El Ministerio del Interior, en conjunto con la Fiscalía, investigará a través de imágenes de circuitos cerrados si existió o no la presencia de grupos antagónicos que accionaron de manera violenta, con el objetivo de desvirtuar la movilización pacífica que la ciudadanía convocó para exigir el cese de la corrupción y que finalmente acabó en una batalla campal entre las fuerzas del orden y supuestos infiltrados.
Arnaldo Giuzzio, ministro del Interior, atribuye el desborde de la situación a personas innominadas que fueron pagadas para ocasionar destrozos y violencia entre los manifestantes, y defendió el accionar represiva de la policía afirmando que solo obraron con firmeza con el único objetivo de preservar el orden.
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“En todo momento la Policía tenía como dirección y recomendación no utilizar la fuerza. Ningún policía portaba arma letal, sí presentaron firmeza en su actuación, por eso la actuación inicial era importante y no ceder como en aquella ocasión del 2017, en esta ocasión se obró oportunamente con esas personas que lamentablemente no formaban parte de los manifestantes”, indicó Giuzzio, al ser consultado por qué la policía reprimió a los manifestantes.
Aseguró que este grupo antagónico era un bloque que estaba saltando entre los manifestantes y todos creían que eran manifestantes que estaban expresando su posición con cierta algarabía, pero con los primeros actos de violencia se notó que el panorama cambió de forma sistemática y abrupta.
“Eso demuestra que esto estaba planeado y que pertenecía a grupos financiados con otra intención y eso va ser parte de una investigación. Vamos a ir investigando, vamos a rever todas las imágenes, hay personas conocidas por los policías que pueden ser identificadas perfectamente. No se descarta que estos grupos formen parte de barras bravas, pero hay varias conjeturas al respecto, hasta se habla de personas que vinieron del exterior, personas que pertenecían a grupos más violentos, más extremistas y también se habla obviamente de barras bravas”, señaló el ministro respecto a los pagados para desvirtuar la fiesta cívica.
Policías avasallados retrocedieron
Giuzzio asegura que la policía hizo el esfuerzo de restaurar el orden en la medida en que se podía porque se generaba una acción violenta por parte de los manifestantes que en ningún momento depusieron su accionar, sino al contrario.
“La policía no destruyó absolutamente nada, no quemó edificios, no destruyó vehículos. Esto fue parte de actos vandálicos que estoy seguro no fueron hechos por los manifestantes, sino por personas incorporadas dentro, pero con finalidad diferente”, añadió.
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Policía Municipal de Yaguarón: ministro del Interior adelanta que se recurrirá al diálogo con intendente
El ministro del Interior, Enrique Riera, habló sobre la instalación de un grupo de policías municipales en el distrito de Yaguarón, Paraguarí, que está generando reacciones encontradas. Riera explicó que la única fuerza pública habilitada constitucionalmente es la Policía Nacional.
Adelantó que convocarán al intendente de Yaguarón, Luis Rodríguez, para conversar y aclarar en qué condiciones fue instalada la Policía Municipal, y también aclarar las limitaciones de la misma.
“Con este precedente, para que no se repita en todos los municipios, y para que no tengamos un conflicto innecesario, vamos a elaborar un dictamen sólido, que se está preparando. Vamos a convocar al intendente o, nos iremos a hablar con él allá y encontraremos la forma de resolver el problema y limitar sus funciones dentro del marco de la Constitución y las leyes, con mucho respeto”, dijo en entrevista para el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El dictamen que está siendo elaborado por el Ministerio del Interior será presentado a la propia intendencia, solicitando y explicando los límites que tienen las competencias municipales en relación al tema de la seguridad.
Sin embargo, si no se llega a un acuerdo con la intendencia, Riera adelantó que se podría recurrir a la justicia. “Esa es la última carta, yo creo que hay que agotar el diálogo y si finalmente no se entienden razones, recurrir a la justicia, porque no se puede hacer justicia con manos propias”, aseveró.
Límites de la policía municipal
El ministro sostuvo que existe una sola policía nacional, y es la única que tiene el monopolio de las fuerzas públicas, y que tiene la aplicación y la posibilidad como auxiliar de la justicia de hacer desalojos, aprehensiones y detenciones. Mientras que la policía municipal tiene sus limitaciones.
“Las policías municipales tienen sus límites, tienen competencia en tránsito, tienen competencias muchas veces, pero a través de inspectores no de policías, de establecer cumplimiento de ordenanzas, pero de ahí a que estén armados, con cara cubierta y cumpliendo funciones propias hay una superposición con la función de la Policía Nacional”, aclaró.
Otras alternativas para la seguridad
Por otra parte, Riera indicó que probablemente la decisión del intendente fue en buena fe, sin embargo, existen otras alternativas para que la intendencia pueda coadyuvar en el ámbito de la seguridad ciudadana.
“En el caso de la intendencia hay un trabajo en otros casos de mucha colaboración, porque seguridad en su amplio espectro es muchas veces, iluminar una plaza, generar actividades culturales, deportivas, generar actividades lúdicas, encontrar la fórmula de construir para apoyar a la Policía casetas, instalación de cámaras. Hay muchas cosas que podamos hacer conjuntamente”, sentenció.
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Mario Abdo y su entorno siguen evitando afrontar la Justicia
El expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varias personas de su entorno cercano siguen evitando someterse a la Justicia por las diversas irregularidades cometidas durante su gobierno. Esta semana, por ejemplo, debía arrancar el juicio al exministro Arnaldo Giuzzio, quien fue beneficiado con una nueva suspensión.
- Unidad de Investigación Nación Media
Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública. Varios de ellos siguen evitando sus procesos judiciales gracias a artimañas varias. El mismo Abdo Benítez, procesado, lleva varios meses paralizando el proceso que pesa en su contra por filtraciones de secretos a punta de chicanas.
GIUZZIO, EL ÚLTIMO BENEFICIADO
El exministro todopoderoso del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, tuvo tres meses más antes de afrontar el juicio por sus vínculos con el capo mafioso brasileño Espíndola Marqués. Las audiencias del juicio oral y público debían iniciarse el pasado 1 de julio; sin embargo, fueron postergadas y deben iniciar el próximo18 de noviembre.
Pese a los tres meses de gracia que recibió, ayer lunes saltó a la luz que el Tribunal de Sentencia que debe entender en la causa de Giuzzio postergó por tercera vez el inicio de las audiencias de juicio.
El exministro todopoderoso de Abdo fue acusado por la supuesta comisión de cohecho pasivo agravado en carácter de autor. El narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua llegó incluso a visitar al ex superministro abdista Arnaldo Giuzzio en su domicilio particular, según documentos que constan en poder de la Fiscalía. El capo mafioso le prestó vehículos y realizó trabajos como “cortesía”. En días más, el otrora hombre fuerte del Ejecutivo afrontará juicio.
LO QUE DICE LA CARPETA FISCAL
Comunicaciones continuas, préstamos de un vehículo para vacacionar, trabajos de cortesía y hasta visitas a su domicilio particular. La investigación del Ministerio Público revela una muy cercana relación entre Arnaldo Giuzzio, exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo, y el supuesto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
De acuerdo con los documentos que constan en la acusación presentada contra Giuzzio por la Fiscalía, el entonces ministro comenzó a mantener comunicaciones con el narco brasileño en julio de 2021. Según las investigaciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camioneta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.
LA ÚNICA CONDENADA… HASTA AHORA
Como ya señalamos líneas más arriba, Giuzzio no es el único del entorno cercano del expresidente Abdo con cuentas pendientes en la Justicia. Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del período anterior están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública.
Patricia Samudio, extitular de Petropar, se convirtió en abril pasado en la primera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expresidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión. De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deudas de su marido, el también condenado Costa Perdomo.
OTRO AMIGO DE NARCOS
Joaquín Roa Burgos, exministro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante. Fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY.
En noviembre pasado, la Fiscalía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudicado millonarias licitaciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de beneficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional”.
ABDO, ARREGUI, FERNÁNDEZ, GIUZZIO Y ESPÍNOLA
La Fiscalía imputó al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secretaría Anticorrupción René Fernández y a otras personas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros.
La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (Art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (Art. 318 del CP), denuncia falsa (Art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y asociación criminal.
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Mario Abdo y su entorno siguen evadiendo a la Justicia
Unidad de Investigación Nación Media
El expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varias personas de su entorno cercano siguen evitando someterse a la Justicia por las diversas irregularidades cometidas durante su gobierno. Esta semana, por ejemplo, debía arrancar el juicio al exministro Arnaldo Giuzzio, quien fue beneficiado con una nueva suspensión.
Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública. Varios de ellos siguen evitando sus procesos judiciales gracias a artimañas varias. El mismo Abdo Benítez, procesado, lleva varios meses paralizando el proceso que pesa en su contra por filtraciones de secretos a punta de chicanas.
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Giuzzio, el último beneficiado
El exministro todopoderoso del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, tuvo tres meses más antes de afrontar el juicio por sus vínculos con el capo mafioso brasileño Espíndola Marqués. Las audiencias del juicio oral y público debían iniciarse el pasado 1 de julio, sin embargo, fueron postergadas y debían iniciar este martes 22 de octubre.
Pese a los tres meses de gracia que recibió, este lunes saltó a la luz que el Tribunal de Sentencia que debe entender en la causa de Giuzzio, postergó por tercera vez el inicio de las audiencias de juicio.
El exministro todopoderoso de Abdo fue acusado por la supuesta comisión de cohecho pasivo agravado en carácter de autor. El narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua llegó incluso a visitar al ex superministro abdista Arnaldo Giuzzio en su domicilio particular, según documentos que constan en poder de la Fiscalía. El capo mafioso le prestó vehículos y realizó trabajos como “cortesía”. En días más, el otrora hombre fuerte del Ejecutivo afrontará juicio.
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Lo que dice la carpeta fiscal
Comunicaciones continuas, préstamos de un vehículo para vacacionar, trabajos de cortesía y hasta visitas a su domicilio particular. La investigación del Ministerio Público revela una muy cercana relación entre Arnaldo Giuzzio, exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo, y el supuesto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
De acuerdo con los documentos que constan en la acusación presentada contra Giuzzio por la Fiscalía, el entonces ministro comenzó a mantener comunicaciones con el narco brasileño en julio de 2021.
Según las investigaciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camioneta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.
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La única condenada… hasta ahora
Como ya señalamos líneas más arriba, Giuzzio no es el único del entorno cercano del expresidente Abdo con cuentas pendientes en la justicia. Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del período anterior están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública.
Patricia Samudio, extitular de Petropar, se convirtió en abril pasado en la primera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expresidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión.
De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deudas de su marido, el también condenado Costa Perdomo.
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Otro amigo de narcos
Joaquín Roa Burgos, exministro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante. Fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY.
En noviembre pasado, la Fiscalía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudicado millonarias licitaciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de beneficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional”.
Abdo, Arregui, Fernández, Giuzzio y Espínola
La Fiscalía imputó al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secretaría Anticorrupción René Fernández y a otras personas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros.
La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denuncia falsa (art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (art. 241 del CP) y asociación criminal.
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Riera anuncia inversión histórica de USD 192 millones en el presupuesto de la Policía Nacional
El ministro del Interior, Enrique Riera, destacó la inversión histórica que hará el Gobierno para la Policía Nacional, cuyo presupuesto pasará de USD 400 millones a USD 592 millones, además de USD 92 millones adicionales para la compra de equipos de comunicación, patrulleras y motocicletas.
“Estamos trabajando mucho para devolverle a la Policía el prestigio, los beneficios sociales, que tengan mejor formación, mejor futuro y obviamente, más equipamiento”, dijo durante su visita a Caazapá, donde fueron habilitadas mejoras en la infraestructura policial de la ciudad.
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El aumento en el presupuesto de la Policía Nacional será para dar cabida a los 5.000 nuevos agentes que se espera, egresen en el mes de diciembre, y para el cumplimiento de las disposiciones en la reforma de la carta orgánica de la institución.
Además, informó que la Itaipú Binacional apoyará con USD 92 millones por tres años para el equipamiento de los agentes: chalecos, cámaras corporales, patrulleras, motocicletas, entre otros. Destacó que desde el inicio de la actual administración se llevaron adelante medidas para fortalecer la labor de la Policía.
Mencionó que se triplicó el número de agentes del Grupo Lince, se tomaron medidas para aumentar el número de efectivos policiales y se cumplirán con las medidas de la nueva ley de la Policía, que introduce beneficios sociales para sus miembros y garantías para una carrera profesional dentro de la institución.
El ministro participó este jueves de la presentación del plan estratégico de seguridad del Gobierno, un documento que detalla medidas para un trabajo coordinado entre los estamentos del Estado para garantizar la protección del Estado y la seguridad ciudadana.