En la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, se analizó la iniciativa sobre el uso y la tenencia de armas de fuego. Se trata del proyecto de ley “de armas de fuego, sus componentes, municiones y sus componentes, accesorios controlados, explosivos, accesorios explosivos, precursores químicos de explosivos, afines de explosivos y artículos pirotécnicos”, que ya cuenta con la media sanción del Senado.

La comisión asesora, bajo la presidencia del diputado Pedro Ortiz, se reunió con el titular de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), Melanio Servín, con quien se analizó la propuesta y los alcances de una posible nueva reglamentación para el uso y tenencia de armas de fuego.

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La propuesta que pretende una modificación total de la ley 4036/2010, “que regula las armas de fuego, sus componentes, municiones y explosivos”, cuenta con 289 artículos. Uno de los principales puntos de este proyecto es la creación de un Registro Nacional de Portación de Armas de Fuego, que dependerá de la Policía Nacional, manteniendo su rol actual como autoridad competente para inscribir a las personas que cumplan con los requisitos legales para portar armas.

También establece la disposición de materiales incautados a favor de los órganos de seguridad y se fortalece el organismo de aplicación, la Dimabel, que pasará a denominarse Dirección General de Material Bélico (Digemabel)

Para un mayor estudio y debate, la comisión asesora convoca a una audiencia pública que se desarrollará el próximo lunes 11 de noviembre, a partir de las 08:00, en el Salón Comuneros de la Cámara Baja, en la que fueron invitadas diversas entidades del Estado, además del sector privado y el sector civil, refiere el informe de la Cámara Baja.

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En la mañana de este lunes miembros de la Coordinadora Nacional de Personas con Discapacidad se aglutinaron frente al Congreso Nacional con el fin de exigir la sanción del proyecto que plantea otorgarles una pensión equivalente a 25 % del salario mínimo, que representaría actualmente la suma de G. 699. 557.

La iniciativa va dirigida exclusivamente para los adultos mayores que posean discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, congénita o adquirida que se vean impedidas de desarrollar una actividad digna y remunerada. Pese a los reclamos, el documento presentado en noviembre del 2023, que ya cuenta con la media sanción de Diputados, no figura en el orden del día para su estudio en la sesión ordinaria del Senado prevista para este miércoles.

No obstante, el senador Natalicio Chase sostuvo que cualquiera de sus colegas posee la atribución de solicitar el tratamiento del proyecto en el estadio de sobre tablas. No obstante, el legislador indicó que persiste la tendencia al rechazo.

“La postura inicial del Senado fue el rechazo, seguramente será la misma y se requerirá de 30 votos. Al principio no hay un cambio, teniendo en cuenta las manifestaciones desde el Ministerio de Economía y Finanzas que refiere que es insostenible la aplicación de este proyecto de ley porque no está estudiado a cabalidad”, mencionó tras finalizar la reunión de la mesa directiva de la cámara.

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Chase explicó a la vez que la citada cartera estatal no participó en la elaboración y discusión de la iniciativa legislativa. Agregó que de concretarse este paso, se podría impulsar un nuevo proyecto con mejores estudios técnicos para luego aprobarlo.

Ante esta situación, los manifestantes alegaron que permanecerán en las inmediaciones del Congreso de manera indefinida como medida de fuerza hasta lograr la sanción del proyecto. A la vez no descartan tomar medidas de fuerza más duras, como una huelga de hambre en caso de que sus reclamos no sean atendidos.

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El martes 12 de noviembre, el Foro Latinoamericano de Infraestructura 2024 reunirá en Asunción a expertos, referentes de gremios de la construcción y funcionarios de entes de obras públicas de toda Latinoamérica para discutir los retos y oportunidades de la industria de la construcción en la región. La cuarta edición del evento se celebrará en el Puerto de Asunción (Avenida República y Colón), en el horario de 8:00 a 18:00.

El desarrollo de infraestructura es fundamental para aprovechar el reciente grado de inversión otorgado a Paraguay por una calificadora internacional, remarcó el ingeniero Paul Sarubbi, presidente de Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), que organiza este foro, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.

Sarubbi subrayó que la participación e inversión del sector privado será vital para reducir la brecha en infraestructura, que actualmente se estima en 30.000 millones de dólares. “Si consideramos que invirtiéramos 1.000 millones de dólares anuales, que actualmente ni siquiera llegamos a ese monto, nos tomaría treinta años alcanzar las infraestructuras que ya necesitamos hoy, sin contar las nuevas demandas que surgirán en el futuro”, comentó a través de un comunicado de prensa.

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Paraguay enfrenta una deuda pendiente en infraestructura y debería destinar entre el 3,5 % y el 4 % de su PIB anual en obras civiles, es decir, aproximadamente 1.500 millones de dólares al año, para alcanzar los estándares requeridos en sectores clave como el transporte, la vialidad y la energía, explicó Sarubbi. Añadió que el sector privado puede desempeñar un papel crucial mediante mecanismos como las concesiones y las alianzas público-privadas (APP), modelos que han demostrado su eficacia en países de la región como Chile.

“En estas herramientas, la iniciativa de generar un proyecto nuevo no tiene que venir desde el Estado, sino que son las empresas privadas las que identifican posibles proyectos de infraestructura y presentan la iniciativa (...) Y el Estado, con una cartera de proyectos de mano, debe evaluar cuáles son los proyectos más convenientes, lo que sean más rentables, lo que tengan un retorno económico o social más rápido”, puntualizó el referente.

El titular de Cavialpa señaló que el país necesita construir carreteras, puentes, redes de transporte, sistemas de alcantarillado, infraestructura energética y servicios públicos que permitan atraer capital privado y estimular la industria, impulsando así el crecimiento económico.

Estos temas se tratarán en el Foro Latinoamericano de Infraestructura, evento que contará con la presencia de representantes de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Perú, entre otros países, quienes compartirán sus experiencias en modelos de inversión y gestión de infraestructura. Se espera la participación de ministros de Obras Públicas de algunos de estos países, informaron los organizadores.

“Van a participar del foro y van a contar cuáles son las metodologías y enfoques para el desarrollo de infraestructura y cómo estos impactan en el crecimiento económico. Un país no puede crecer económicamente y no puede desarrollar todo su potencial de crecimiento si no tiene la infraestructura adecuada para acompañar, por, sobre todo, las inversiones privadas que tienen que venir”

Sarubbi resaltó la importancia de contar con una infraestructura moderna y eficiente que permita a Paraguay aprovechar su ubicación estratégica en el corazón de América del Sur. Esta posición, señaló, podría convertir al país en un hub económico y centro logístico que integre distintos mercados, industrias y sectores de Latinoamérica. Proyectos estratégicos como la Ruta Bioceánica, que conectará el Atlántico con el Pacífico, prometen transformar el rol de Paraguay en el comercio regional y aumentar la competitividad del Chaco, una de las regiones con mayor potencial de crecimiento, detalló.

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“Este foro va a servir para entender cuál puede ser el papel del Paraguay dentro de lo que es la logística regional. Aunque nuestra condición de país mediterráneo suele considerarse una desventaja por la falta de salida al mar y los altos costos logísticos, nosotros tenemos que aprovechar esta ubicación geográfica estratégica”, afirmó.

A nivel nacional, Sarubbi indicó que los desafíos son variados, desde la infraestructura de transporte hasta el acceso a servicios esenciales como agua potable y saneamiento. Subrayó la urgencia de avanzar en proyectos de tratamiento de aguas y redes de saneamiento, que no solo mejoran la calidad de vida, sino que también generan ahorros en salud pública.

“Cada dólar invertido en agua y saneamiento representa un ahorro de tres dólares en salud”, destacó, subrayando la conexión directa entre infraestructura y bienestar social. En este sentido, enfatizó que el desarrollo de infraestructura no solo impulsa la economía, sino que también es una herramienta para elevar la calidad de vida de los paraguayos y promover un crecimiento inclusivo en todo el país.

El foro también servirá como una plataforma para fortalecer la colaboración entre el sector público y privado, una necesidad urgente frente a la falta de políticas de largo plazo que afectan la continuidad de los proyectos de infraestructura. Sarubbi reiteró una queja recurrente de los gremios de la construcción: los constantes cambios de gobierno interrumpen el ritmo de inversión, lo cual impacta en el empleo en el sector y dificulta un crecimiento sostenido. Para 2025, se espera que la generación de empleo en el rubro continúe en recuperación, ya que en 2024 se han empezado a recuperar parte de los puestos perdidos, que alcanzaron un máximo de 310.000 trabajadores y actualmente rondan los 260.000.

Sarubbi aseguró que el Foro Latinoamericano de Infraestructura será una oportunidad para que las autoridades paraguayas y los representantes del sector privado presenten sus planes y proyecten una visión a largo plazo. Con el reciente acuerdo sobre la tarifa de Itaipú y la llegada de nuevas inversiones que se espera mediante el grado de inversión, Paraguay se encuentra en una posición favorable para desarrollar una política de Estado que impulse la inversión sostenida en infraestructura, puntualizó.

El senador Arnaldo Samaniego presentó una iniciativa que establece la conformación de un Consejo de Seguridad Ciudadana a nivel nacional, el cual estará conformado por comisiones vecinales. Agregó que con la propuesta se tendrá una mayor interacción con el Ministerio del Interior, gobernaciones y municipios en el combate contra la delincuencia.

“Entendemos que la preocupación en la capital, así como en todos los departamentos del país, es la inseguridad reinante. Para ello es más que importante la participación ciudadana organizada. Este proyecto de ley permitirá que los vecinos organizados puedan tener un relacionamiento institucional con las autoridades locales, departamentales y nacionales”, indicó Samaniego.

Asimismo, el parlamentario acotó: “A partir de esta iniciativa las comisiones vecinales se agruparán legalmente como Consejo de Seguridad Ciudadana de manera a que todos juntos hagamos frente a la delincuencia y la inseguridad. Esto dará un ropaje legal al consejo de manera a que tenga la fuerza necesaria, más músculo para actuar contra el flagelo”.

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Por su parte, el general retirado Mario Gómez de la Fuente manifestó que en Paraguay existen aproximadamente más de 600 comisiones vecinales de seguridad distribuidas específicamente en Asunción y los departamentos Central y Cordillera.

“Nuestro anhelo fue presentar este proyecto en apoyo a la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. Esta propuesta es largamente acariciada por todas las comisiones vecinales. El deseo es que los vecinos se organicen, que conformen sus comisiones a los efectos de apoyar y colaborar con la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, la Secretaría Nacional Antidrogas y con todas las instituciones que tienen como responsabilidad la seguridad”, comentó.

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