Ante la crisis económica desatada por la pandemia del COVID-19, miles de paraguayos acumularon deudas que resultan imposibles de pagar ante la falta de ingresos luego de perder sus empleos. En muchos casos, los ciudadanos se encuentran desesperados, ya que incluso son amenazados por parte de los acreedores a quienes acudieron en que rematarán los bienes con los que cuentan.

“Esa es la realidad. No sabe qué hacer la gente. Las deudas no entraron en cuarentena, siguen tan vivas y generan tantos problemas como siempre. Ese tipo de deudores tiene riesgo de perder los pocos bienes que adquirieron como su terreno, su casita, su automóvil o su motocicleta”, advirtió el abogado Edward Arca, presidente del Centro de Atención al Deudor (Cenade).

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Manifestó que se trata de deudores civiles, no comerciantes, que están en una situación insostenible a causa de la crisis económica. Aseguró que son trabajadores que son sostén de familias, que acuden al Cenade después de semanas o meses de que se presentó este tipo de problemáticas económicas.

Como si fuera poco también existen casos de deudores que no cuentan con ningún tipo de patrimonio en su vida, son aquellos que sobreviven con el jornal diario. En consecuencia, no existe riesgo de pérdida de bienes por lo que los acreedores realizan insistentes llamadas telefónicas bajo la amenaza de inhabilitarlo a pedir préstamos, comprar o vender por hasta 5 años.

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“O lo peor de todo, el deudor no tiene nada. Entonces los acreedores le comienzan a atosigarlo con llamadas interminables. Y después si no consiguen llegar a un acuerdo con el acreedor y si el deudor que apenas tiene para sobrevivir, lastimosamente le van a demandar. El deudor va a terminar en un tribunal y va contratar un abogado para poder defenderse de un acreedor que va a iniciar una acción en su contra”, afirmó Arca.

El profesional manifestó que el deudor recibirá una demanda y será inhibido en caso que los acreedores no encuentren un patrimonio a su nombre. Agregó que de esta manera el acreedor tiene de los “cogotes” al deudor. “Durante cinco años se le inhibe y esta persona no puede comprar ni vender porque es una medida cautelar que se inscribe sobre esta persona”, aclaró Arca.

Luego de realizar la intimación, el deudor figurará no solo en Informconf sino que también será inscripto en registros públicos como medida cautelar para que no pueda realizar transacciones de ningún tipo. “Es como una espada de Damocles si no tenés nada a tu nombre”, lamentó.

El profesional declaró que se trata de una medida de fuerte impacto contra el deudor. Mientras que son herramientas que otorgan ley para proteger al acreedor de su derecho al crédito. Insta a pedir asesoría para no caer en este tipo de problemas ni mucho menos dejar pasar el tiempo sin tomar las medidas que corresponden ante su obligación de honrar una deuda.

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“Se pueden plantear negociaciones directas con los acreedores. Le estamos asesorando a muchos para poder negociar sus deudas. Lo que no hay que hacer es quedarse callados sino hablar con los acreedores y llegar a un acuerdo. Hay gente que se esconde, que ve todo nublado y no ve una solución al final del camino”, manifestó el abogado especialista en deudas.

Antes del inicio de la pandemia la tasa de desempleo era de 444.000 personas, y al tercer trimestre trepó a 596.000. En ese sentido, al menos 150.000 personas más quedaron sin empleo a noviembre del año pasado, según el economista y exministro de Hacienda, Manuel Ferreira. Mientras que Arca señaló que propone asesoramiento con el Cenade contactando al número (021) 233-493 o acercándose a la sede ubicada sobre la calle Teniente Fariña 1021 casi Estados Unidos en Asunción.