Desde ayer la Patrulla Caminera inició controles a conductores que circulan con documentaciones vencidas y las sanciones ya están siendo aplicadas.
El sábado 16 pasado a las 12 de la noche venció el plazo perentorio de 30 días que el comando de la Patrulla Caminera venía dando para tener al día las documentaciones. Al respecto, el director operativo Florencio Vargas, dijo en contacto con Universo 970 AM que desde los primeros minutos del domingo, iniciaron los operativos ya nivel país, implementamos la aplicación en su totalidad del contenido de la ley 5016 con relación a los plazos de los documentos en sus fechas.
En cuanto a los documentos, indicó que controlan todo. “Realmente controlamos todo pero apuntamos hacia lo que se venía extendiendo el plazo desde marzo del año pasado hasta diciembre para evitar la aglomeración de personas en los municipios y lugares administrativos de la licencia de conducir, habilitación municipal, habilitación de la Dinatran y de la chapa provisoria”, expresó.
Explicó que el 16 de diciembre con el último decreto se sacó la disposición dando un plazo perentorio de 30 días a las personas para que puedan actualizar las documentaciones ya citadas.
“A partir del domingo 17, a las primeras horas ya comenzamos a aplicar. En todo el día de ayer hasta el cierre de esta mañana a las 5:00 tuvimos 13 conductores sancionados por registro vencido a nivel país y 25 vehículos sacados de circulación a nivel país también por el vencimiento de la habilitación”, comentó el inspector.
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El director operativo de la Patrulla Caminera mencionó que venían viendo que el porcentaje de documentos atrasados ya era mínimo por lo que ya no había ninguna necesidad de extender ningún tipo de plazo.
Sanciones y multas
En ese sentido, indicó que el importe de la multa posterior a las sanciones por el registro vencido es de 10 jornales lo que corresponde a unos 843.000 guaraníes y por la habilitación vencida es de 5 jornales, lo que equivale a 400.000 guaraníes aproximadamente.
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Reforma plantea sanciones más severas a transportistas que incumplan normas
El Viceministerio de Transporte indicó que la reforma del transporte público que se impulsa desde la institución, apunta a realizar modificaciones en todas las aristas que componen el sistema de modo a garantizar un buen servicio para el usuario y así también, mejores condiciones de trabajo para los conductores de las unidades.
“Las nuevas reglas van a ser distintas, por lo tanto los estándares de funcionamiento y la calidad del servicio que ofrecen van a ser monitoreados de una manera más robusta de lo que se venía haciendo. Si la empresa que es elegida, en el transcurso de sus funciones no cumple con los estándares, va a haber también sanciones con más robustez, va a ser un proceso en el que vamos a exigir cada vez más calidad para el usuario”, expresó el viceministro Emiliano Fernández.
El modelo de negocios actual contiene una gran cantidad de empresas de transporte. Este número supera ampliamente lo que puede soportar una economía de escala, explicó el viceministro, por lo que en esta reforma se apunta a que los transportistas compitan a través de un proceso de licitación.
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“Será un proceso de competencia en el que van a participar todas las empresas que quieran, el número de empresas actualmente es excesivo respecto a cómo debería funcionar un mercado robusto financieramente, por lo tanto van a haber menos empresas que van a trabajar en el sistema de transporte público de pasajeros y eso va a exigir a las empresas a asociarse o consorciarse en la persona jurídica que corresponda”, detalló a la 650 AM.
Asimismo, los itinerarios también serán agrupados en una unidad funcional de modo que la persona pueda tomar cualquier bus para determinados puntos, sin que esto represente un pago adicional del pasaje. Respecto a esto último, Fernández aclaró que la reforma no contempla una variación en el monto que abonan los usuarios.
“No estamos planteando ningún cambio en el pasaje que paga el usuario, lo que decimos nosotros es que cuando tenemos un corredor más extenso, podemos trabajar con más facilidad en la integración tarifaria porque son buses de la misma empresa. En un proceso de corredores se puede tomar el bus que sea en el mismo grupo empresarial”, refirió.
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El viceministro indicó que otro de los puntos clave es la incorporación de más buses en los corredores, lo que ayudará a mejorar la frecuencia y tendrá un impacto positivo en la travesía que realiza el ciudadano diariamente. “No son solo buses mejor controlados, es una mejor integración tarifaria, mejoramiento de las vías, y otras cosas más, por eso esta es una reforma que lleva su tiempo, pero que hay que hacerla”, aseveró.
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Transparencia de oenegés es lucha cultural, dice Leite
El senador Gustavo Leite aseguró que la reciente aprobación del proyecto de ley que transparente los fondos que reciben las organizaciones sin fines de lucro no se basa solo en la cuestión económica, sino que también en una lucha cultural para la defensa de los valores del país. En una entrevista con un programa argentino, destacó que Paraguay podría ser ejemplo para otros países que hacen frente al avance del globalismo.
En conversación con el programa argentino “Pilares de Mi Ciudad”, el senador paraguayo Gustavo Leite, exministro de Industria y Comercio y una figura clave en la política del país, abordó temas de relevancia tanto para Paraguay como para la región, destacando entre ellos el avance de un proyecto de ley que busca transparentar los fondos recibidos por las organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en sectores claves del país. Esta iniciativa, que ya ha sido aprobada en el Senado, surge en medio de una creciente preocupación sobre la influencia de ciertas ONG en la política interna y la cultura paraguaya.
Leite habló sobre el propósito central de esta legislación, que es regular y hacer transparentes los fondos que reciben las ONG que trabajan en áreas tradicionalmente manejadas por el Estado, como la educación, los pueblos indígenas y el medio ambiente.
Según explicó el senador, el objetivo principal es que estas organizaciones, que muchas veces son financiadas por capital extranjero, rindan cuentas de manera clara sobre el origen y destino de sus fondos. Esto responde a una preocupación que ha crecido en el seno de la política paraguaya respecto a la posible injerencia de agendas externas a través de estas entidades.
Leite señaló que, aunque las ONG tienen un papel importante en la sociedad, existe la sospecha de que algunas operan con una agenda oculta que va más allá de sus fines declarados. Estas organizaciones, dijo, pueden llegar a tener una influencia considerable en la toma de decisiones políticas y en la gobernanza del Estado sin tener la responsabilidad o el escrutinio que tienen los actores políticos tradicionales.
“Lo que hace esta ley es transparentar a dónde va la plata. En general, las ONG solamente gastan en sueldos de ellos mismos. Y bueno, que la gente, el pueblo paraguayo, juzgue. Porque en realidad, las ONG son un quinto poder que no paga impuestos, que quiere ingerir en políticas públicas y que quiere ser parte de la gobernanza. Pero todo lo que sale mal es responsabilidad de los gobernantes y no debería ser así”, expresó Leite en la entrevista, dejando claro que su postura no es anti-ONG, sino a favor de un mayor control y transparencia en su funcionamiento.
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Una Batalla Cultural
El senador fue enfático al señalar que el fondo de esta legislación va más allá de lo económico. Para él, la ley es también una herramienta para proteger la cultura y los valores paraguayos ante lo que denominó una “infiltración” de ideologías extranjeras a través de estas organizaciones. En particular, destacó la influencia de la llamada “ideología de género”, que considera que se ha promovido a través de ciertas ONG en las escuelas y otras instituciones educativas.
Leite sostuvo que Paraguay está enfrentando una “batalla cultural”, similar a la que se vive en otros países, en la que las ideologías progresistas intentan imponer valores que no son compartidos por la mayoría de los paraguayos. Según él, la resistencia a estas ideas no es un rechazo a la diversidad, sino una defensa de las tradiciones y la libertad que caracterizan al país.
“Nosotros celebramos la libertad, creemos en la tolerancia, pero no creemos que una minoría nos tenga que imponer valores culturales que no son nuestros”, afirmó el senador, en referencia a las posturas de género que se debaten a nivel global. Leite cree que las ONG han sido el vehículo para la entrada de estas ideas, y la nueva legislación busca limitar ese tipo de injerencia, sin coartar la libertad de asociación o la capacidad de estas entidades para operar dentro de la ley.
¿Un modelo para otros países?
Leite sugirió que este tipo de regulación podría ser un modelo para otros países de la región que también enfrentan lo que él llamó una “contaminación ideológica”. El senador cree que Paraguay tiene una oportunidad única de mantenerse firme ante estas influencias externas, gracias a su fuerte apego a los valores tradicionales y la religión.
A su vez, dejó claro que la ley no está diseñada para limitar las actividades de las ONG que trabajan en favor del desarrollo social y económico del país, sino para evitar que agendas ajenas se inmiscuya sin el conocimiento público.
Fue claro en su postura sobre el financiamiento externo, señalando que, aunque muchas veces las ONG presentan proyectos con títulos atractivos, como la lucha contra la corrupción o la mejora de la educación, en muchos casos los recursos terminan siendo destinados a salarios altos para los propios trabajadores de las organizaciones, sin un impacto real en la sociedad.
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CGR podría auditar fideicomiso y colocación de dinero de IPS en bonos, a pedido de CBI
El contralor Camilo Benítez fue convocado por la Comisión Bicameral de Investigación Antilavado para responder que la institución no realizó control alguno sobre la fiscalización al fideicomiso del Instituto de Previsión Social (IPS), ni sobre la compra de bonos de un banco de plaza, que dicha comisión está investigando.
No obstante, al término de la reunión explicó que si la CBI realiza algún pedido especial, la CGR podría iniciar una auditoría sobre estos casos, la cual podría durar entre 45 a 60 días, siempre y cuando la institución facilite las informaciones requeridas.
La CBI está indagando el operativo de fideicomiso del IPS a un banco de plaza que involucró unos G. 828.000 millones para un total de cuatro obras puntuales, entre las que no se observan edificios para hospitales públicos, ni tampoco se devolvió el dinero.
“Nosotros nunca hemos realizado ninguna actividad de control sobre dicho fideicomiso. Lo que sí hacíamos referencia, por más que no nos habían consultado, son las verificaciones de los depósitos de ahorros, que sí hicimos auditoría y del cual forma parte del informe del año 2019-2020. Además, nos consultaron si se hicieron fiscalizaciones sobre los bonos que ahora tomó conocimiento público, y la respuesta es que no”, explicó.
Agregó que las conclusiones a las que llegaron durante el debate en la CBI es que si la Contraloría podría hacer estas verificaciones tanto en el caso del fideicomiso, como también sobre la colocación del dinero del IPS en bonos en un banco de plaza, y que ahora mismo está siendo parte de las noticias de la prensa.
“La respuesta a esto fue que sí, sobre todo si hay un pedido especial de la comisión, nosotros podríamos analizar. La sugerencia de una auditoría por un periodo de 10 años, fue de mi parte. De tal modo se pueda verificar los criterios que han tenido en la Previsional para hacer estos depósitos, sería interesante hacerlo de los últimos 10 años, para entender cuál es el standar o criterio que toma el IPS para que opte por una entidad u otra, o bien opte por una inversión de mayor o menor riesgo”, mencionó.
Benítez indicó que la Contraloría podría hacer una fiscalización especial para evaluar todos los extremos. Acotó que la CGR también realiza estas fiscalizaciones de oficio en un 90 %, ya que forma parte de una estrategia institucional, que le llamamos PGA (Plan General de Auditoría). No obstante, explicó que el PGA que ya está vigente, no contempla esta actividad de control.
“Podríamos hacerlas de oficio, pero no está dentro del PGA como prioridad institucional la verificación de esto. Nosotros salimos el año pasado con una auditoría muy emblemática del IPS; creemos que no es prudente auditar todos los años la misma entidad. Ahora si hay un pedido institucional oficial del Congreso, claramente vamos a hacer el trabajo que nos solicitan”, comentó.
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Intensifican controles a transportes públicos
La Dirección Nacional del Transporte (Dinatran) intensifica controles a transportes públicos que operan de manera irregular. Los propios empresarios solicitaron la fiscalización ante la proliferación de minibuses que operan al margen de la ley. El titular de la Dinatran destacó que las unidades que están habilitadas deben contar con seguro para garantizar protección a los usuarios.
“Es un control que venimos realizando en conjunto con los transportistas del área del interior a pedido de ellos justamente. Y porque también están en una situación que genera malestar principalmente en las personas que usufructúan el servicio y que están invirtiendo”, señaló el titular de Dinatran, Luis Fernando González, a la 1020 AM. Dijo que es obligación de este ente la fiscalización para garantizar un servicio de calidad y seguro. “Estamos intensificando en contra de los transportes informales en ruta. Hay una cantidad considerable de minibuses que están trabajando de forma irregular. Y el trabajo que estamos haciendo es justamente para tratar de contrarrestar esa situación y que la gente pueda usufructuar los servicios que están habilitados”, manifestó.
Uno de los operativos de control se realizó el día viernes en el distrito de San Rafael del Paraná, en el departamento de Itapúa. “El objetivo es verificar y sancionar a los vehículos tipo minibuses no autorizados por Dinatran, que operan como unidades de transporte regulares alzando pasajeros sin los permisos correspondientes”, informó la Dinatran en la red social X.
La institución aclaró que los controles no afectan a los vehículos que se utilizan para fines particulares, familiares, laborales y turísticos.