El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Francisco Ruiz Díaz, aclaró sobre algunas confusiones que están sucediendo y generan reclamos ante la institución agraria, sobre todo en el ámbito de las colonias rurales del Indert.

A través de un video divulgado en redes sociales del Indert, explicó que no se puede fraccionar un lote a pedido de los campesinos, para construir una segunda vivienda del Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH) en un mismo lote, porque la ley impide el fraccionamiento del inmueble, antes de los 10 años de su cancelación.

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“Existen muchas solicitudes de gente para la construcción de una segunda vivienda dentro del terreno, siendo que ya fueron beneficiados con la construcción de una vivienda. Entonces, piden por ejemplo, construir una segunda vivienda para su hija dentro del mismo inmueble. Pero existe la limitante que el MUVH no puede construir dos viviendas en un inmueble matriculado”, comentó.

Por otra parte, indicó que tampoco se puede cobrar con celeridad el 3% solicitado por los ocupantes de los lotes para acceder a una vivienda del MUVH, para quienes aún no tienen el título, debido a que el INDERT, primeramente debe asegurarse de a quién pertenece el inmueble, en los casos en los cuales el ente agrario aún no posee el título.

“Toda esa impaciencia se debe a que estamos en un proceso de fortalecimiento de la economía rural y desde ese punto de vista el Gobierno está dando respuestas y un fuerte impulso al campo, en la construcción de viviendas y otro tipo de intervenciones, como la política Hambre Cero y en un énfasis muy fuerte de la regularización de la tierra”, remarcó.

Pese a todo, el titular del Indert indicó que actualmente, están con algunos grandes resultados, como por ejemplo, se ha aumentado la titulación de las tierras en un 500 % en comparación a lo que se hacía en otros gobiernos. “Estamos entregando 6.500 títulos de propiedad, cuando anteriormente se entregaban alrededor de 900 títulos de propiedad por año”, precisó.

Finalmente, insistió en señalar que pese a que están recibiendo algunos pedidos por parte de la gente, que busca tener su vivienda propia, pero existen restricciones de la ley que deben ser respetadas, por ello salen a dar estas aclaraciones. “No se puede revertir toda la operación que hizo el INDERT, que es el levantamiento de toda la colonia; no podemos eliminar la matrícula y fraccionar el inmueble”, concluyó.

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El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, aseguró que los llamados para el programa Hambre cero en las escuelas se dan en un marco competitivo entre todas las empresas que se presentaron en este proceso. El mismo señaló que fueron elevados los estándares para la provisión de alimentos, y no todas las empresas que anteriormente lograban ser adjudicadas cumplen con todos los requerimientos.

“Acá hay que ver si es que las empresas realmente tienen todas las condiciones al día de hoy para poder abarcar el 100 % de los llamados. No es lo mismo que 9 o 10 empresas puedan alimentar solamente al 9 % de los niños en edad escolar y otra cosa es tener la capacidad de poder dar la alimentación escolar al 100 %”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Explicó que no todas las empresas tienen la capacidad de agrandarse, o la capacidad para tomar todos los procesos de licitación, presentarse a todos los procesos, teniendo en cuenta que con este nuevo programa se elevaron los estándares para las adjudicaciones correspondientes.

“Nosotros hemos observado los pliegos, hemos subido el estándar de calidad, eso tampoco es una cuestión menor, antes se presentaba cualquiera sin tener un solo hito, sin tener alguna certificación de calidad alimentaria. Lo que se quiere es que las empresas sean de un buen nivel y tengan una capacidad de prestación de servicios, a partir de ahí no cualquiera se puede presentar”, apuntó.

En este momento, todas las gobernaciones y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), menos la gobernación de Alto Paraná, ya subieron sus adjudicaciones al sistema de compras públicas, algunos con los contratos firmados y otros con algunos detalles a definir para la firma de los contratos. Esto en los primeros distritos considerados de prioridad en una primera etapa.

“Al día de hoy, tenemos prácticamente el 99 % ya de los procesos licitatorios en estado de adjudicación, falta solamente la suscripción de los contratos, pero lo concreto es que todavía falta llegar a algunos distritos porque este es un proyecto gradual. Ahora tenemos la primera tanda de procesos licitatorios para cubrir parte del global de lo que se quiere cubrir”, sentenció.

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Integrantes de la Contraloría Ciudadana presentaron ante el Ministerio Público, otra denuncia contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, por supuesta asociación criminal y lesión de confianza. El jefe comunal habría adjudicado a una empresa de maletín, obras (empedrado y aulas) por un monto total de G. 10.700 millones.

Se trata de la constructora SCDE SA, que era un club nocturno y cuyas accionistas son gente del mismo equipo político del jefe comunal. Aparecen como socias de la firma supuestamente de fachada, Lilian Gregoria Benítez Villalba y Samara Clarice Aguirre Benítez, según los documentos verificados por los denunciantes.

La licenciada Magdalena Montiel, una de las firmantes de la denuncia, explicó que en el seno de la Contraloría realizaron una investigación y encontraron que la empresa era una discoteca y luego se convirtió en constructora; no tiene la antigüedad ni experiencia requeridas para ser adjudicada y no cumplió con los plazos de terminación de obras. Igualmente, refirió que la comuna no aplicó la falta por incumplimiento de contrato.

Manifestó que en la investigación, la prueba más contundente sobre la adjudicación a una firma de maletín es el hecho que Lumma Magdalena Silva Battochi era socia de la empresa Golden Rouse, que explotaba el night club, que luego cambió de razón social para ser constructora SCDE SA. La misma es funcionaria municipal desde diciembre de 2021 como auxiliar en Gestión de Cobranzas.

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Según el escrito de denuncia, “esta es la prueba más contundente de que la empresa es de fachada, de maletín, dirigida desde la Municipalidad de Ciudad del Este”. Silva Battochi está hoy en la Dirección de la Vivienda. Los denunciantes, además de las documentaciones, presentaron imágenes en las que se ve a los supuestos responsables de la firma de fachada compartiendo con dirigentes del equipo político de Prieto.

“Se ha podido constatar que bajo la dirección del intendente Miguel Prieto Vallejos han creado una organización estructurada jerárquicamente, bien organizada, destinada a desviar recursos financieros de la municipalidad, al crear comisiones barriales a las que debían entregar recursos para la construcción de empedrados, a favor de quienes se libraban los cheques”, refiere el escrito de denuncia.

Además de Magdalena Montiel, firmaron la denuncia José Víctor Vázquez Leguizamón, Sergio Alejandro Sánchez Mereles y Gricelda Fernández, bajo patrocinio del abogado Víctor Enríquez. La Contraloría Ciudadana ya presentó seis denuncias contra Miguel Prieto, quien tiene dos imputaciones.

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Empresas cercanas a dos legisladores liberales fueron beneficiadas con millonarios montos para la provisión de alimentos a instituciones públicas y particularmente para la entrega de merienda y almuerzo escolar. En total, tres firmas ligadas a los opositores se alzaron con contratos por más de G. 341.000 millones.

• Por Juan Carlos Lezcano

Más de G. 341.000 millones (unos USD 46,7 millo­nes) en contratos para la provisión de alimentos a instituciones públicas recibieron las empresas LF Latin Food SA (ex-Arcán­cel SA), Pinoty SA y Villa Madrid. Las primeras dos son firmas cercanas a la senadora Celeste Amari­lla, mientras que la tercera está vinculada al diputado Pedro Gómez Silva, ambos del Partido Liberal.

De acuerdo con lo que consta en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públi­cas (DNCP), estas tres fir­mas cercanas a los políticos opositores se alzaron con un total de 103 contratos con instituciones estatales desde el 2010 hasta el pre­sente año.

La firma que más dinero recibió por parte de ins­tituciones públicas es LF Latin Food SA (ex-Arcán­cel SA). De acuerdo con los datos que se desprenden en la web de la DNCP, esta empresa cercana a la sena­dora Amarilla fue benefi­ciada con un total de 28 contratos con entidades públicas desde 2010 hasta el presente año.

Del total, el Ministerio de Salud Pública es el que más veces contrató a LF, con un total de diez adjudica­ciones. En segundo lugar, entre los “mejores clientes” aparece la Gobernación de Central, con un total de ocho contratos.

En total , esta firma recibió la friolera suma de G. 176.809 millones (unos USD 24,2 millones) por parte de instituciones del Estado.

LF Latin Food SA, ante­riormente denominada Arcángel SA, es represen­tada por María Isabel Gavi­lán y Patricio Buteler. Esta empresa tiene una cercana relación con la senadora liberal Celeste Amarilla. De acuerdo con la decla­ración jurada de bienes y renta presentada por la legisladora opositora ante la CGR en 2023, la empresa proveedora de merienda escolar le debe unos G. 124 millones, correspondien­tes a utilidades de ejerci­cios anteriores. Además, la legisladora se muestra como una amiga cercana de Gavilán en publicacio­nes realizadas en redes sociales.

Amarilla declaró una drás­tica reducción de la deuda de la empresa durante los años del gobierno de Mario Abdo Benítez. En la mani­festación de bienes de Ama­rilla del 2018 figuran deu­das a cobrar a Arcángel SA por G. 3.000 millones y en 2019 subió a G. 3.425 millo­nes, ella ya era diputada en ese momento. Al asumir como senadora, sus cuen­tas a cobrar bajaron a G. 125 millones.

Volviendo a los contratos, como ya señalamos líneas más arriba, el Ministerio de Salud Pública fue el que más contratos entregó a Latin Food. Sin embargo, la Gobernación del depar­tamento Central es la que más dinero adjudicó a la firma.

De hecho, el mayor con­trato firmado por LF con una entidad pública fue precisamente con el gobierno centralino. En concreto, en 2015 la admi­nistración del liberal Blas Lanzoni firmó un con­trato de G. 37.000 millo­nes con la empresa que en esa época tenía aún a la hoy senadora (y corre­ligionaria del entonces gobernador) Celeste Ama­rilla en su nómina accio­naria.

De los más de G. 176.809 millones que recibió esta empresa del Estado, la mayor parte provino de la Gobernación de Cen­tral. En concreto, fueron G. 130.405 millones de los centralinos los entregados a Latin Food.

El Ministerio de Salud Pública entregó otros G. 30.785 millones a la firma, que tiene entre sus “clien­tes” a las gobernaciones de Ñeembucú, Misiones, Alto Paraná, Concepción y Amambay. Además, tam­bién fue contratada por la Senad y la Municipalidad de Guajayvi.

La firma Pinoty SA es la segunda que más dinero recibió entre las tres fir­mas. Entre 2012 y 2019, la firma fue beneficiada con un total de 30 contra­tos con el Estado, lo que le valió adjudicarse con más de G. 89.559 millones (unos USD 12 millones).

Al igual que LF Latin Food, Pinoty SA tiene una cer­cana relación con la sena­dora Celeste Amarilla. De hecho, ambas firmas com­parten la misma represen­tante, según Contratacio­nes Públicas: María Isabel Gavilán. Como ya dijimos líneas arriba, esta empre­saria muestra en redes sociales su cercana amis­tad con la legisladora.

Además, Pinoty SA es una de las deudoras de Amari­lla, según su declaración jurada de bienes y rentas. Cuando asumió como dipu­tada, en 2018, la firma le debía a la legisladora libe­ral más de G. 6.000 millo­nes, suma que se redujo a G. 4.500 millones para 2019.

De acuerdo con la última DD. JJ. de Amarilla, pre­sentada tras jurar como senadora el año pasado, la firma actualmente tiene una deuda de G. 1.611 millones.

La institución que más veces contrató a Pinoty SA fue la Gobernación de Cen­tral, con cuatro contratos. Le siguen las gobernacio­nes de Alto Paraná, Caa­guazú y Ñeembucú con tres adjudicaciones cada una.

En términos de contratos individuales, la Goberna­ción de Caaguazú fue la que le entregó la mayor adjudi­cación. Fue en 2015 cuando la administración de Mario Varela le entregó un con­trato de G. 18.763 millones para la provisión de ali­mentos para el almuerzo escolar.

De hecho, el gobierno del quinto departamento es la institución que más dinero entregó en contratos a Pinoty SA: un total de G. 27.230 millones. Le sigue la Gobernación de Central, con G. 14.008 millones.

La lista se cierra con la firma Villa Madrid SA, empresa ligada al dipu­tado liberal por el depar­tamento Central, Pedro Gómez Silva.

La firma tiene como repre­sentantes legales a María Ana Silva y Mónica Gómez, madre y hermana, res­pectivamente, del legis­lador liberal. De hecho, la empresa tuvo como uno de sus primeros accionistas a Roberto Pedro Gómez Ver­langieri, fallecido padre del diputado.

Según los datos que cons­tan en la web de la DNCP, la firma recibió un total de 46 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicacio­nes por más de G. 75.052 millones desde el 2013 en adelante.

Más de la mitad de las adjudicaciones, 26 en concreto, fueron otorga­das por el Ministerio de Salud Pública. Seis contra­tos fueron con la Gober­nación del departamento Central y cuatro fueron con la Senad.

Sin embargo, la mayor can­tidad de dinero provino de la Gobernación de Central, institución que le entregó también el contrato más jugoso a la empresa de la familia del diputado.

En una sola oportunidad, el gobierno centralino le entregó un contrato de más de G. 24.000 millo­nes a la firma. Más con­cretamente, fue en 2017, durante la administra­ción del liberal Blas Lan­zoni, cuando la empresa de la familia Gómez fue beneficiada con una adju­dicación para la provisión de pan lacteado, cereales y otros, para la merienda escolar.

Dos años antes, la admi­nistración de Lanzoni también había entregado otro contrato de G. 18.000 millones a la empresa de la familia de su correligiona­rio liberal.

En total, la Gobernación de Central entregó contratos por más de G. 67.613 millo­nes a Villa Madrid SA.

Gómez Silva fue uno de los legisladores que defendió el pedido de aumento pre­supuestario presentado por el gobernador del departa­mento Central, el también liberal Ricardo Estigarri­bia, cuando el año pasado el Congreso estudiaba el Presupuesto General de la Nación para el 2024.

El estudio del pedido de ampliación presupuestaria solicitada por la adminis­tración de Estigarribia tuvo lugar en el pleno de Diputa­dos el 11 de octubre de 2023, fecha en la que el plantea­miento fue rechazado.

Para ese entonces, la Gobernación de Central ya había iniciado la licita­ción para la provisión de alimentos para las escue­las del departamento. Más concretamente, según la web de Contrataciones, la licitación fue publicada ya el 30 de agosto del año pasado. Entre los oferen­tes apareció Villa Madrid SA, la empresa de la familia del diputado Gómez, que votó a favor de la amplia­ción solicitada.

La justificación de Estiga­rribia fue entonces que, sin más dinero, no habría más alimentos para niños. Ali­mentos que son proveídos, entre otros, por la empresa de la familia de uno de los diputados que votó a favor de la ampliación.