El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), encabezado por María Teresa Barán, deberá informar a Diputados la cantidad de beneficiarios por departamento, así como el monto total abonado hasta la fecha a los familiares de trabajadores de hospitales públicos que fallecieron o resultaron afectados en el ejercicio de sus funciones debido al Covid-19.

La petición fue realizada por la presidenta de la comisión asesora de Presupuesto de la citada cámara, Cristina Villalba. La Ley 6639/2020, que dispone medidas de indemnización también beneficia a familiares de los trabajadores del área administrativa y otras dependencias.

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La citada normativa establece que los familiares directos (padres, hijos y/o cónyuges) de los afectados deben recibir una indemnización equivalente a 50 salarios mínimos legales. Además, estipula que dichos pagos se realizarán a los herederos conforme a sentencia declaratoria, distribuyéndose en partes iguales y de manera proporcional.

El pedido de informes fue aprobado el pasado miércoles por la plenaria en la sesión ordinaria. La cartera sanitaria cuenta con un plazo de 15 días para remitir la documentación requerida a la Cámara Baja, en cumplimiento del artículo 192 de la Constitución Nacional.

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Un comité del Congreso estadounidense que investigó por dos años la pandemia de covid-19 publicó este lunes un informe en el que considera que su origen “más creíble” es la fuga del virus de un laboratorio en la ciudad china de Wuhan.

En el documento de 520 páginas, la subcomisión especial sobre la pandemia de coronavirus de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, examinó la respuesta a la emergencia, sus causas y las campañas de vacunación.

“Este trabajo ayudará a Estados Unidos y al mundo a predecir la próxima pandemia”, aseguró Brad Wenstrup, presidente del comité, en una carta al Congreso.

Las agencias federales estadounidenses, la Organización Mundial de la Salud y científicos han llegado a conclusiones diferentes sobre el origen del covid-19, sin que haya consenso.

La mayoría cree que se propagó al ser humano por un animal en China, pero un análisis de los servicios de inteligencia estadounidenses sugirió el año pasado que el virus pudo ser manipulado genéticamente y haberse filtrado de un laboratorio de virología en Wuhan, donde aparecieron los primeros casos.

El panel del Congreso se decidió por la teoría de la fuga tras reunirse 25 veces, realizar más de 30 entrevistas y revisar más de un millón de páginas de documentos.

La investigación incluyó dos días de entrevistas con Anthony Fauci, el científico del gobierno que se convirtió en el experto de mayor confianza en los caóticos primeros días de la pandemia en 2020 y ahora vive con protección por amenazas.

Los enfrentamientos de Fauci sobre la respuesta a la emergencia con el entonces presidente (2017-2021) y ahora mandatario electo, Donald Trump, desataron la furia de la derecha.

Los republicanos culpan al inmunólogo de ayudar a desencadenar la pandemia al aprobar financiación para los científicos chinos a los que acusan de fabricar el SARS-CoV-2, causante del covid-19.

El informe afirma que los Institutos Nacionales de Salud subvencionaron una investigación que trata de mejorar los virus para encontrar formas de combatirlos conducida por el Instituto de Virología de Wuhan.

Fauci negó repetidamente haber encubierto los orígenes del covid-19 ante el panel en junio, argumentando que sería “imposible molecularmente” que los virus de murciélago estudiados en el laboratorio se convirtieran en el que causó la pandemia.

Pero el informe del comité dice que el SARS-CoV-2 “probablemente surgió debido a un accidente relacionado con el laboratorio o la investigación”.

La investigación concluye, además, que las cuarentenas “hicieron más mal que bien” y que las órdenes de uso de mascarillas fueron “ineficaces”, contradiciendo otras investigaciones que demuestran que redujeron las tasas de transmisión.

Los legisladores concluyeron que la operación “Warp Speed” de Trump para financiar el desarrollo de las vacunas anticovid fue un “tremendo éxito”, pero que el cierre de escuelas tendrá un “impacto duradero” en los niños estadounidenses.

Fuente: AFP

Contrario a lo informado por la pericia balística del Ministerio Público, el informe de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), detectó la presencia de residuos de disparos de arma de fuego en las extremidades del exdiputado, Eulalio “Lalo” Gomes.

De acuerdo al informe se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del exlegislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.

En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.

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Respecto a este análisis, el ministro del Interior Enrique Riera indicó que el informe de la UNA no fue leído en su totalidad, puesto que en el documento se explica el mecanismo utilizado que incluye el hisopado en la mano, para posteriormente utilizar el retiro de tinta que recolectan los rastros de pólvora.

“El hisopado salió positivo y eso no se dijo en todo el día. Nosotros no somos parte de la investigación, somos los investigados y en mi posición no quiero influir ni decir absolutamente nada porque queremos que esta investigación sea lo más objetiva posible. Confiamos en la Fiscalía y en la justicia y queremos que se dé un informe completo cuando se cumplan los plazos”, manifestó a la 1020 AM.

Asimismo, aclaró que la idea no es polemizar el caso con la familia del diputado Gomes y aseveró que siguen creyendo en la versión oficial que indica que el parlamentario se defendió y señaló que se debe tener en cuenta que se valora el conjunto de las pruebas, entre ellas, la velocidad de la bala, la distancia, ángulo, los casquillos, el arma, quién percutió, huellas digitales y a partir de ahí se reconstruyen los hechos.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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