Policías intervinieron tras recibir una denuncia por aglomeración de personas que se encontraban en una fiesta clandestina realizada en una residencia en la ciudad de Ñemby, este viernes en horas de la noche. Decenas de personas se retiraron por la puerta trasera de la casa y a las corridas al darse cuenta de la presencia policial.
Agentes de la zona encontraron a al menos 30 personas entre jóvenes y adultos, todos aglomerados, sin utilizar tapabocas, consumiendo bebidas alcohólicas e incumpliendo el decreto presidencial Nº 4525, que establece medidas restrictivas para evitar la propagación del COVID-19.
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En tanto, la propietaria de la casa negó las acusaciones y manifestó que se trataba de “un encuentro familiar por un cumpleaños”. Sin embargo, existe una invitación que circuló en grupos de Whatsapp que demuestra el pago de entrada para ingresar a la residencia. Además, se constató una gran cantidad de botellas en el interior de la casa por parte de un equipo periodístico de C9N.
El decreto presidencial Nº 4525 prohíbe las aglomeraciones, bailes en eventos sociales, la venta de bebidas alcohólicas desde las 22:00, la circulación desde las 23:59 hasta las 5:00 y establece el uso obligatorio de tapabocas, teniendo en cuenta el aumento sostenido de casos.
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Los policías se limitaron a persuadir a los presentes a que se retiren del lugar y cumplir con las medidas sanitarias para evitar mayores contagios por coronavirus. Los encuentros en residencias particulares podrán realizarse con un máximo de 12 personas, incluyendo el núcleo que reside en la casa.
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Ande denunció criptominería clandestina en propiedad del exdiputado abdista Miguel Cuevas
La Administración Nacional de Electricidad (Ande) denunció ante el Ministerio Público sobre la detección y hallazgo de una granja de cirptominería clandestina, que se encuentra en la estancia del exdiputado abdista, Miguel Cuevas. Este domingo se realizó un allanamiento por parte de la Fiscalía en la propiedad ubicada en Paraguarí, donde se encontraron 396 máquinas mineras.
La Ande realizó la denuncia ante el fiscal Alfredo Ramos Manzur quien encabezó el operativo de allanamiento junto al personal de la Ande a cargo del asesor jurídico de la institución Diego Fernández. La diligencia fue autorizada por la jueza de garantía segundo turno de Paraguarí, Susan Domenech. También se informó que por disposición fiscal Ramos Manzur, todas las evidencias encontradas en el lugar serán remitidas al depósito del Ministerio Público en Paraguarí.
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Además de las procesadoras de la monedas electrónicas se incautó un transformador con una capacidad de 23 mil voltios. “Durante la verificación se pudo contabilizar 396 unidades de máquinas procesadoras para criptomonedas con sus respectivos accesorios y un transformador de la marca Power Transformer con capacidad de 23.000 V, de procedencia China”, refiere el informe policial sobre este procedimiento.
“Con esta intervención, se estima un daño patrimonial mensual de G. 873.000.000 (con base en la capacidad del transformador), y el suministro tenía una facturación promedio en torno a G. 500.000, y la identificación fue posible gracias a la utilización de herramientas tecnológicas, mediante software de inteligencia artificial (IA), el sistema SCADA de Distribución y parámetros eléctricos de equipos de medición y control de última tecnología. Estas herramientas permitieron identificar la zona sospechosa para su verificación e intervención por parte de los técnicos de la Institución”, informó la Ande.
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Policías y familiares toman una sede en Posadas para reivindicar mejoras salariales
Policías, expolicías y familiares han tomado este viernes la sede del Comando Radioeléctrico I de Posadas, la capital de la provincia argentina de Misiones, para reivindicar un aumento salarial, aunque los propios manifestantes han reiterado que no han irrumpido en las instalaciones.
Manifestantes se concentraron frente a la sede a las 16.30 horas e irrumpieron en la sede policial y se produjeron quema de neumáticos y la toma de la propia sede, informa la emisora Cadena 3. Autoridades judiciales habían ordenado la intervención de Gendarmería Nacional para vigilar la protesta.
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A medida que pasaban las horas iban llegando más manifestantes, incluidos agentes en activo procedentes de la zona centro de la provincia, que se sumaron al campamento.
Un portavoz de las fuerzas policiales locales, Germán Palavecino, ha rechazado que se trate de un “acuartelamiento” y ha explicado que la protesta es una “medida para visibilizar la urgencia del sector”.
Ramón Amarilla, policía retirado y uno de los portavoces de la protesta, ha apuntado que la situación sigue “muy tensa”. “El reclamo es que el Gobierno nos atienda porque unilateralmente ha eliminado la mesa de diálogo que contaba con los delegados de cada unidad regional de toda la provincia”, ha explicado a Cadena 3.
Allí los incrementos salariales propuestos “son ínfimos” y “no mueven ni la aguja”. “Nosotros hoy, comparado con la Policía Federal, no llegamos ni a la mitad. Es una vergüenza”, ha reprochado.
“Los incrementos que estamos recibiendo trimestralmente, bimestralmente, son ínfimos. Y verdaderamente nosotros, en los últimos cinco meses, hemos tenido una pérdida de más del 50 por ciento en nuestra capacidad de compra, en nuestra capacidad de nuestro salario”, ha añadido.
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Amarilla ha subrayado que han sido los policías retirados y los familiares los que levantaron un campamento frente a la Jefatura a principios de esta semana y que participaron los policías activos.
Así, ha acusado a la Jefatura de tomar represalias al trasladar “a un montón de personal policial a 200 kilómetros, a 300 kilómetros, 360 kilómetros de la capital o de su destino actual para tratar de perjudicar a ese personal”.
La ministra de Seguridad del Gobierno federal, Patricia Bullrich, habría ofrecido efectivos de las fuerzas federales para desalojar el Comando Radioeléctrico I, pero hasta el momento se está a la espera de una orden de la justicia federal al respecto.
Mientras, sectores como el de salud y educativo se han sumado a las reivindicaciones salariales de los policías.
Fuente: Europa Press
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Argentina: policías tomaron una sede en Misiones en reclamo de aumento salarial
Policías, expolicías y familiares tomaron ayer viernes la sede del Comando Radioeléctrico I de Posadas, la capital de la provincia argentina de Misiones, para reivindicar un aumento salarial. Manifestantes se concentraron frente a las sede a las 16:30 e irrumpieron en la sede policial y se produjeron quema de neumáticos y la toma de la propia sede.
Autoridades judiciales habían ordenado la intervención de Gendarmería Nacional para vigilar la protesta, informa la emisora Cadena 3. A medida que pasaban las horas iban llegando más manifestantes, incluidos agentes en activo procedentes de la zona centro de la provincia que se sumaron al acuartelamiento.
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La ministra de Seguridad del Gobierno federal, Patricia Bullrich, habría ofrecido efectivos de las fuerzas federales para desalojar el Comando Radioeléctrico I, pero hasta el momento se está a la espera de una orden de la justicia federal al respecto. Mientras, sectores como el de salud y educativo se sumaron a las reivindicaciones salariales de los policías.
Huelga general
El pasado 9 de mayo el presidente de Argentina, Javier Milei, enfrentó la segunda huelga general contra el “ajuste brutal” de su gobierno, que paralizó servicios de transporte por tierra, mar y aire; así como instituciones educativas, financieras y comercios en todo el país.
Convocado por la mayoritaria Confederación General del Trabajo (CGT), el paro de 24 horas no previó una movilización en las calles y tuvo la adhesión de trabajadores estatales, de salud, turismo, tranviarios y del subterráneo de Buenos Aires, entre otros.
La CGT acusa al gobierno del ultraliberal Milei de carecer de “diálogo social” e implementar “un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados”.
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Fuente: Europa Press - AFP
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Hirieron a 26 policías en manifestación de estudiantes en México
Al menos 26 policías resultaron heridos este lunes por el lanzamiento de cohetes pirotécnicos por parte de estudiantes de la escuela de maestros Ayotzinapa que protestaban frente al palacio presidencial, en Ciudad de México, por la desaparición de 43 alumnos de esa institución en 2014. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital dijo en un comunicado que los policías resultaron heridos por esquirlas de los cohetones.
“Paramédicos atendieron a 26 uniformados que presentaban heridas en su mayoría en las piernas, los brazos y los glúteos. Todos fueron trasladados a distintos hospitales para que reciban la atención médica especializada que requieren”, dijo.
La dependencia añadió que los manifestantes se retiraron del lugar tras la manifestación. Imágenes de la prensa mexicana muestran a los manifestantes lanzando cohetes pirotécnicos a una de las puertas del palacio presidencial mientras policías con equipo antimotines intentan protegerse.
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La manifestación ocurrió luego de que ocho militares presuntamente implicados en la desaparición de 43 estudiantes de esa escuela del estado de Guerrero (sur) en 2014 salieran de prisión para seguir su proceso en libertad. A inicios de marzo, un grupo de manifestantes de Ayotzinapa irrumpió por la fuerza en la sede presidencial para exigir justicia por la desaparición de los estudiantes.
Ese día, los manifestantes derribaron una puerta del palacio con una camioneta para después ingresar al mostrador donde se registran los visitantes mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecía su habitual rueda de prensa matutina. Los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Solo fueron identificados restos de tres de ellos.
La pesquisa del anterior gobierno (2012-2018) -conocida como “verdad histórica”- apuntaba a que fueron detenidos por policías municipales en colusión con narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos que los confundieron con enemigos.
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Tras asesinarlos los incineraron y arrojaron las cenizas a un río, según esa versión, rechazada por las familias y expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigaron el caso. Una vez asumió el poder en 2018, López Obrador creó la Comisión para la Verdad (COVAJ) a fin de realizar una nueva pesquisa.
En ese marco, la Fiscalía ordenó el arresto de 132 personas, incluidos 14 militares y el exfiscal general Jesús Murillo Karam, responsable de la “verdad histórica”, quien fue trasladado a prisión domiciliaria a mediados de abril. La COVAJ aseguró en octubre pasado que el Ejército estuvo al tanto del secuestro y la desaparición, y reiteró que fue un “crimen de Estado”.
Fuente: AFP