Tener plantaciones extensivas cercanas a escuelas y fumigarlas de forma terrestre a menos de 100 metros o en forma aérea a menos de 200 metros es un delito, según los artículos 67 y 68 de la Ley 3.742/09 de control de productos fitosanitarios de uso agrícola. Esta práctica pone en peligro la vida de niños, niñas y docentes al degradar sus condiciones de aprendizaje.

En este contexto, Javier Ramírez, de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), manifestó: “Las instituciones públicas responsables deben proteger a las escuelas, garantizar el derecho a la educación y a la salud y hacer cumplir las leyes vigentes desde su rol institucional”.

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De los 15 distritos analizados en el 2018, en 11 se han identificado escuelas o centros educativos cercanos a cultivos extensivos. Del mapeo resultó que de las 557 escuelas, 99 estaban a menos de 200 metros y de estas, 51 se encontraban a menos de 100 metros, por tanto, en mayor riesgo, en caso de aplicación de los defensivos agrícolas.

Los distritos en donde se han detectado la mayor cantidad de instituciones educativas próximas a estos cultivos, menos de 100 metros de distancia, fueron: Itapúa Poty (58%), Edelira (42%), Minga Porá (36%), Guayaibí (4.48%), Arroyito (4,17%), Liberación (2,5%) y Capiibary (1,09%). Solo el cultivo de soja, que se planta una vez al año, necesita más o menos ocho a diez fumigaciones, junto con las de trigo, sumando un total de 15 a 20 fumigaciones.

Existen numerosas evidencias, como denuncias ante instituciones y testimonios de hechos concretos, sobre las escuelas fumigadas y el daño a la salud de la población, que tampoco fueron tratadas por las autoridades responsables, según el libro “Impunidad de delitos y contravenciones ambientales en Paraguay” y el “Informe sobre la situación ambiental en 3 localidades con denuncias ambientales”, de los abogados Jiménez, Orrego y Rodríguez, del 2020.

Paraguay cuenta con antecedentes sobre el tema, uno de ellos es la sentencia nacional contra los productores de soja Hernán Schelender y Alfredo Laustenger, en el caso de Silvino Talavera Villasboa de 11 años, quien murió por una intoxicación en el 2003 tras ser rociado por pesticidas cerca de su casa en la compañía de Pirapey de la ciudad de Edelira (S.D. número 0067 del 30 de junio del 2005). Ambos fueron condenados a dos años de prisión o a la sustitutiva de pagar una indemnización a la familia Talavera de 25 millones de guaraníes cada uno.

Otro caso es la muerte de las hermanas Adela y Adelaida Álvarez, de 6 meses y 3 años respectivamente, tras haber sido alcanzadas por una fumigación el 21 de julio del 2014 en el asentamiento Huber Duré de la ciudad de Canindeyú. Los habitantes denunciaron que tras unos días de intensa fumigación en un sojal vecino, más de 30 personas fueron hospitalizadas con los mismos síntomas que presentaban las pequeñas (vómito, fiebre, mareo, dolor de cabeza y de estómago) y numerosos animales de granja murieron.

Numerosos estudios internacionales muestran la relación dañina entre la salud humana y la exposición a pesticidas, en particular la de niños y niñas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “los plaguicidas altamente peligrosos pueden causar efectos tóxicos agudos o crónicos, y plantean riesgos específicos para los niños”.

Además, expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que “los niños son más vulnerables que los adultos a la exposición de sustancias tóxicas por diversos motivos. Su capacidad de eliminar las toxinas también difiere de la de los adultos. La exposición a químicos peligrosos y pesticidas puede afectar seriamente su desarrollo físico y neurológico”.

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En el marco de la campaña “No fumiguen la educación / Anive pefumiga escuela” se llevará a cabo una petición de firma con el objetivo de hacer cumplir las leyes vigentes. Lo que se pretende lograr es que los monocultivos se retraigan a unos 200 metros de cada escuela con el fin de salvaguardar la salud de los Niños, niñas y adolescentes.

Como respuesta a esta situación y en el marco del proyecto Alianza por el cumplimiento de las leyes ambientales, nace la campaña “No fumiguen la educación”, implementada por la Base Investigaciones Sociales (Base IS), la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri), la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), la Federación Nacional Campesina (FNC) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay (Inecip-PY), con el apoyo de Diakonia y la Unión Europea.

A esta iniciativa se han sumado otras organizaciones como Callescuela, el Comité de Iglesias para Ayuda de Emergencia (CIPAE), Vía Campesina, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), la Coordinación Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores del Paraguay (Connats), la Organización de Trabajadores de la Educación-Sindicato Nacional (OTEP-SN), la OTEP Auténtica, el Servicio Paz y Justicia Paraguay (Serpaj-PY) y la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay (Unepy), que conforman la articulación Anive Pefumiga.

Melissa Giménez, de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay (Unepy), expresó al respecto: “Defendemos el desarrollo sustentable dentro del Estado de derecho, que prohíbe la fumigación cercana a las escuelas, nuestro deseo es que se aplique la ley y que los cultivos se retraigan a 200 metros para proteger a las escuelas en Paraguay”.