El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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Una delegación de médicos del departamento de Concepción que se dirigía a una importante reunión en la ciudad Asunción, sufrió un accidente vial luego de que una vaca se les cruzara en el camino. Afortunadamente no se reportaron víctimas fatales en el percance rutero.

Según el reporte policial, el hecho se registró cerca de las 5:00 de hoy martes, cuando la comitiva de profesionales de la salud llegó a la zona de Montelindo, departamento de Alto Paraguay, en la camioneta perteneciente a la Primera Región Sanitaria y chocó contra una vaca que salió a su paso en el kilómetro 101 de la ruta Transchaco.

Tras el impacto, el vehículo quedó totalmente inservible. En el interior del mismo iban el director de la Primera Región Sanitaria, doctor Cecilio Royg; el director del Hospital Regional de Concepción, doctor Mario Pérez; el abogado Paco Galeano y el conductor, Raúl Rojas, todos salieron ilesos.

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La persona que iba al mando del rodado confirmó a los agentes intervinientes que lamentablemente el animal salió rápidamente a su paso y que no pudo evitar la colisión. Además, la zona es bastante oscura en horas de la madrugada, por lo que se dificulta aún más la visibilidad.

Se convocó al cuerpo de bomberos voluntarios con una ambulancia y se pudo constatar que los involucrados no presentaban lesiones graves. Finalmente, pudieron participar de la reunión que debían mantener con autoridades del Ministerio de Salud y la gobernadora de Concepción, Liz Meza.

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“El banco (del grupo Zuccolillo) no debió hacer los desembolsos, tenía que resguardar que la operación o el objetivo de la fiducia se cumpla”, mencionó la jefa de Dictámenes y Contratos del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorgelina Gómez, al referirse al contrato de fideicomiso firmado entre la previsional y la entidad bancaria por valor de G. 828.000 millones.

“A través del banco se buscaba resguardar los fondos para un objetivo específico que era la construcción de 4 hospitales. Existió una clausula establecida en el contrato de fideicomiso, para que el banco pueda hacer el desembolso se tenía que haber emitido los certificados de obras, que debían estar firmados por el fiscal de obras, por el director de infraestructura, por el gerente administrativo financiero y por el presidente del instituto”, indicó al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La millonaria suma debió ser utilizada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

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Mediante una consultoría externa impulsada por la actual administración del IPS se detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

“Resulta ser que el Instituto de Previsión Social es una entidad muy verticalista y su máxima autoridad institucional es el Consejo de Administración. Tuvo que haber sido el Consejo de Administración a través de una resolución, esa es la máxima autoridad institucional del IPS. Ningún funcionario por debajo del Consejo de Administración puede decidir este tipo de situaciones (desembolso) o modificaciones al contrato”, sostuvo.

Acotó: “La información que se tiene (sobre el avance de las investigaciones fiscales) es muy escasa, entiendo que están en una etapa investigativa, que están haciendo las averiguaciones porque esto también pasa mucho por el área de infraestructura, de la gerencia administrativa y financiera para hacer el cruce entre los certificados de obras que existían y los pagos que se realizaron”.

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Conscientes del valor que representan los equipos médicos, tres ciudadanos extranjeros ingresaron al Sanatorio Metropolitano de la ciudad de Fernando de la Mora haciéndose pasar por pacientes y llevarse lo habían entrado a buscar: partes de un valioso ecógrafo, valuado en unos USD 80.000. Los malvivientes sabían el valor del equipo y entraron para robarlo.

Según el reporte dado por Betania Adorno, gerente Operativa del centro asistencial, estas personas entraron al local y se hicieron pasar por posibles pacientes que querían consultar con algún médico. Todo quedó registrado en imágenes de cámaras de seguridad donde se puede ver cómo actuaron los malvivientes.

“Ingresaron tres personas aparentando ser pacientes, pudimos ver en los vídeos que entraron y en todo momento estaban recorriendo por las instalaciones mirando las salas de consultas”, detalló Adorno, en entrevista con el programa “Tarde de Perros” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Explicó que se llevaron equipos que son utilizados para estudios médicos. “Lo que se llevaron son transductores de un ecógrafo. El médico estaba realizando los estudios con una enfermera en la sala y cuando los profesionales salieron estas personas aprovecharon para ingresar y llevarse los equipos”, manifestó.

Se trata de equipos bastantes costosos y el perjuicio de lo robado llega aproximadamente a los USD 80.000. “Son elementos muy caros y fueron varios equipos los que se llevaron. Estamos hablando de unos USD 10.000 cada uno”, refirió.

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