Desde el 2012 hasta el mes de febrero del 2020, el Ministerio Público ordenó en cinco oportunidades a la Policía Nacional hacer cumplir la orden de desalojo contra los ocupantes ilegales de la estancia Pindó ubicada en Curuguaty, departamento de Canindeyú, pero hasta la fecha las autoridades policiales no pudieron ejecutar dicha orden.
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La primera invasión que ocurrió hace 8 años, fue propiciada por un grupo de madereros que con título de propiedad falso, instó a los campesinos a ocupar la propiedad. Los propietarios del establecimiento productivo afirman que el único fin de los invasores siempre fue hacerse con el alto valor de la madera.
Casi US$ 30 millones en madera
Los propietarios de la estancia realizaron un estudio forestal y definieron que existía un valor promedio de G. 70 millones por cada hectárea en madera, sin contar con la producción de carbón y otros subproductos.
De las reservas forestales con que contaba el lugar, ya fueron extraídas “todas” las especies utilizables dentro de una superficie de 2.900 hectáreas, que según un cálculo aproximado, representa alrededor de G. 203.000 millones o US$ 29 millones al cambio actual.
Según las varias denuncias realizadas por los representantes de Pindó, en la invasión a la propiedad privada aparecieron situaciones de violencia, como el amedrentamiento y las amenazas a los personales. Se produjeron incendios de los retiros, tajamares envenenados y abigeato, incluso se dieron hechos de prohibición de circular dentro de la propiedad.
Fueron deforestadas alrededor de 3.500 hectáreas de las reservas forestales y estamos hablando de casi US$ 30 millones, explican los propietarios.
Apoyo político
Según manifiestan los afectados, el grupo de invasores prohíbe el ingreso a personas extrañas y usualmente visten uniformes militares y están armados. Solo pueden ingresar quienes comulgan con estas acciones que iniciaron en el 2012. Entre estas personas se destacan los senadores del Frente Guasu, Hugo Richer y Sixto Pereira, así como el senador del Partido Democrático Progresista, Pedro Santacruz.
Estos tres parlamentarios fueron denunciados ante el Ministerio Público por varios productores agremiados, por supuestamente instigar a la invasión de propiedades privadas. Dos de los legisladores forman parte de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural del Senado.
Extremismo
El temor de quienes denunciaron estos hechos es que no sea nada más que una ocupación, sino mas bien, el comienzo de células de ideología extrema y que se está expandiendo por la zona. Una de las personas que lidera el grupo, tiene órdenes de captura por invasión a propiedades privadas, delitos ecológico, pero también por el homicidio de un trabajador que no era empleado de la estancia en cuestión.
Desde Pindó comentan que todas las casas que fueron levantadas por los invasores tienen todas las mismas características y que aún cuando ellos expresan que son 430 familias con aproximadamente 2.000 personas, cuando se realizan cierres de rutas no son más de 150.
Piden ayuda
Este mismo grupo se presentó ante la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural del Senado, exponiendo cómo lograron una producción sostenida varias veces millonarias de rubros de la agricultura familiar en las tierras ajenas.
Sin embargo, este grupo de personas que creó en la propiedad privada invadida una comunidad denominada 1º de Marzo, aglutinada en la asociación de productores Joaju, estuvo presente en Asunción con el grupo de campesinos que llegó hasta la capital para reclamar, realizando cierre de calles y avenidas, que les sean asignado de manera directa un crédito de US$ 25 millones como ayuda a la agricultura familiar.
La abogada Margarita Colmán, representante legal del establecimiento agroganadero, expresó que esto representa una contradicción de lo expresado por los invasores ante la comisión legislativa. Por un lado, afirman que están teniendo un alto rendimiento en la producción, lo que generaría mayor presión para que las tierras invadidas sean expropiadas a su favor y por el otro piden ayuda del Estado.