En el marco del operativo liderado por la Policía Federal del Brasil denominado “Pó de Serra”, que contó con la colaboración estrecha de los agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) se llevaron adelante varios allanamientos e incursiones en el territorio nacional que condujeron a la detención de líderes paraguayos involucrados en el esquema internacional de tráfico de drogas.

Gracias a esta colaboración interinstitucional, en el periodo de un año se realizaron 11 incautaciones de drogas que totalizaron alrededor de una tonelada de cocaína para exportación, que iba de Paraguay a Brasil. Parte de esta droga se vendía en ambos países, y otra parte tenía como destino Europa, saliendo a través de puertos marítimos en la región sur de Brasil.

Luego de un trabajo de seguimiento y reconocimiento de los integrantes de esta organización, los cuales serían varios en ambos países, dos fueron ubicados y detenidos en Paraguay, se trata de la pareja compuesta por Derlis Francisco Rivas Benítez y Liz Floria Alverico Alfonso, quienes serían los líderes del esquema en territorio nacional. Los mismos fueron capturados este jueves pasado mientras se hospedaban en un hotel de la localidad de La Paloma, en Canindeyú.

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El objetivo principal de las autoridades brasileñas es descapitalizar a la organización criminal, por lo que se determinó el embargo de los varios inmuebles en Brasil, además del congelamiento de cuentas vinculadas a 31 personas investigadas por un valor superior a 69 millones de dólares, eso sin contar el importante golpe que significaron las incautaciones realizadas durante el procedimiento.

En el territorio paraguayo se llegó a incautar un total de 17 cajas de 20 cartuchos, 52 cartuchos de 9 milímetros, 58 cartuchos de 2.23 milímetros, 17 cartuchos de calibre 12, 2 escopetas calibre 12 con 4 cargadores; dos para cada escopeta, dos máquinas contadoras de billetes y 2 cargadores de 9 milímetros.

Mientras que de los procedimientos en el territorio brasileño se logró incautar 44 vehículos, entre ellos camionetas y automóviles, 2 embarcaciones, 14 armas de diferentes calibres, 684 municiones, también de diferentes calibres, dinero en efectivo en diferentes monedas, drogas y joyas.

En la investigación se descubrió que los conductores reclutados por el grupo criminal transportaban la droga desde Pedro Juan Caballero, bajando hasta la región de Katueté e ingresando por la carretera brasileña que atraviesa las ciudades de Amambay, Tacuru y Sete Quedas, así como en Mato Grosso del Sur.

Dentro de Paraguay, los delincuentes decidían si regresaban a Brasil en la región de Guaíra o en Foz do Iguazú, en Paraná. El destino de la droga incluía varias ciudades brasileñas, entre ellas: Umuarama, Maringá y Curitiba, además de ciudades ubicadas en Santa Catarina como Balneário Camboriú, Itajaí y Joinville. Para transportar la droga, el grupo utilizaba hombres y mujeres, simulando parejas, con el objetivo de disimular el verdadero motivo del viaje en caso de controles policiales en el camino.

“Mayoritariamente, la estructura se encontraba en Brasil, pero había también objetivos que trabajaban aquí en Paraguay y es así que recibimos el pedido de colaboración de la Policía Federal del Brasil y la Senad identificó a los dos objetivos que eran buscados por las autoridades del vecino país. Es importantísimo para nosotros que la Policía Federal de Brasil confíe en la Senad y nos siga pidiendo este tipo de trabajos”, destacó el ministro de la Senad Jalil Rachid, calificando de exitoso el trabajo en conjunto.

Remarcó que la colaboración entre países es clave para hacerle frente a las estructuras criminales organizadas, en especial cuando se habla del narcotráfico, ya que en este tipo de contexto las mismas siempre se encuentran innovando en estrategias para evadir la ley y es necesario utilizar toda la capacidad no solo de fuerza sino de inteligencia y tecnología para anular sus núcleos de acción.

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En la ciudad de Montevideo, Uruguay, se desarrolló hoy la LX Reunión de Ministros de Justicia del Mercosur y Estados asociados. En la oportunidad instaron y se comprometieron al fortalecimiento de los sistemas penitenciarios para garantizar la seguridad ciudadana.

En representación de Paraguay asistió el ministro de Justicia Rodrigo Nicora Villamayor, quien junto con sus pares trabajaron en la creación de una mesa interinstitucional del Mercosur sobre acceso a la Justicia y la redacción de un cuestionario sobre Acceso de la Justicia Transnacional y Doméstico.

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En la reunión, el ministro Nicora agradeció la acogida a las recomendaciones planteadas por la delegación de Paraguay al documento consensuado sobre el proyecto de “Acuerdo entre los Estados Partes del Mercosur y los Estados Asociados sobre jurisdicción internacionalmente competente, ley aplicable y cooperación jurídica internacional en materia de matrimonio, relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, divorcio, separación conyugal y relaciones personales, patrimoniales y disolución de las uniones convivenciales”.

Esto demuestra la voluntad de la República del Paraguay “en pos de la integración regional en los temas abordados en el ámbito de Justicia”, subrayó el titular de la cartera.

Cabe señalar que la delegación paraguaya solicitó la incorporación al mencionado proyecto, de acuerdo las observaciones y sugerencias realizadas por la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la Corte Suprema de Justicia y en donde el Ministerio de Relaciones Exteriores también había solicitado se cumpla lo establecido en nuestras normativas.

El ministro Nicora felicitó a los grupos técnicos por la excelente tarea desarrollada a lo largo de este semestre. Los mismos contribuyeron con sus esfuerzos para la consecución del objetivo trazado, indicó. Además expresó que el intercambio de experiencias y buenas prácticas permitirá el fortalecimiento de los países de la región en los temas abordados en la reunión de ministros de Justicia, como el acceso a la Justicia y el sistema penitenciario.

“Paraguay tuvo una activa participación en las reuniones de la Comisión Técnica de Justicia, preparatorias a la Cumbre de Ministros que tuvo lugar hoy. En esta instancia se presentaron trabajos realizados en foros en materia de cooperación jurídica civil internacional, asistencia jurídica mutua en asuntos penales y sustracción internacional de menores”, explicó el ministro.

En estas reuniones las delegaciones coincidieron en las bondades de la tramitación de las solicitudes electrónicas, tanto en cuanto a la celeridad como a la seguridad en el envío.

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Uno de los problemas alarmantes de la sociedad son los casos de feminicidio, un fenómeno que sigue cobrando vidas, debido a que es el último eslabón de la cadena de la violencia de género.

La Lic. Sandra Ayala, jefa del departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCMUNA), Hospital de Clínicas, abordó este tema, y en el mes de la salud mental puso énfasis en cómo la violencia comienza de manera sutil, con abuso psicológico, y evoluciona hasta llegar a lo físico y, lamentablemente, en algunos casos, al feminicidio.

A la fecha, en el Paraguay se cuenta con un total de 25 casos de feminicidios, que dejaron como saldo 56 hijos huérfanos, en tanto que la lista de tentativa de feminicidio suma un total de 38 reportes y todas las mujeres ya están protegidas, según datos del Ministerio Público.

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“El feminicidio no es un hecho aislado. En Paraguay tenemos índices alarmantes, lo que nos llama a reflexionar y a actuar. La violencia de género sigue un patrón progresivo, comienza con un abuso psicológico, luego pasa al físico y al sexual. Es una situación cíclica donde la víctima, muchas veces, queda atrapada por la dependencia emocional y económica”, explicó.

La Lic. Ayala destacó que muchas mujeres no abandonan la relación violenta no porque no lo deseen, sino porque se sienten atrapadas en un círculo vicioso. “El agresor tiende a aislar a la mujer, a hacerla sentir que no vale nada, diciéndole cosas como que sin mí no eres nadie. Este abuso emocional es un método para dominarla. Por esta razón, es vital contar con una red de apoyo para que las víctimas puedan salir de esa situación”, señaló.

Para ayudar a las mujeres en situación de riesgo, la jefa de Psicología sugiere acciones prácticas, como guardar documentos importantes en un lugar seguro, hacer copias de las llaves de la casa por si quieren encerrarlas y mantener un fondo de emergencia.

“Es crucial que las mujeres sepan que no están solas. Existen instituciones y personas que pueden ayudarlas, pero la denuncia es fundamental. Es necesario que se les diga que hay justicia y apoyo para que puedan decidir salir de la relación antes de que la violencia termine de la peor manera, con la pérdida de una vida”, dijo.

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Instó a las personas cercanas a las víctimas a brindar orientación y apoyo emocional, ayudándolas a entender que no están aisladas y que existen recursos a su disposición.

Según la psicóloga, muchos agresores tienen perfiles egoístas, creyéndose superiores y dueños de sus parejas. “Una de las señales de advertencia es la celopatía, que luego justifica los golpes. El abuso comienza con frases descalificadoras y evoluciona hacia la violencia física. Si el respeto se pierde en una relación, es cuestión de tiempo antes de que ocurra algo más grave”, subrayó.

Las personas que necesiten orientación psicológica pueden agendar una cita a través de la central telefónica del hospital, que es actualmente la línea 142 que se marca directamente si la persona posee las compañías telefónicas Copaco, Claro y Personal; en tanto de las líneas de Tigo y Vox, se debe anteponer el prefijo 021. El horario habilitado para solicitar turnos es de lunes a viernes de 7:00 a 17:00.

Las consultas con las psicólogas se realizan en la Unidad Ambulatoria Adultos, turno mañana y tarde. Es importante que las víctimas acudan a un profesional desde los primeros signos de abuso, para evitar que la situación se agrave y para recibir el apoyo necesario para salir del círculo de violencia.

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Nuestro régimen de gobierno está definido como democracia representativa, participativa y pluralista, tal como se explicita en el Artículo 1 de nuestra Constitución Nacional. La República del Paraguay –declara, además– se constituye en Estado social de derecho. Hasta ahí la transcripción literal de nuestra ley fundamental. La soberanía popular, por ende, reside en el pueblo. A través de elecciones libres, limpias, transparentes y universales selecciona o escoge a quienes habrán de representarlo en los cargos que precisan del voto ciudadano para ocuparlos.

Entiéndase, presidente y vicepresidente de la República, senadores, diputados, gobernadores, intendentes y sus respectivos colegiados departamentales y municipales. Sin embargo, la máxima disposición legal que nos rige también habilita a la ciudadanía a expresarse a través de diversos mecanismos, entre ellos, la iniciativa popular para proponer proyectos de ley ante el Congreso de la Nación.

Y, naturalmente, a los poderes Ejecutivo y Legislativo a promover consultas con las diferentes organizaciones que agrupan a obreros, campesinos, movimientos sociales, estudiantes, mujeres, empresarios y referentes de partidos políticos que no han podido conseguir un escaño en una de las cámaras. Y, a su vez, estos diferentes exponentes de la sociedad tienen derecho a plantear sus demandas –genéricas o puntuales– a las autoridades de turno.

En la capacidad de escucharse mutuamente se perfeccionan el diálogo, el entendimiento, la tolerancia y la búsqueda compartida del bienestar colectivo. Se administra la disidencia en un marco de respeto a la pluralidad y a las instituciones. Y, cuando el consenso se torna absolutamente imposible, la democracia dispone de adecuados mecanismos para dirimir las diferencias y alcanzar la resolución pacífica de los conflictos.

De lo contrario, el empantanamiento constante en aquellos temas sobre los cuales no hay acuerdos mayoritarios provocaría la imposibilidad de gobernar y avanzar como país. Pero no todos quieren aceptar esta realidad que impone las reglas de la convivencia en un Estado de derecho. Entonces, se ambiciona socavar el poder al que no pudieron llegar por la vía de las urnas, de tal modo a ir debilitando sus estructuras y a sus cuadros políticos de cara a las próximas elecciones. Una suerte de guerra de guerrilla dialéctica. O, por lo menos, verbal, puesto que la oposición de ideas, que pueda generar una síntesis iluminadora, cede ante los exabruptos, los insultos y las descalificaciones de parte de algunos mediocres que ni se percatan de su condición de tales. Es más, se consideran intelectuales.

Desde antes de que asumiera el actual presidente de la República, Santiago Peña, han pretendido deslegitimarlo por la vía de un sofisma, recurriendo a razonamientos falsos con apariencias de verdad. Por ejemplo, de que el mandatario representa a una minoría, pues, sumados todos los votos de los demás partidos, estos superan el 50 por ciento de los sufragios. Es cierto que el actual Ejecutivo se quedó con el 42,74 por ciento, pero muy lejos del segundo, Efraín Alegre, con 27,48 por ciento. Esto es, 15,26 puntos de diferencia.

La Asociación Nacional Republicana obtuvo, además, 23 senadores de un total de 45 y 48 diputados sobre 80. O sea, mayoría propia en ambas cámaras. Y de las 17 gobernaciones departamentales, 15 son administradas por representantes del Partido Colorado, merced también a la decisión soberana de la mayoría del electorado paraguayo. Decimos verdad aparente porque, en un sistema electoral como el nuestro, donde no se contempla la segunda vuelta o balotaje, no se precisa superar el 50 por ciento para gobernar.

Ocurrió lo mismo con Fernando Lugo, en el 2008, quien derrotó a la ANR con apenas el 41 por ciento, es decir, por diez puntos de diferencia sobre Blanca Ovelar, quien quedó rezagada con el 31 por ciento. Esta falacia demagógica se evidencia cuando los mismos protagonistas que hoy argumentan que Peña no cuenta con el favor de la mayoría se olvidan de alegar lo mismo cuando el exobispo de San Pedro llegó al Palacio de López, lo que quita completa seriedad y valor a dichos juicios.

Ahora bien. Veamos la otra parte. Apenas sancionada la “ley que establece el control, la trasparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, algunas de estas entidades salieron a vociferar que el Poder Ejecutivo tiene que vetar esta iniciativa por “atentar contra las organizaciones que son las voces de la sociedad civil”. ¿Quién les adjudicó tal representación? Los sectores que son supuestamente destinatarios de sus proyectos ni siquiera saben de su existencia. Sus trabajos son desconocidos, así como los resultados de estos emprendimientos que cada año se embolsan millones de dólares, tanto de ingresos locales como externos.

¿A quiénes benefician estas organizaciones? Por las documentaciones que fueron filtradas en las últimas semanas, más que nada, solo a sus directivos con jugosas remuneraciones. Privilegios que alcanzan a amigos, familiares y operadores políticos de la oposición. Viven de y en la burbuja mediática.

Así justifican sus honorarios, sin que sus misiones se plasmen en la realidad. Corcovean porque quieren seguir disfrutando alegremente de la plata dulce –mal que adjudican a los políticos que condenan–, pero sin que nadie husmee en qué y cómo gastan sus millonarios presupuestos. No pueden esgrimir que representan a la sociedad civil, porque solo defienden sus espurios y propios intereses. Nada aportan a la democracia ni a la justicia social. Aunque sí para la buena vida de sus líderes.