Desde la firma Agroganadera Pindó denunciaron que la situación en la estancia del mismo nombre, ubicada en Curuguaty, departamento de Canindeyú, por la invasión, deforestación y plantación de marihuana se encuentra totalmente descontrolada. Lamentan la desidia por parte del Gobierno central, hasta con el Instituto Forestal Nacional (Infona), el cual detectó un salvaje tráfico de rollos en la locación.

En conversación telefónica con La Nación, la doctora Margarita Colmán, una de las abogadas de la Estancia Pindó, manifestó que el caso a nivel judicial se encuentra bastante paralizado. “Se realizaron todas las diligencias, en su totalidad. La última orden de expulsión de estas personas data del 19 de febrero del 2020. A partir de este momento quedó estancado porque 15 días después ya tuvimos la pandemia y eso quedó ahí”, mencionó. La profesional en leyes agregó que la idea de la empresa es reflotar dicha orden de desalojo de los ocupantes, para que las autoridades del Gobierno respondan a la necesidad de solucionar esta problemática que ya lleva 9 años.

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Sobre la situación de la ocupación y sus consecuencias, la abogada refirió que se encuentra totalmente descontrolada. Señaló que el rollo tráfico es imparable y que se está quitando lo poco que queda de bosque. “Hay propiedades colindantes, también de la estancia, que fueron atacadas hace 2 meses, destruidas e incendiadas, desde sus cimientos. En el interior de la propiedad, a través de sobrevuelos de drones, se pudo constatar que dentro de los remanentes de bosques hay plantaciones de marihuana. Es prácticamente tierra de nadie”, comentó.

La doctora Colman refirió que están en la espera de respuesta del Gobierno central a la petición del Infona de allanar la propiedad para empezar hacer los estudios para averiguar la gravedad de la deforestación. “Una cosa es ver por imagen satelital, y otra cosa es ver in situ”, señaló.

Con relación a las diligencias que proyectan como representación legal de la firma afectada, la abogada comentó que presentarán todas las documentaciones actualizadas ante la Fiscalía y pedirán que se oficie a la Comandancia de la Policía y al Ministerio del Interior para iniciar la mesa de trabajo para organizar los operativos correspondientes.

“Como es un operativo grande no se puede así nomás ejecutar. Se deben resguardar los accesos de salida de la propiedad para evitar que salgan camiones con los rollos y con la marihuana, por el periodo de un mes. Después de eso, se debe constituir un contingente grande de policías con todo el equipamiento; montada, carros hidrantes, Fope, cascos azules. Hablamos de cerca de 2.000 uniformados”, acotó.

Colmán recordó que son un total de 400 familias que ocupan un predio de 5.499 hectáreas, desde hace ya 9 años, por la desidia e inacción del Gobierno. “En medida de que se siga haciendo la vista gorda y exista contubernio entre policías, funcionarios de la Fiscalía y del Infona de la zona, se tornará más violenta la situación. Nadie hace nada y esa gente está fuertemente armada”, concluyó.

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