La senadora Lilian Samaniego plantea que los vehículos incautados y que pasaron a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), sean redireccionados a instituciones que realmente necesitan. La propuesta de la legisladora es dejar sin efecto acuerdos y retirar el uso a otras instituciones, como el Senado.

“El proyecto que yo presenté es para que estos vehículos sean utilizados donde realmente se necesita que son, por ejemplo, emergencia, en salud pública, en instituciones que le van a dar el uso requerido a este tipo de vehículos y no en las instituciones donde no necesitan”, expresó en conversación con los medios.

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Indicó que el Senado actualmente cuenta con algunos vehículos, pero que en este caso no se requieren. “El Senado tiene su staff de vehículos que hacen a la utilización de la institución, entonces cada senador tendría que comprar para su vehículo en todo caso, y también hablo de otras instituciones que no sean realmente que se necesite”, apuntó.

Agregó que, existen otras instituciones que realmente requieren de más herramientas para la asistencia a la ciudadanía, en diferentes puntos del país, plantea incluso que los móviles puedan ser utilizados como ambulancias.

“Lo más lógico es que estos vehículos sean utilizados donde hay carencias de las instituciones que hacen a la atención del ciudadano común, acá no se necesita, ni en la Corte, ni en el IPS, ni Petropar, y buscar un poco de objetividad a nuestras gestiones y hacer lo que la gente está esperando de nosotros”, sentenció.

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El Tribunal de Apelación en lo civil y comercial, integrado por los jueces Stella Maris Zárate González, Mario Ygnacio Maidana y Sandra Bazán, revocó la resolución de juzgado de Primera Instancia en lo laboral y por ende deja un precedente en cuanto a la prohibición de embargos ejecutivos sobre los bienes de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco).

La Procuraduría General de la República, en representación del Estado paraguayo, en la defensa del patrimonio público, interpuso un recurso de apelación, contra la determinación adoptada en primera instancia . A su vez, solicitó el levantamiento de los embargos que fueron trabados indebidamente, en el marco del juicio, iniciado por José María Guillermo Medina González contra Copaco, sobre cumplimiento de contrato y cobro de guaraníes.

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La posición de la PGR se basó, entre otros puntos, en que Copaco SA, al ser la continuadora de la ex Antelco, no modificó su función esencial, que es la prestación del servicio público de telecomunicaciones en la República del Paraguay y de esta con el exterior. Que el 99 % de las acciones de la empresa pertenece al Estado, cuya representación recae sobre la Procuraduría General de la República, y el 1 % restante sobre Copaco, quien igualmente pertenece al Estado y presta un servicio público imprescindible.

“Al ser inembargables los bienes del Estado, corresponde la revocatoria del fallo de primera instancia dictado en fecha 26 de junio de 2024, debiendo disponerse su inmediato levantamiento de los embargos decretados en estos autos, por las razones que se han esgrimido en el presente fallo” refiere la resolución judicial del tribunal de alzada.

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Las oficinas administrativas del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) se mudarán a la ciudad de Ñemby, en una propiedad cedida provisoriamente por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). El proyecto también está siendo analizado por el municipio local considerando que hay reticencia ciudadana hacia la instalación de la nueva sede.

“Efectivamente, nosotros hemos entregado en uso provisional un inmueble a los efectos de que algunas oficinas administrativas del Indi puedan cumplir sus funciones en esa ciudad”, confirmó Gonzalo García, asesor jurídico de la Senabico a la 1080 AM. Aclaró que el despacho de la presidencia no funcionará en ese nuevo local.

Explicó que el trámite de traspaso del edificio de la Senabico al Indi no necesariamente tiene que concretarse con intervención de la Municipalidad de Ñemby. “Conforme a la experiencia que tenemos en todos los municipios del país donde entregamos inmuebles a la Policía, al Ministerio Público, al Infona, al Ministerio de Salud, nosotros nunca informamos eso a la Intendencia”, refirió.

Sin embargo, el abogado indicó que desconoce si las instituciones públicas beneficiadas han realizado esa comunicación a las autoridades comunales previamente a la transferencia de la propiedad.

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“Nuestro trabajo es entregar bajo la figura de acuerdo de uso provisional. Eso se firma entre ambas autoridades y la institución beneficiaria es la que se encarga del mantenimiento y el cuidado, respectivos. Las gestiones municipales en caso que requieran no corren por cuenta de Senabico”, mencionó. Afirmó que no existen antecedentes en la institución que se haya hecho la notificación al municipio afectado.

Consultado sobre la resolución de la Junta Municipal de Ñemby que está en contra de la mudanza del Indi, el doctor García expresó que en todo caso se debería analizar la legalidad y si efectivamente esta instancia está facultada para tomar dicha determinación.

“La institución beneficiaria en caso de que no esté de acuerdo con esa resolución podría recurrir ante el Tribunal de Cuentas”, manifestó al aludir que actualmente el edificio en cuestión está vacío.

El acta de entrega del inmueble ya está firmada por las autoridades de la Senabico y del Indi. “Ese acuerdo ya se remitió a las autoridades, ahora la suscripción del acuerdo específico tiene su trato. Generalmente los acuerdos son por uno o dos años, salvo en casos excepcionales en que se utilice para una campaña de vacunación un vehículo por tres meses. Pero generalmente suele ser de uno a dos años el acuerdo”, significó.

La institución beneficiada tiene que ocuparse del mantenimiento del local. “En este caso es un edificio nuevo, no se utilizó aún, es una construcción bastante moderna. Tiene todas las comodidades como para que pueda funcionar como oficina pública”, remarcó.

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La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incauta­dos y Comisados (Senabico) expuso ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) el caso que envuelve a las propiedades decomisa­das de Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. La ins­titución lamenta la falta de resolución de este caso y la falta de una investigación del juez que ordenó el remate de los bienes.

“Gracias a estas reunio­nes que está organizando la Comisión, aprovechamos la ocasión para poner a cono­cimiento de las autoridades este tipo de situaciones”, expresó Gonzalo García, ase­sor jurídico de la Senabico en contacto con “Arriba hoy”, emitido por GEN/Universo 970 AM/Nación Media.

García relató que dichos inmuebles, es decir, las estan­cias vinculadas al entorno de Cabeza Branca, fueron incautadas por el Ministerio Público y puestas a disposi­ción del Juzgado del Crimen Organizado y de la Senabico. Luego, se dictaron medidas cautelares sobre estas pro­piedades que prohibían la posibilidad de innovar, con­tratar o cualquier otra modi­ficación registral.

“En este último remate que se intentó, el juez Édgar Rivas Laguardia tenía pleno cono­cimiento porque la Senabico había intervenido dos años antes en ese juicio civil y el día que él dictó hacer las publica­ciones del remate, él tenía a la vista el informe de condicio­nes de dominio de la Direc­ción General de los Registros Públicos en el que taxativa­mente hablaba que esta pro­piedad tenía esas medidas cautelares, ni de innovar ni de contratar”, detalló García.

El asesor indicó que a pesar de esto, de todas formas se intentó ejecutar la subasta y teniendo en cuenta todos estos hechos, la Senabico se llevó una sorpresa cuando el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ordenó el archivo de la investigación preliminar que iba a ser apli­cado sobre el magistrado, pese a la gravedad del asunto. “Lastimosamente que una conducta así quede impune genera un poco de frustra­ción”, manifestó.