La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley por el cual se modifican los artículos n.° 128 y 135 del Código Penal por el cual se elevan las penas para los casos de abusos sexuales a niños y adolescentes. La Cámara Alta aceptó los cambios introducidos por los Diputados, quienes endurecieron las penas mínimas y máximas para estos hechos.

La iniciativa fue aprobada este miércoles 20 con el voto positivo de 36 legisladores y con esto, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Las diferentes comisiones recomendaron acompañar los cambios realizados por la Cámara Baja, la cual estableció agravantes para determinados casos.

La ley sancionada contempla agravantes de 10 a 20 años cuando al realizar el hecho se maltrata física o psicológicamente a la víctima, que esta haya sido abusada en diversas ocasiones o cuando el hecho se da hacia un hijo biológico, adoptivo o hijastro. En cuanto a las penas privativas de libertad, estas no debe ser inferior a los 20 años cuando se trata de niños de menores 10 años.

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“El texto de Diputados introdujo mejoras de forma, que ameritan ser aceptadas. Propone aumentar el marco penal mínimo y que sea de 15 a 20 años respectivamente y además, la pena podría extenderse hasta 30 años. La Comisión de Legislación por mayoría consideró oportuno aceptar las modificaciones planteadas por la Cámara de Diputados”, expresó el senador Luis Pettengill, presidente de la referida comisión.

Por su parte, la senadora Lizarella Valiente, integrante de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, celebró la decisión de la Cámara Baja de endurecer aún más las penas y manifestó la necesidad de contar con castigos ejemplares para quienes cometan estos hechos, de modo que no queden impunes.

“Si bien es sabido que esta no es la solución completa, sacar de circulación a los ciudadanos que incurran en estos hechos, que ese individuo esté encerrado lejos de la sociedad, es una forma de prevenir que siga agrediendo a más niños”, sostuvo.

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En la misma línea opinó su colega, Rubén Velázquez, quien manifestó que esta ley es la oportunidad de dejar el mensaje que en Paraguay no se toleran los abusos contra menores. “Coincido en que debemos trabajar en la concienciación, educación y en la prevención, son necesarios y trascendentes, pero si esto no llega a prosperar y seguimos con los casos de abusos infantiles vamos a necesitar de penas duras y sanciones ejemplares”, afirmó.

Una persona que fue beneficiada con arresto domiciliario en el marco de un proceso penal por supuesto hecho punible de abuso sexual en niños estaba tomando cerveza en un conocido Shopping, ubicado en la ciudad de San Lorenzo.

De acuerdo al video que circuló por redes sociales, se observa un hombre sentado en el patio de comidas del centro comercial cuando viene una mujer y comienza a denunciar el caso de abuso sexual y por ende el sujeto que estaba con una gorra de inmediato se retiró del sitio.

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La persona que denunció este hecho irregular sería la hermana de la víctima del abuso por lo que las autoridades judiciales deben intervenir en el caso. La familia exige que el hombre sea enviado a prisión, y que la Fiscalía tome las medidas contra el mismo.

En este tipo de casos, la Justicia debe revocar la prisión domiciliaria del denunciado y se debe decretar la prisión preventiva, atendiendo que el mismo habría violado una de las disposiciones que el juzgado de Garantía le impuso para ser beneficiado con el arresto domiciliario.

En caso de que se haga lugar a este pedido, el imputado tendrá que volver a la cárcel de Tacumbú a la resulta del presente proceso penal.

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Este lunes, desde el departamento de Guairá denunciaron que el jefe de la Operaciones de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villarrica, que fue acusado de estar involucrado con tortoleros, fue liberado y volvió a cumplir funciones en la comuna. La persona que lo denunció pide que lo aparten del cargo.

Se trata de Alexis Augusto Portillo, quien la semana pasada fue detenido en San Juan Nepomuceno junto con un grupo de tortoleros. Estos serían acusados de vaciar un vehículo y aparentemente habría más denuncias en su contra. El grupo criminal operaría en otros departamentos alejados de Guairá.

Según consta en la denuncia, el hombre actuó junto a otras personas y rompieron el vidrio de una camioneta que estaba estacionada en una frutería en Paraguarí. En pocos minutos lograron llevarse varios objetos del interior del rodado y lo detuvieron mientras estaba en compañía de los delincuentes.

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“Estamos esperando cómo va la investigación del caso y si realmente está involucrado en este caso del cual lo acusan. Ahora mismo todo está en manos del Ministerio Público y seguro ellos van a ir dando informaciones oficiales sobre el hecho”, explicó Emilio Duarte, director de Tránsito, en Unicanal.

Apuntó que en el área de recursos humanos tienen conocimiento de lo que ocurrió, pero que requieren de pruebas para apartarlo del cargo o alguna resolución de los investigadores. El robo quedó registrado en imágenes de cámaras de seguridad, sin embargo en la misma no se observa al acusado.

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El 17 de noviembre del 2018 falleció Lidia Meza Burgos, una joven de 18 años que recibió 16 puñaladas durante su visita a la celda del capo del grupo criminal brasileño Comando Vermelho, Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, alias “Marcelo Piloto” o “Piloto”, alojado en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Con este crimen a sangre fría a esta desafortunada víctima, el líder narco hizo una última jugada desesperada tratando de evitar su extradición a Brasil.

La víctima del terrible suceso era de la zona de General Resquín, del departamento de San Pedro, quien fue atacada por Piloto con un objeto punzante cerca de las 14:00 horas de aquel sábado, hace 6 años. El crimen generó inmediatamente la indignación generalizada de la ciudadanía atendiendo a que sucedió dentro de una sede policial de máxima seguridad. Luego de ser derivada hasta el Hospital de Barrio Obrero para su atención, la joven no respondió y falleció.

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La familia de Lidia Meza quedó destrozada. Su papá, Francisco Meza, de profesión albañil, comentó la joven había regresado de la Argentina en mayo del 2018 y que, un mes antes del crimen, trabajaba cuidando a una mujer de 90 años, en zona del Mercado 4 de Asunción.

El hombre se enteró de la muerte de su hija cuando un pariente le preguntó por teléfono si Lidia se encontraba en la casa, ya que se enteraron sobre lo sucedido a través de la televisión. En aquella época, Meza compartió a la prensa acerca del mensaje final que recibió de su hija: “El último audio que me envió fue a las 12:17, y me dijo que a las 15:00 iba a estar en casa”.

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Marcelo Piloto recurrió al plan de perpetrar un asesinato para que la extradición pueda posponerse, suponiendo que una imputación por homicidio doloso podría evitar que vaya al Brasil. Pero está situación no surtió efecto y, dos días después, por la madrugada del lunes 19 de noviembre, Piloto fue trasladado hasta su país, donde soporta condena de 26 años de cárcel por varios hechos, en la Penitenciaría Federal de Catanduvas, en Paraná. En agosto de 2019 fue imputado por el crimen de la joven Lidia Meza.

Con una jerarquía en Comando Vermelho solo superada por Fernandinho Beira-Mar, Pinheiro Vega huyó a Paraguay en 2012, según investigaciones de la Policía Civil de Brasil, luego de la ocupación de la favela de Manguinhos (Rio de Janeiro) por fuerzas de seguridad. El 13 de diciembre de 2017 fue arrestado en Encarnación por fuerzas especiales de inteligencia y seguridad pública brasileñas; sin embargo, su trámite de extradición se aprobaría en setiembre de 2018 y estaba prevista inicialmente que se efectúe en diciembre de ese año. Pero el asesinato en prisión aceleró su deportación.

Detenido en Paraguay por contar con documentos falsos y tenencia ilícita de armas; en Brasil, el juzgado de Ejecuciones Penales del Estado de Río de Janeiro lo sentenció en dos causas, con una condena a 21 años de reclusión en uno de los casos, y en la otra por 5 años y cuatro meses. Adicionalmente, su abogada Laura Casuso fue asesinada a tiros por un sicario, el 12 de noviembre de 2018, cuando abandonaba un templo masónico en Pedro Juan Caballero.