La Justicia admitió un recurso de amparo este lunes presentado por la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y la Unión Nacional de Educadores (UNE), que aglutinan a 50 mil docentes, para no iniciar las clases presenciales esta semana en todo el territorio nacional. Sostienen que no existen las condiciones para garantizar la vida de los profesores y de los alumnos.
Eso fue lo manifestado por Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), en conversación telefónica con La Nación. “A la 1 de la madrugada de este lunes presentamos y la jueza ya admitió. Se le corrió traslado al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el cual –una vez notificado– tiene tres días para responder las argumentaciones presentadas para luego ser sustanciada la cuestión”, declaró.
El representante gremial manifestó que esto es un procedimiento de carácter urgente, por lo que consideró que para el próximo fin de semana ya se conocerá el fallo final de la Justicia. Aclaró en ese sentido que solo se oponen a la presencialidad de las clases, recordando que propusieron la realización total de las clases virtuales hasta que se pongan en condiciones las instituciones educativas, se tengan las vacunas contra el COVID-19 y se pueda garantizar realmente la vida de los docentes y de los alumnos.
“Con este amparo, el docente prácticamente no está obligado a asistir a las clases presenciales. Debe hacerlo de forma virtual y eso es lo importante. Con esta admisión del recurso el docente ya está resguardado en el sentido de que si hace las clases virtuales y se conecta con sus alumnos, ya no está obligado a la presencialidad durante este periodo”, sostuvo Piris.
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El titular de la FEP resaltó que llevan adelante esta acción en conjunto con la Unión Nacional de Educadores (UNE) y estimó que la medida adoptada tendría un nivel de acatamiento del 70% a nivel general. “Nosotros tenemos 30 mil docentes agremiados y la UNE tiene 20 mil. Somos más de 50 mil de los 65 mil del sistema que estamos en esta posición”, afirmó.
Por otra parte, Piris remarcó que tomaron esta decisión de recurrir a la Justicia tras hablar con miles de docentes y directores de escuelas de varias zonas del país, cuyas instituciones educativas aparecen en el listado del Ministerio de Educación como supuestamente aptas para el retorno seguro a las aulas de los chicos, siendo la realidad muy diferente.
“No es que el docente se niega a trabajar en clases presenciales. La cuestión es que tuvimos la sorpresa de que encontramos un porcentaje muy elevado, luego de hablar con docentes y directores, de que no se tienen las condiciones para iniciar las clases presenciales. No se hizo ningún procedimiento ni análisis de la Unidad de Gestión de Riesgos del MEC de estas instituciones y finalmente aparecen como habilitadas en el listado”, culminó.