Los fabricantes de las vacunas anti-COVID presentan ciertas exigencias y una normativa especial en el posible caso de que existan reacciones adversas en la aplicación de los inmunizantes. Una de las cláusulas estipula que el afectado pueda accionar solo a nivel nacional, no pudiendo llevar el caso a nivel internacional.
En este sentido, ya existe un anteproyecto de ley elaborado por el MSPyBS, que se espera sea tratado en la brevedad posible en el Congreso Nacional.
Según informes, parte del documento explica que se busca eliminar responsabilidades de los fabricantes en cuanto a posibles casos de reacciones adversas que se pudieran dar, aunque aclararon que es para poder acceder a una cantidad suficiente de dosis y en un menor tiempo.
“¿Es correcto que el Estado se haga cargo de posibles reacciones adversas de la vacuna contra el COVID-19, como pretenden las farmacéuticas?”, fue la consulta que pusimos a consideración de nuestros lectores. La mayoría, es decir 73%, indicó “No, ese requerimiento pone en duda la efectividad del anticuerpo”, el 20% señaló que “Sí, lo importante es adquirir las vacunas lo antes posible” y solo el 7% dijo “Dependiendo de cuáles podrían ser esas reacciones”.
Al respecto, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, manifestó que continúan las negociaciones independientemente del mecanismo Covax. Y en cuanto a este sistema, las vacunas llegarían a mediados de año, entre mayo o junio. Igualmente, declaró que habrá algunas modificaciones respecto a las medidas protocolares que entrarán en vigencia a partir del lunes 11 de enero.
Leé también: Gubetich defendió el proceso para adquisición de software para el IPS
Por su parte, el coordinador del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Juan Max Boettner (Ineram), el doctor Carlos Morínigo, expresó: “Tienen que elegir la mejor vacuna en el menor tiempo posible para empezar la vacunación y dar tranquilidad a la ciudadanía”.