Desde la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) manifestaron este viernes sus condolencias a los familiares que perdieron a sus seres queridos durante el violento motín que se apoderó de la Penitenciaría de Tacumbú el pasado martes. Cuestionan duramente la falta de gestión para la disminución de reclusos sin condena.

A través de un comunicado, las autoridades católicas mencionaron que tras la muerte de siete reclusos y varios otros heridos, se demostró la pésima condición en la que se encuentran las cárceles de todo el país.

“Los hechos evidencian que de nada sirve una superestructura para recluir a las personas que tienen cuenta pendiente con la Justicia si sigue imperando la alta corrupción en las cárceles y si no se realiza una profunda reforma penitenciaria”, expusieron.

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Por otra parte, lamentaron la falta de una gestión eficaz para intentar disminuir la población penal que no tiene condena y de esa manera, evitar el hacinamiento que va en detrimento de los derechos básicos de toda persona humana.

“Nos preocupa también la extrema violencia con la que actúan grupos criminales que condicionan con chantajes a las autoridades nacionales y tienen control sobre la población carcelaria. Son cada vez más numerosos y violentos”, añadieron.

En otra parte del manifiesto, los religiosos indican que detrás de las personas privadas de libertad, sean o no condenadas, existen familias que los esperan y quieren verdaderamente que sean reinsertadas a la sociedad.

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Recordaron también al papa Francisco, quien siempre visitó cárceles y a reclusos, como en una oportunidad en la penitenciaría de Filadelfia, Estados Unidos, declaró: “Es penoso constatar sistemas penitenciarios que no buscan curar las llagas, sanar las heridas, generar nuevas oportunidades”.

En aquel tiempo, setiembre del 2015, año en que visitó también nuestro país, el Papa manifestó su deseo a los recluidos y expresó que “quiere que volvamos a los caminos, a la vida, sintiendo que tenemos una misión; que este tiempo de reclusión no ha sido nunca un sinónimo de expulsión”.

Por último, desde la Conferencia Episcopal exhortaron a los tres poderes del Estado a redoblar esfuerzo y dirigir la gestión a una mirada más humana a favor de las personas privadas de libertad que “verdaderamente merecen una segunda oportunidad”, según concluye el escrito.

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