El Ministerio de Salud ratifica que garantiza el suministro de medicamentos e insumos para los pacientes con atrofia muscular espinal (AME). El viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, José Ortellado asegura que todos los pedidos fueron cubiertos con recursos del Fonares.

“La enfermedad del AME por ley del Fonares está cubierta, entonces el proceso se inicia en el consultorio que el médico especialista evalúa y diagnostica ese cuadro. Una vez diagnosticado ese cuadro en el Hospital Acosta Ñú, centro de referencia de esa patología y donde está el equipo multidisciplinario para la atención de esta enfermedad, se realiza el pedido”, señaló al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El médico explicó que el propio director del Hospital Acosta Ñú es el encargado de habilitar un legajo y solicitar la medicación al Ministerio de Salud Pública. Se acreditan documentos de los pacientes tales como el diagnóstico, atención y una evaluación del servicio social.

“Lo deriva a la secretaría del Fonares y previamente evaluado por la comisión técnica médica que realiza el dictamen. Lo eleva ese documento al Consejo de Fonares formado por cuatro instituciones”, mencionó.

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Siguió refiriendo que una vez que el Consejo reciba ese documento, lo evalúa, autoriza la compra de fármacos, a resultas de los dictámenes previos de la parte médica y del área social.

“Se eleva eso a la parte de gerencia o a la administración y la administración hace el llamado y la compra de esos medicamentos. Una vez que se adjudican esos medicamentos, son entregados directamente al Hospital Acosta Ñu, donde se hace un acta de recepción y se realiza la entrega directa a los pacientes”, manifestó.

Admitió que el proceso es complejo y los pedidos se responden de manera nominal por cada caso, pero está garantizado el suministro. “Aproximadamente en este momento tenemos 80 pacientes con AME en tratamiento. Y ahora tenemos siete nuevas carpetas a ser evaluadas. Están garantizados los tratamientos con un presupuesto aproximado de 150.000 millones de guaraníes”, puntualizó.

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En el marco de la Jornada de Gobierno, se inauguró el Hospital Día Oncológico en Concepción y para el acto, estuvieron presentes el presidente de la República, Santiago Peña, la ministra de Salud, María Teresa Barán y otras autoridades nacionales y departamentales. Además se puso a disposición el primer servicio de mamografía, el cual beneficiará a más de 30.000 mujeres del departamento.

“Este es el claro ejemplo del trabajo en equipo, todos pusieron su grano de arena, todos soñaron con este hospital y hoy es una realidad. Hoy estamos habilitando el décimo hospital día fuera del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), esto va a traer un poco de tranquilidad a las personas oncológicas porque van a estar en su casa”, expresó la titular de la cartera sanitaria.

Por su parte, el mandatario manifestó la determinación de su gobierno por seguir invirtiendo en infraestructura e insumos para el combate al cáncer, puesto que las estadísticas ubican a Paraguay entre los países con peores índices a nivel mundial en muertes por esta enfermedad.

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“Me puse el objetivo, junto con la ministra de Salud y su tremendo de equipo de enfrentar este desafío, para que dentro de estos cinco años demos un cambio abrupto dentro de estas estadísticas que son números fríos, pero en realidad estamos hablando de mujeres, de familias de madres, hermanas, hijas que muchas veces dejan una familia destruida y esto se puede prevenir”, señaló.

Peña habló de la importancia de la detección temprana del cáncer, puesto que en el estadío 1 y 2, los tratamientos son mucho más efectivos y más económicos. En este sentido, indicó que será trascendente para la salud pública lograr que la mayor cantidad posible de casos sean detectados en esta instancia, de modo a asegurar que los de mayor gravedad, tengan garantizados los medicamentos e insumos necesarios.

“Celebro que haya un trabajo coordinado entre la gobernadora, los intendentes, junto con los funcionarios de las distintas instituciones, los ministerios, acercándose a los problemas y trayendo las soluciones”, sostuvo el jefe de Estado.

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El Poder Ejecutivo decidió brindar la participación de todos los sectores para trabajar en la reglamentación de la ley que establece el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.

El objetivo es que la aplicación sea factible y cumpla con los objetivos en materia de transparencia, según informó el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.

“Nuestra apertura es total, de escuchar a todos los sectores. La decisión final va a ser del Ejecutivo, del presidente, en la reglamentación, pero nosotros trabajamos de manera participativa con todos los sectores”, expresó el ministro Villate según publicó la Agencia IP, luego de una entrevista televisiva.

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En ese proceso ya se tuvo una reunión con representantes de organizaciones sin fines de lucro, buscando entender la posición de las mismas respecto a la ley.

Villate señaló que, en función a las primeras conversaciones, no existe ninguna preocupación que amerite ningún cambio en la ley promulgada, aunque sí será necesario “aclarar ciertas cosas en la reglamentación”.

“La idea es tener ese diálogo para llegar a un punto medio entre todos. La intención es que no se genere ninguna carga administrativa o burocrática adicional, porque en la realidad no existe eso a priori en la ley y es lo que queremos levantar en la reglamentación”, manifestó el ministro.

Aclaró que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que va a establecer las reglas de ese trabajo conjunto, en función al pedido del presidente Peña que se trabaje a través del Equipo Nacional de Estrategia País.

Por otro lado, Villate destacó la importancia y necesidad de contar con esta ley, que permitirá cubrir una “zona gris” en materia de transparencia, tanto en actores que no son del todo transparentes como la identificación de los beneficiarios de las acciones de las ONG.

“Vamos a tener ese mapeo y vamos a poder entender dónde están accionando estas organizaciones y poder coordinar para tener un impacto mucho mayor”, dijo el ministro al reconocer que el Estado requiere hoy llegar a muchos lugares, y que en ese sentido las ONG tienen una experiencia que se puede aprovechar.

El ministro remarcó que el rol de transparencia que se busca a través de esta ley no tiene por qué ser trasladado hacia una cuestión de persecución en contra de las organizaciones sin fines de lucro.

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El contralor general de la República, Camilo Benítez, fue invitado a una charla en el espacio de la Vocería de Gobierno, para explicar sobre el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Indicó que mediante este régimen, el Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción, definiendo estándares y canalizando las denuncias para su seguimiento.

Mencionó además que este régimen que fue creado por ley amplía las prerrogativas de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano extrapoder y crea el Consejo Nacional Anticorrupción. Este consejo, al igual que las unidades de transparencia y anticorrupción de las instituciones públicas, serán dependientes de la CGR.

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El contralor señaló que mediante el Consejo se trabajará con los tres poderes del Estado para contar con estándares de aplicación de prevención de la corrupción. Explicó que al no contar con una estrategia nacional ponía a Paraguay en falta en cuanto a tratados internacionales sobre integridad pública.

“Creemos que esta es la pata de la mesa que faltaba para el Paraguay y de paso es una normativa necesaria para estar a nivel o en cumplimiento a los tratados internacionales que tenemos en materia de anticorrupción. Era una falta para el Paraguay, no tener una política de integridad pública. Esta iniciativa o ley cuando entre en vigencia va a tratar de proponer un enfoque de lucha contra la corrupción desde el aspecto preventivo”, indicó.

Señaló que a través del Consejo se contará por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de la Contraloría y del Ministerio Público para estrategias a implementar en toda la función pública.

“Dentro de este nuevo régimen, la participación ciudadana es fundamental en el control. Una de las modificaciones de la ley es que el portal de denuncias será administrado por la Contraloría en lugar de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuyos recursos pasarán a formar parte del primero”, comentó.

Mencionó que tras su paso por el Congreso fueron eliminadas la posibilidad de denuncias anónimas, quedando las modalidades de denuncias nominales y con protección de datos. El contralor señaló que se trabajará por un mecanismo que requiera de la habilitación de dos funcionarios para poder conocer la identidad de un denunciante, en caso de orden judicial que lo exija, y garantizar la seguridad.

“Esta iniciativa fue hecha inicialmente para la Senac, pero un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, que forma parte del gabinete cuyo compañeros de trabajo son los ministros, mal podrían administrar las denuncias contra sus funcionarios públicos. Eso violenta todos los principios internacionales en materia de control. Entonces, este régimen denota una madurez importante del Ejecutivo al desprenderse de esto; porque políticamente estas instituciones fueron utilizadas para perseguir a aquellas personas con quienes no comulgan”, acotó.

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