En el marco de la presentación del informe de “Perspectivas Económicas para Las Américas (REO)”, que se realizó en sede del Banco Central del Paraguay, el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó que si bien la economía paraguaya crece a un ritmo superior al promedio regional, también se enfrenta a la desaceleración, por lo que es crucial la adopción de reformas para fortalecer las finanzas públicas y normalizar la política monetaria, reforzando así la resiliencia macroeconómica.

De acuerdo con el informe, se prevé que el crecimiento en América Latina se modere de 2,6 % en 2023 y 2024 a 2,2 % en 2025 ante un contexto de brechas del producto interno bruto (PIB) en su mayoría cerradas, con la mayoría de los países de la región convergiendo hacia su (débil) crecimiento potencial y los niveles de inflación cerca de las metas. Paraguay resalta en el grupo de las principales economías de la región (AL7), con proyecciones de crecimiento económico de 4 % tanto para 2024 como 2025.

“Paraguay es distinto, también se enfrenta a esta desaceleración, pero tiene esta velocidad más alta que el resto de AL7, que de igual forma podría estar más acelerada. En el conjunto, lo hacemos bastante peor que el mundo emergente de Asia o Europa. Lo que habla de un problema de crecimiento a largo plazo.”, enfatizó Rodrigo Valdez, economista y director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, quien fue el encargado de presentar el informe.

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Atendiendo que las brechas del PIB se han cerrado en su mayor parte y que los niveles de inflación están cerca de las metas, según el informe del FMI, la atención de las autoridades debería moverse de políticas cíclicas para enfrentar los “socks” hacia políticas estructurales destinadas a elevar el crecimiento potencial, que deberían enfocarse en todos los factores que impulsan esta expansión, desde capital hasta mano de obra y el aumento de la productividad.

“Con la inflación cerca de la meta y el producto interno bruto cerca de su potencial, la economía está relativamente ordenada. Lo fiscal aún no converge hasta donde debería, pese a que hay países más adelantados como Paraguay. Se debe encarar un rebalanceo de las políticas, que lleva a lo fiscal. Es necesario continuar los ajustes e implementar los planes pendientes. La deuda pública aún no está estabilizada”, hizo hincapié Valdez.

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Según el FMI, recalibrar la combinación de políticas para fortalecer las finanzas públicas y la normalizar de la política monetaria contribuiría a reconstruir los márgenes de maniobra y a reforzar la resiliencia macroeconómica.

Entre las principales recomendaciones que dejó el informe de “Perspectivas Económicas para Las Américas (REO)” para Paraguay, se destaca la necesidad de reformar las políticas fiscales e introducir otras institucionales para mejorar la eficiencia de la recaudación de impuestos, al igual que reforzar la gestión de la inversión pública en el clima y las políticas de protección del empleo.

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Este lunes 4 de noviembre se llevó a cabo el IV Foro Inmobiliario Paraguay, organizado por la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei). Durante el evento se presentaron datos de un estudio de expectativas de vivienda e inversión de personas residentes en Asunción y Gran Asunción, al igual que un estudio del sector corporativo.

El encargado de brindar los datos fue Diego Aguayo, director de Metro Media, empresa que realizó la encuesta. Fueron entrevistadas 600 personas. El 55 % de los jefes de hogar son hombres y el 45 % mujeres, con ingresos mínimos de G. 6 millones e ingresos familiares de hasta G. 30 millones. El 47 % de esta muestra fue en Asunción y el 53 % en Gran Asunción.

Sobre qué tipo de vivienda ocupan, el 71 % respondió que vive en casas tradicionales, el 24 % en departamentos o en edificios de altura, y 4 % en dúplex. En cuanto al tipo de posesión de su vivienda, el 39 % declaró vivir en viviendas alquiladas, el 28 % en casas propias y el 33 % en casas familiares.

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El 39 % que dice vivir en alquiler está pagando un promedio de G. 2 millones, el 48 % hasta G. 5 millones y un 6 % de G. 5 millones en adelante. Respecto a la adquisición de las viviendas, el 55 % la compró, el 45 % la recibió por herencia, del grupo del 55c% que compraron estas viviendas, el 57 % la compró de forma de contado y el 43 % con un crédito.

El informe también arrojó que entre las principales barreras para acceder a una financiación de vivienda, los encuestados respondieron que un 79 % es por la burocracia, el 72 % por los intereses altos y el 52 % por los requisitos excesivos. De todas las ciudades que fueron expuestas en las encuestas el 83 % prefiere vivir en Asunción, el 24 % en Luque, el 21 % en San Lorenzo y el 19 en Fernando de la Mora.

Para esta ficha técnica fueron entrevistadas 240 empresas de distintas industrias y tamaños que tienen una oficina con la intención de mudarse ante una oferta que llene sus expectativas y posibilidades de pago, en Asunción y Gran Asunción.

En promedio, 6 empleados ocupan estas oficinas, donde el 50 % tiene hasta 8 empleados. En cuanto al tipo de oficina que ocupan el 41 % está en una oficina en edificio corporativo, el 33 % está en casas de una planta y el 24 % en salones comerciales. El 80 % de ellos pagan hasta G. 6 millones por alquiler, el 12 % entre G. 6 y 12 millones y un 2 % paga de G. 12 a 18 millones.

Sobre las ubicaciones de interés para una próxima oficina, el 95 % prefiere instalarse en Asunción y la zona comercial es el lugar ideal para migrar a la próxima oficina. Seguido de la capital, las respuestas ponen como preferidas a San Lorenzo, Ñemby y Fernando de la Mora.

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En Asunción habitan 462.000 personas y el promedio de personas por vivienda es de 3,6. Hay 129.806 en total, en 68 barrios. “Si bien nosotros tuvimos una muestra de 14 barrios Asunción y dos de Luque, estamos hablando de 70 mil departamentos más o menos en esta área geográfica, entonces, la cantidad de viviendas representadas en el estudio definitivamente es muy importante”, precisó Diego Aguayo.

El Vaticano publicó este martes su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, en el que pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos sexuales y mejorar el acompañamiento de las víctimas.

La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, órgano consultivo creado en 2014 por Francisco, debe en principio presentar cada año un informe sobre el tema. Presentado como una “primera etapa”, este esperado informe “documenta los riesgos que sigue habiendo y los avances que se pueden hacer en los esfuerzos de la Iglesia para proteger a los niños y a los adultos vulnerables”, indicó la Comisión el viernes.

En abril de 2022, el papa, al frente de una comunidad de 1.400 millones de católicos, pidió un informe a esta comisión para tener información “fiable de lo que ocurre y de lo que debe cambiar”. Los miembros de la comisión, nombrados directamente por el papa, son expertos religiosos y laicos en diversos ámbitos relacionados con la protección de las personas, como la educación, el derecho, la psicología, la psiquiatría o los Derechos Humanos.

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La instancia fue integrada en 2022 en la Curia, pero ha sido objeto de duras críticas. “Verdad, justicia, reparaciones y reformas institucionales deben servir como punto de referencia y fundamento de nuestro trabajo”, indicó en el informe el presidente de la comisión, el cardenal Sean O’Malley.

Tras consultar a líderes religiosos y fieles en varios continentes, la comisión constató que la máxima prioridad es la exigencia de las víctimas de acceder a “la verdad”. La Iglesia debe “estudiar medidas que garanticen a todos el derecho a la información”, en particular “sobre las circunstancias y responsabilidades”, indicó el órgano.

La víctima necesita saber, por ejemplo, qué ha sido de su agresor, si no se lo va a encontrar en su parroquia local, en misa o en clases de catequesis. Para ello, la comisión sugiere crear una suerte de defensor del pueblo. También propone crear una “definición más uniforme de la vulnerabilidad” extrayendo enseñanzas de los testimonios de las víctimas.

En el marco de las auditorías, una de las víctimas se mostró sorprendida de que “la parte menos extenuante de todo el proceso fuera la agresión”. “Lo realmente terrible es cuando te atreves a denunciar, momento en el que el mundo empieza a derrumbarse sobre ti”, lamentó.

La comisión también considera necesario agilizar “los procedimientos de destitución” de los responsables eclesiásticos acusados en casos de pedocriminalidad. El informe indica que el proceso debe realizarse “cuando esté justificado”, pero no precisa si tiene que abrirse en caso de sospechas y denuncias o al final de un proceso judicial, sea canónico o civil.

Todos estos esfuerzos, resaltó la comisión, con importantes disparidades en las percepciones culturales dentro de las sociedades y dentro de la propia institución, obstáculos administrativos y falta de formación. En África, por ejemplo, la comisión constató que “la cultura de la protección es un concepto nuevo”, que requiere “sensibilización, información, formación y desarrollo de competencias”.

En México, en cambio, “importantes barreras culturales” se interponen al imperativo de denunciar la violencia sexual y, por tanto, “constituyen un claro obstáculo al proceso de justicia”. Desde que fue nombrado en 2013, Francisco ha impulsado varias medidas contra la lacra de las violencias sexuales.

Entre ellas la eliminación del secreto pontificio, obligación de comunicar cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, cualquier intento de tapar un incidente por parte de la jerarquía, enmienda de las sanciones penales.

Pero las asociaciones de víctimas consideran que las acciones emprendidas siguen siendo insuficientes, y critican que el clero no esté obligado a denunciar eventuales delitos ante la justicia civil, salvo si las leyes del país así lo estipulan. En cualquier caso, el secreto de confesión sigue siendo total.

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“Se debe poner en marcha una verdadera tolerancia cero en todo el mundo”, dijo en abril a AFP Anne Barret Doyle, codirectora de la oenegé estadounidense Bishop Accountability, que documenta casos de violencia sexual dentro de la Iglesia. Según ella, cualquier cura “acusado de forma creíble de haber agredido a un niño o a un adulto debe ser excluido definitivamente del ministerio público”.

Otra prioridad sería, afirma, “publicar los nombres y los detalles de los casos de sacerdotes que la Comisión juzgue culpables de agresión sexual”. “La responsabilidad empieza por divulgar la información”, agregó, considerando que “el papa Francisco demostró una aversión total por la transparencia”.

Fuente: AFP

El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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