Aduanas condena nuevamente a Imedic con una sanción de más de G. 5.700 millones
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La empresa Imedic fue nuevamente condenada por Aduanas al ser encontrada culpable de defraudación y contrabando en el caso de importación de camas e insumos hospitalarios, y fue sancionada a pagar algo más de G. 2.100 millones por defraudación, por subfacturar el flete aéreo, y G. 3.636 millones por el ingreso de contrabando de 50 camas hospitalarias. La sanción está firme en sede administrativa, pero es apelable ante la justicia ordinaria.
El juez de segunda instancia, director nacional de Aduanas, Julio Fernández Frutos, en su fallo declaró culpable de defraudación y contrabando a Imedic, y por las dos infracciones aduaneras sancionó a la empresa al pago de algo más de G. 5.817 millones en concepto de tributos y multas.
Sin embargo, la actual administración de Aduanas ya había sancionado el año pasado a Imedic por irregularidades cometidas en la importación de medicamentos de India y China (caso 1). En aquella ocasión, la sanción fue de G. 5.459 millones sumando tributos y multas.
En pocos meses, la empresa importadora fue sancionada por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) a pagar la suma total de algo más de G. 11.275 millones, por los dos casos, en concepto de tributos evadidos y multas. Los fallos de Aduanas son apelables ante la justicia ordinaria y de hecho la empresa Imedic ya apeló la sentencia sobre el caso 1, el de la importación de medicamentos de India y China.
El director nacional de aduanas, Julio Fernández Frutos, juez de segunda instancia en el caso importación de camas e insumos médicos, estableció además sanciones a sus representantes legales, Patricia Beatriz Ferreira Pascottini, Nidia Godoy Ojeda, Noelia Margarita Barriocanal y Eusebio Retamozo.
Los sancionados no podrán operar por una año como personas vinculadas a la actividad aduanera en el comercio internacional. Además, la Dirección Nacional dispuso que se comunique de inmediato al Ministerio Público, considerando que el contrabando es también un hecho punible de acción penal pública.
Hasta hoy continúan las consecuencias de la campaña presidencial del 2022 entre Lula y Bolsonaro. El contenido denunciado por este lo tildaba de “incompetente”, “mentiroso” e “inhumano”, e incluía imágenes del expresidente con expresiones polémicas.
Multan a Lula con USD 50.000 por realizar propaganda negativa contra Bolsonaro
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El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil impuso una multa de 250.000 reales (unos USD 50.000) a la coalición del presidente Luiz Inácio Lula da Silva por impulsar “propaganda electoral negativa” contra su rival Jair Bolsonaro durante la campaña presidencial de 2022.
“El TSE, por unanimidad, juzgó procedente la presentación de la Coalición pelo Brasil y Jair Bolsonaro contra la Coalición Brasil de la Esperanza y Luiz Inácio Lula da Silva, por incentivar la difusión de propaganda electoral negativa en internet”, dice la resolución con fecha del 26 de abril, enviada este martes a la AFP.
El fallo de la autoridad electoral incluye el pago “de una multa de R$ 250 mil” por parte de los denunciados, y determinó que “se abstengan de impulsar” los posteos que fueron objeto de la acción.
La coalición de Bolsonaro denunció que el bando de Lula hubiera promovido un video que a su entender violaba las normas del TSE.
El tribunal brasileño permite promover las candidaturas con contenidos proselitistas para conquistar votos, pero prohíbe divulgar contenidos negativos contra adversarios.
El contenido denunciado tildaba al ultraderechista de “incompetente”, “mentiroso” e “inhumano”, e incluía imágenes del expresidente con expresiones polémicas.
Por ejemplo, al minimizar el covid o decir que “es una gran mentira” que se pase hambre en Brasil, un país donde casi 64,2 millones de personas sufren inseguridad alimentaria, según datos oficiales.
La campaña se caracterizó por el fuego cruzado y la difusión de noticias falsas de ambos lados.
El entonces presidente Bolsonaro, en desventaja en las encuestas, incluso cuestionó sin pruebas la solidez del sistema electoral y anticipó un fraude.
Por desinformar sobre el sistema de votación, el ultraderechista fue inhabilitado en 2023 por un periodo de ocho años.
El senador colorado Basilio Núñez indicó que es de vital importancia que las comisiones de la Cámara Alta avancen en el estudio de dicha iniciativa. Foto: Archivo
Sanción de ley contra nepotismo debería darse en mayo, dice Núñez
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El senador Basilio Núñez informó que ha iniciado conversaciones con sus colegas de otras bancadas para dar tratamiento al proyecto de ley contra nepotismo que ya cuenta con media sanción por parte de Diputados. El legislador indicó que es de vital importancia que las comisiones de la Cámara Alta avancen en el estudio de dicha iniciativa.
“El tratamiento no debería pasar mayo, ya estamos llegando este mes, entonces las comisiones se deben mover”, manifestó el líder de la bancada de Honor Colorado en conversación con varios medios de prensa. Al respecto, mencionó que planteó propuestas a sus pares a modo de avanzar en una legislación que es necesaria para sancionar el nepotismo y sobre el cual existen tres proyectos.
“Estaba comentando con el senador Eduardo Nakayama de aprovechar que ya hay una media sanción de Diputados, entonces podemos ver con los colegas y hacer la modificación respectiva si es necesaria y si estamos de acuerdo, damos media sanción con modificaciones, eso vuelve a Diputados, ahí ellos vuelven a aprobar y así la ley ya es enviada al presidente de la República”, explicó.
Expulsión a Vallejo
Asimismo, Núñez afirmó que no corresponde el planteamiento de pérdida de investidura para la diputada Rocío Vallejo, cuya hija se encuentra como comisionada en la misión paraguaya ante la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos.
“No corresponde la pérdida de investidura en este caso de la diputada Rocío Vallejo teniendo en cuenta nuestra legislación. No es tráfico de influencias, no corresponde la de Rocío ni la de otros de acuerdo a nuestra legislación actual, amenazar a cualquier parlamentario con el ‘cháke’ con una ley que no establece eso sería totalmente fuera de lugar. No va a pasar”, aseveró.
No obstante, el senador mencionó que el tráfico de influencia y los casos de nepotismo son hechos que trascienden al Partido Colorado dado que hubo denuncias de dichos hechos en diferentes organizaciones políticas, por lo cual el Congreso tiene la obligación de establecer una legislación que sancione y tipifique estos actos.
Imedic: juicio oral sigue este viernes con declaración de testigos
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Este viernes prosigue el juicio oral y público para la titular de la firma Imedic SA, Patricia Ferreira, enjuiciada por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país.
Para la tercera jornada de la audiencia oral, se tiene previsto que declaren cuatro testigos más propuestos por el Ministerio Público. Hasta el momento ya declararon dos testigos en el juicio oral.
El Tribunal de Sentencia que juzga este caso está integrado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsense; mientras que los fiscales son Néstor Coronel y Luz Guerrero.
Además de Ferreira, también están siendo juzgados Nidia Godoy, directora de Imedic SA, y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registró durante la pandemia del covid-19. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.
Condena a Justo Ferreira
El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.
En la propia Seprelad funcionaba la oficina paralela montada para fraguar y filtrar información con el fin de perseguir enemigos políticos del abdismo.FOTO: ARCHIVO
Documento fraguado en oficina paralela, enviado a EE. UU. para provocar sanción
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La causa penal abierta contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores contiene detalles de cómo se gestó un esquema paralelo, con el único fin de perseguir a los enemigos políticos. La asociación criminal, encabezada por Abdo y montada desde la Seprelad, se encargó de enviar a EE. UU. un informe fraguado con el objetivo de provocar sanciones contra Cartes y sus empresas.
Por Cinthia Mora
El acta de imputación firmada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grissetti revela un esquema de asociación criminal liderado por Abdo Benítez y ejecutado por miembros de su gabinete y otros funcionarios públicos. El documento fiscal sostiene, con un cúmulo importante de evidencias, 42 en total, que el engranaje funcionaba en una oficina paralela ubicada dentro mismo de la Seprelad.
En la improvisada dependencia fue ubicado un personaje clave de la historia: Daniel Farías Kronawetter, funcionario que no pertenecía a la Seprelad, es más, se desempeñaba como asesor de inteligencia financiera del Ministerio del Interior (hasta junio de 2022) y respondía directamente a las órdenes de Carlos Arregui, Carmen Pereira, René Fernández y Arnaldo Giuzzio, estos eran quienes operaban el esquema de garrote político.
La pesquisa del Ministerio Público afirma, con base en elementos de prueba innegables, que la base del Informe de Inteligencia utilizado contra Cartes y sus empresas (10/2022) y luego enviado a EE. UU. fue elaborado utilizando como base el documento secreto redactado en esa oficina paralela por Daniel Farías Kronawetter y René Fernández, ambos funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal para realizar tales funciones.
Entre las evidencias que sustentan la tesis de la Fiscalía aparecen dos correos electrónicos enviados por Carmen Pereira, secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico. El primer correo fue enviado por Pereira en fecha 28 de marzo de 2022, dando instrucciones al funcionario Francisco Pereira Cohene para que el documento secreto sea utilizado como base para el informe de inteligencia que sería luego remitido al Ministerio Público y a EE. UU.
Con esta estrategia, los cerebros de la operación daban la fachada de “institucional” a un operativo de investigación ejecutado por personas que no pertenecían a la Seprelad y por fuera de lo que establece la ley.
El acta de imputación donde los fiscales Cantero y Grisetti afirman que dentro del informe de inteligencia se incorporaron hechos contra Cartes y sus empresas que son informaciones falsas y tergiversadas, como la compra de cigarrillos por Unicanal
INFORMACIÓN FALSA
El otro correo electrónico que, según la Fiscalía, incrimina a la exviceministra Carmen Pereira fue enviado el 31 de marzo de 2022 a las 8:58. Aquí la misma daba expresas instrucciones para que el archivo secreto (elaborado por Farías y Fernández) sea remitido en carácter de información espontánea a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE. UU. (FinCen).
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registrados los metadatos (huellas digitales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir que el documento fue redactado por Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.
Los fiscales Cantero y Grissetti sostienen que en el documento enviado a FinCen, la agencia de prevención de lavado de dinero de EE. UU., se incluyeron datos y juicios de valor que no se adecuarían a la realidad, esto es, informaciones falsas tendientes a lograr la persecución penal del expresidente Horacio Cartes.
En tal sentido, en el acta de imputación se sostiene lo siguiente: “En tal sentido, CARMEN MARÍA PEREIRA BOGADO, GUILLERMO PREDA GALEANO y FRANCISCO PEREIRA COHENE, bajo la dirección de CARLOS ARREGUI ROMERO, habrían incluido información sobre la firma Unicanal SA atribuyéndole la compra de cigarrillos de Tabacalera del Este. Sin embargo, la circunstancia apuntada en el informe de inteligencia no se adecuaría a la realidad ya que Unicanal SA no adquirió cigarrillos, sino que, conforme a las facturas emitidas por Tabesa, recibió préstamos de dinero. Por lo tanto, la actividad comercial entre ambas firmas no estuvo vinculada a las ventas de cigarrillos como se afirmará en el informe de inteligencia”.
Esta fecha es clave, 1 de abril de 2022, tres meses antes de las designaciones, la Seprelad remite a FinCEN (oficina del Tesoro de EE. UU.) copia del “informe espontáneo” generado por la institución con informaciones parciales y fraguadas
PERSEGUIR Y PROVOCAR SANCIONES
La remisión por parte de la Seprelad de un informe elaborado por fuera de la ley y con datos falsos y tergiversados a una agencia norteamericana sin que exista pedido previo por parte de esta es un hecho agregado a la investigación fiscal y sustentado con evidencias colectadas durante la investigación.
El informe enviado a EE. UU. contiene de base, según los fiscales, el documento secreto hecho por Farías y Fernández. Esta “colaboración espontánea” quedó registrada en los archivos de Seprelad y fue descubierta por los fiscales del caso.
Las normas de procedimiento interno de la Seprelad estipulan de forma taxativa que el “contenido de los informes de inteligencia no puede ser utilizado como elemento probatorio en algún procedimiento administrativo o judicial ni como material de evidencia ante los órganos jurisdiccionales dentro de un eventual juicio o en cualquier otra etapa de un debido proceso”. Este informe remitido a EE. UU. posee el agravante de haberse hecho completamente por fuera de la ley.