róga”.

Insisto en que la residencia presidencial y la casa de Gobierno pueden compartir el mismo terreno. Un edificio moderno y práctico que albergaría todas las dependencias de la Presidencia de la República. Y el Palacio de López quedaría como símbolo del poder cultural, el único poder que reside verdaderamente en el pueblo. Es una simple sugerencia. Pensar no cuesta nada. Alguna vez la política y la cultura habrá de darse las manos. Es todo lo que tenía que decir. Buen provecho.

• LA CAJA NEGRA

Los abogados presen­taron hasta la fecha una docena de inci­dentes ante la Justicia, dise­ñadas meramente para dila­tar el proceso legal en lugar de abordar las acusaciones de manera directa. Estas manio­bras impiden que avance el caso que investiga las filtraciones de datos confidenciales.

El expresidente Mario Abdo Benítez y varios de sus cola­boradores están procesados por la filtración de informes confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) entre 2021 y 2022. Durante ese período, según la Fisca­lía, estos informes se habrían utilizado para afectar políti­camente a rivales internos del Partido Colorado, específica­mente a figuras como Horacio Cartes y Santiago Peña. Entre los cargos se encuentran reve­lación de secretos de servicio, denuncia falsa y asociación cri­minal, entre otros delitos.

Tras la imputación inicial en marzo de 2024, los abogados defensores presentaron múltiples acciones judiciales para detener el avance de la causa, señalando que se trataba de una persecución política y cuestionando la validez de las pruebas, pero sin sustentar estas declaraciones.

Entre las medidas adoptadas están las solicitudes de nuli­dad de imputación, recursos ante tribunales superiores, exclusión de varias pruebas, y recusaciones contra los inter­vinientes, que lograron pospo­ner las diligencias judiciales en varias ocasiones.

Ni bien se presentó la impu­tación del Ministerio Público, comenzó el concurso de los abogados chicaneros con estrategias legales para ralen­tizar y obstaculizar el proceso judicial. El 28 de octubre de 2024, el abogado Emilio Fus­ter, defensor del exministro Arnaldo Giuzzio, recusó a la jueza Cynthia Lovera por haber admitido la imputación formulada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, quienes luego fueron aparta­dos de la investigación.

Le siguieron las defensas de los otros procesados con más chicanas. Los abogados Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; Jorge Rolón Luna, quien ejerce la defensa de Carmen Pereira y Francisco Pereira Cohene; y Enrique Kro­naweter, defensor de Daniel Alberto Farías, plantearon una reposición y apelación en sub­sidio contra la determinación adoptada por la jueza Lovera. Misma acción efectuaron los letrados Felino Amarilla y Emi­lio Fúster.

Otro incidente planteado por la gavilla de Abdo Benítez guarda relación con el cuadernillo de extracción de datos de la Sepre­lad. Al respecto, los involucra­dos solicitaron que esta prueba no sea aceptada en la causa.

Así también el abogado Kro­naweter apeló la resolución de la jueza de turno Clara Ruiz Díaz, quien había hecho lugar en el mes de enero a la autoriza­ción judicial para la extracción de datos como acto investiga­tivo, mediante la cual la Fiscalía tuvo elementos de convicción para sostener su imputación. Con esta medida, la defensa busca obtener la nulidad del acta de imputación.

El 1 de abril, el abogado Felino Amarilla, en representación del extitular de Seprelad Car­los Arregui, presentó una recusación contra los cama­ristas que debían confirmar a la jueza recusada inicialmente por Fuster, elevando la causa a la Sala Penal de la Corte. El 21 de agosto, la Cámara de Apela­ción, integrada por los cama­ristas María Belén Agüero, Digno Arnaldo Fleitas y Gus­tavo Aguade, confirmó la com­petencia de la magistrada Cyn­thia Lovera tras estar casi cinco meses trabado el proceso penal. Sin embargo, el 2 de setiem­bre, el abogado Emilio Fúster, defensor de Arnaldo Giuzzio, volvió a paralizar el proceso, al presentar una apelación gene­ral contra la resolución del Tri­bunal de Apelación que con­firmó a la jueza Lovera.

El 6 de noviembre, la Sala Penal de la Corte declaró inadmisible la apelación y confirmó la com­petencia de la jueza en el pro­ceso penal. No obstante, para evitar que el proceso pueda seguir su curso, la defensa del imputado Daniel Alberto Farías solicitó la nulidad de la resolu­ción del Tribunal de Apelación que hizo lugar al pedido de pró­rroga de la Fiscalía para que pueda investigar hasta el 11 de marzo de 2025. Ahora los inte­grantes de la máxima instancia judicial tendrán que resolver la nueva chicana para que luego pueda bajar el expediente judi­cial al Juzgado Penal de Garan­tías, que deberá fijar la fecha de audiencia de imposición de medidas y a su vez estudiar la decena de chicanas que siguen pendientes de resolución.