La Fiscalía imputó por violación de cuarentena sanitaria dispuesta por el Gobierno al propietario del balneario El Chorro de la ciudad de Horqueta, departamento de Concepción, luego de constatar aglomeraciones de cientos de personas que incumplieron los protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID-19.
La investigación se inició con base en videos que se viralizaron por redes sociales y medios de comunicación, donde se observaba baile, consumo de alcohol y aglomeraciones de cientos de personas a orillas de un arroyo como si el país no fuera parte de la pandemia por coronavirus.
De esta manera, el fiscal encargado del caso procesó a Rodolfo Ibarrola López, dueño del establecimiento ubicado en Paso Itá, Horqueta. “La verdad que es una situación hasta casi suicida porque la gente está totalmente relajada, no respetan siquiera nada y llevan incluso menores de edad”, expresó el fiscal Pablo Zárate, encargado del caso, en contacto con 800 AM.
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El agente agregó que además procesó al dueño de otro balneario de la zona donde también no se utilizaron tapabocas ni se respetó el distanciamiento social. El fiscal aclaró que las multas pueden llegar hasta G. 40 millones para el propietario del local que argumentó “desconocer” la prohibición de habilitar balnearios durante las fiestas de fin de año.
“Pudimos dar con el dueño de uno de los establecimientos llamado El Chorro y ya fue imputado. También pudimos llegar a otro balneario donde había inmensa cantidad de personas sin tapabocas y con consumo desmedido de alcohol. Ambos propietarios fueron indagados y en su defensa dijeron que pensaban que los balnearios estaban habilitados”, manifestó el fiscal.
Ayer, la jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, la comisaria María Elena Andrada, confirmó que los policías no tienen atribución de dispersar las aglomeraciones, sino tan solo de corroborar el hecho, labrar acta y avisar a la Fiscalía sobre el incumplimiento de los protocolos sanitarios.
El Poder Ejecutivo emitió el decreto Nº 4.525, que dispone las nuevas medidas sanitarias en el marco del Plan de Levantamiento Gradual del Aislamiento Preventivo General a causa del COVID-19, que está vigente desde el 21 de diciembre hasta el 10 de enero.
En uno de sus puntos ratifica que está prohibida la habilitación de las piscinas de acceso público, balnearios y playas. Ante ello, exhorta a los municipios a propiciar otros espacios al aire libre como plazas, parques o calles peatonales a fin de garantizar el distanciamiento físico.