El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.

“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.

“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.

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El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.

También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.

También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.

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Este sábado, los padres de los niños que fueron arrollados en el barrio Ciudad Nueva de Asunción confirmaron que ambos están fuera de peligro y que se salvaron de milagro. Los pequeños de 5 y 9 años habían sido llevados hasta el Hospital de Trauma, de donde ya fueron dados de alta.

El accidente ocurrió ayer viernes en las intersecciones de Teodoro S. Mongelos y General Bruguez, donde resultaron con lesiones una niña de 5 años y un niño de 9, que estaban caminando en la vereda. Todo el incidente quedó registrado en imágenes de cámaras de seguridad de la zona.

En los vídeos se puede ver como dos automóviles, uno de la marca Toyota, modelo Vitz, y el otro de marca Mercedes Benz, de color oscuro, chocan, subiendo uno de ellos sobre la vereda y embistiendo a los hermanos que iban caminando. La niña se levantó con mucha dificultad para ir a ver cómo está su hermano.

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“Gracias a Dios no pasó a mayores. Mi hijo se llevó la peor parte porque presenta un golpe en la cabeza, hoy se hizo una tomografía y radiografía, se encuentra fuera de peligro, pero quedará con secuelas psicológicas. Necesitará un tratamiento bastante riguroso”, detalló Juan Carlos Benítez, padre de los niños, al SNT.

Explicó que ambos quedaron bastante asustados y que el niño por el fuerte golpe en la cabeza olvidó algunas cosas. Además, no recuerda lo que pasó y la niña recibió menos golpes, pero igual quedó bastante asustada por lo que pasó y quedó con mucho miedo.

Agregó que hasta el momento no tuvo contacto con los involucrados en el grave accidente y que espera la ayuda de los mismos. “El suboficial fue hasta el hospital y le entregó una suma de dinero a la madre de mis hijos con eso solo cubrimos medicamentos. Ya realicé la denuncia formal. Solo quiero que se haga justicia”, puntualizó.

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Este lunes, un hombre reportó que su motocicleta robada estaba en un taller mecánico en la ciudad de Encarnación y agentes de la Comisaría 106 lograron recuperarla. La víctima aún debe abonar varias cuotas del biciclo, que lo había adquirido para poder trabajar. El taller funcionaría como un desarmadero.

Según el reporte policial, el robo se produjo durante la noche de ayer domingo, en el barrio San Pedro de la citada ciudad. La víctima sería Elvio Fernández, de 53 años, que hace unos meses compró la moto en cómodas cuotas para poder poder trabajar. Hoy, cuando llegó a un taller mecánico se percató de que su rodado estaba en el sitio.

Se trata de un taller ubicado en el barrio Ka´aguy Rory, donde el propietario encontró la motocicleta que estaba siendo desarmada y fue allanado. El propietario del lugar fue identificado como Richard Paredes Trinidad, quien indicó que compró partes de la moto de un hombre.

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“La moto fue robada en horas de la noche de ayer y hoy la víctima contactó con personas que estaban intentando vender partes de un biciclo similar. Cuando llegó al taller para ver las piezas se dio cuenta de que era su rodado y dio aviso a la Policía”, detalló Víctor Ferreira, subjefe de la Comisaría 106, en entrevista con la corresponsal de Nación/Madia.

De inmediato una comitiva policial llegó hasta el sitio y logró identificar la moto. El dueño del local entregó el biciclo más sus partes en forma voluntaria. Un testigo reconoció al presunto autor del robo mediante cámaras de seguridad como Arnaldo David Guerrero, de 20 años, quien contaba con prisión domiciliaria.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público desde donde ordenaron la incautación de la moto y que sea llevada hasta la comisaría. “El dueño del taller dijo que compró el biciclo por partes, pero la entregó entera. Ahora se investigará si se trata o no de un desarmadero de la zona”, detalló.

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