El viceministro de Transporte, Pedro Britos, anunció que finalmente el billetaje electrónico se iniciará el 1 de febrero debido a que se extiende el periodo del pago mixto del pasaje del transporte público hasta el 31 de enero del 2021.
Señalan que se intentará ampliar para la venta de las tarjetas del billetaje electrónico con la llegada de más dispositivos, mientras se podrá seguir pagando también con dinero en efectivo.
“Hasta el 31 de enero se podrá pagar en efectivo o con tarjeta el pasaje del transporte público. Oficialmente vamos a salir el 1 de febrero con la obligatoriedad”, expresó Britos durante una conferencia de prensa virtual este martes de mañana.
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La decisión se debe a que buscan que no ocurra lo que sucedió semanas antes en cuanto a la escasez de tarjetas electrónicas y la reventa por parte de terceros. “Queremos que el sistema sea amigable para todos y mejorar el servicio, por eso tomamos la decisión de ampliar el periodo de pago mixto”, afirmó.
Manifestó que desde octubre del año pasado a la fecha se registran 12.411.738 viajes realizados. En tanto que hasta ayer se realizaron 1.266.840 recargas de las tarjetas electrónicas. Mientras que desde el 8 de noviembre hasta ayer se vendieron 26.284 tarjetas; totalizando 614.478 tarjetas vendidas.
“El último stock de tarjetas para llegar a las 500.000 estará llegando en la primera semana de enero”, manifestó el viceministro de Transporte, que responsabilizó a los revendedores de la falta de tarjetas que derivó en la postergación del servicio del billetaje electrónico.
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Semanas atrás, la reventa de tarjetas electrónicas generó miles de reclamos de los usuarios y motivó al Viceministerio de Transporte a postergar el uso obligatorio de las tarjetas electrónicas hasta el 31 de diciembre. Finalmente, el 1 de febrero regirá el nuevo sistema de pago en el transporte público.
Por su parte, la Cámara de Senadores ya dio media sanción al proyecto de ley que busca castigar a los revendedores que ofrezcan las tarjetas a precios superiores a los fijados oficialmente por las empresas prestadoras del servicio, con multas equivalentes a 10 y 100 jornales mínimos.