El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura presentó este jueves el informe “Muertes bajo custodia 2013-2020″, que parte del “Registro Nacional de Personas Fallecidas en Instituciones de Privación de Libertad”. El reporte advierte sobre la alarmante cifra de al menos una muerte por semana dentro del sistema penitenciario nacional.

Según explicó esta mañana en conferencia de prensa el comisionado Dante Leguizamón, presidente del Mecanismo de Prevención, el objetivo del relevamiento es contar con datos confiables y contrastables para pensar y elaborar políticas públicas de prevención de la tortura y malos tratos, específicamente la prevención de la muerte en contextos de encierro.

Dicho informe consigna 392 muertes en el periodo 2013 a 2020, de las cuales, considerando las categorías de responsabilidad estatal, 221 fueron por omisión en la posición de garante del derecho a la salud, 110 por omisión en la posición de garante en las medidas de seguridad preventiva de la violencia entre personas privadas de libertad, 18 por omisión en la posición de garante en la prevención de siniestros y 5 por uso de la fuerza letal por parte de agentes penitenciarios.

Otro hallazgo importante, coincidente también con el mencionado informe 2013-2016, es la falencia de los registros oficiales, debido a la inexistencia de datos o a la falta de criterios técnicos en la elaboración de los mismos para que estos sirvan efectivamente para realizar análisis, evaluaciones y, eventualmente, diseñar políticas públicas. Se verifica esta falencia tanto en el Ministerio de Justicia como en el Ministerio Público.

Lo contundente es que de cada persona que muere en la semana, la gran mayoría se debe a problemas de salud o falta de seguridad en las cárceles más pobladas; la mitad era menor de 35 años, estaba procesada y con menos de 2 años de reclusión.

De acuerdo con la edad de las personas fallecidas, se verifica que el 50,1% tenía entre 16 y 34 años, por lo tanto, en general son muertes jóvenes. El 19,7% tenía entre 35 y 44 años al momento del deceso.

Asimismo, el 23% de las personas fallecidas tenía menos de 6 meses de privación de libertad, el 12,3% tenía menos de 1 año y el 19,4% menos de 2 años, por lo que el 54,7% tenía menos de 2 años de reclusión cuando perdieron la vida.

El 57,3% eran personas privadas de libertad en prisión preventiva, por lo tanto gozaban de la presunción de inocencia constitucional. De los 392 fallecidos, 379 eran hombres, 12 mujeres y una persona trans.

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Las cárceles donde más muertes se produjeron son las más pobladas históricamente e inclusive las que crecieron en cantidad de personas alojadas aumentaron también la cantidad de muertes bajo custodia: Tacumbú, Ciudad del Este, Cereso - Itapúa, Oviedo, Misiones.

Desde el Mecanismo Nacional de Prevención se recomienda al Ministerio Público la realización de una auditoría general sobre las causas que generaron las 166 muertes. Además, se pide establecer un sistema de registros de todos los casos y abrir investigaciones para analizar responsabilidades de los funcionarios públicos.

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