Desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) informaron que durante el mes de marzo llevaron a cabo la verificación de instituciones educativas en Central y Presidente Hayes, donde se realizó un control de los trabajadores vinculados a las empresas proveedoras de alimentación escolar, en el marco del programa Hambre Cero.

Este programa permite que hoy 8.200 trabajadores, entre cocineras, auxiliares, limpiadoras y otros, acceden a empleos formales y protección social a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

Durante los operativos realizados entre el 14 y el 21 de marzo fueron verificadas 60 instituciones educativas donde se presta servicio de alimentación bajo la modalidad Catering y Cocinando en las Escuelas. Como resultado, se logró registrar en el IPS a un total de 3.190 trabajadores, lo que representa un aumento del 64% en relación con la cantidad que contaba con cobertura antes de la intervención.

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En el marco del programa Hambre Cero, ya suman 8.200 los trabajadores que acceden a la cobertura social de IPS mediante su trabajo en el programa de alimentación escolar.

Las verificaciones se realizaron en 52 escuelas del departamento Central y 8 de Presidente Hayes y estuvieron a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) en conjunto con el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE).

También fueron inspeccionadas 8 empresas y consorcios responsables del servicio alimentario, donde se detectaron irregularidades como que el 56% de los trabajadores no contaba con copia del contrato, 44% no estaba registrado en el sistema de control de asistencia, 30% no tenía acceso a la seguridad social y un 7% se encontraba trabajando sin contrato formal.

El Ministerio de Trabajo destaca que mediante la rápida acción el 75% de los casos de empleo informal fueron regularizados en un plazo de 48 horas, garantizando así que más personas accedan a los derechos básicos del trabajo formal como cobertura médica, aporte jubilatorio y protección frente a accidentes laborales.

“El compromiso con una alimentación saludable en nuestras escuelas debe estar acompañado de un firme compromiso con los derechos de las personas que la hacen posible. Trabajo digno y alimentación digna son pilares de una política pública justa e inclusiva”, expresó la ministra de Trabajo, Mónica Recalde.

Remarcó además que este operativo marca un hito en el cumplimiento de los objetivos del programa Hambre Cero, que no solo prioriza la nutrición de la infancia paraguaya, sino también la dignidad del trabajo en toda la cadena de provisión de alimentos.

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En el salón Auditorio de la Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional se desarrolló un análisis crítico “Al poder disciplinario ejercido por la Corte Suprema de Justicia contra los abogados litigantes”, donde se contó con la presencia de renombrados disertantes. Seis de los exponentes coincidieron de que la Corte no puede sancionar a los abogados que no trabajan para ellos.

Según el profesor doctor Nicolás Gaona Irún hubo coincidencia entre los colegios de abogados de que la Corte no tiene facultades disciplinarias que está ejerciendo sobre los abogados que no dependientes o funcionarios judiciales. Sin embargo, uno de los disertantes se mostró renuente a la situación y demostró su apoyo a la Corte, afirmando que sí tiene la potestad contra los litigantes.

“La postura de seis de los exponentes es que la Corte no puede juzgar disciplinariamente a quien no es su dependiente. Cada uno dio su punto de vista y fue socializado con el auditorio”, detalló Gaona en entrevista con La Nación/Nación Media. El evento organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) contó con una alta participación al tratarse de una situación que compete a los abogados del territorio nacional.

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Confirmó que uno de los expositores se mostró a favor de la Corte Suprema de Justicia y se excusó ante una ley que ya fue derogada. “Excepto el colegio de abogados de Villarrica representado por el doctor David Bogado, quien dijo que cree que la Corte tiene facultades e infundo su punto de vista, pero en una Ley que está derogada que es la 879″, señaló.

Indicó que el auditorio realizó sus preguntas como puntos de vistas, en el que muchos coincidieron en que la corte se extralimita y que no tiene la facultad disciplinaria con los abogados independientes. “En todos los casos hubo coincidencia que no puede disciplinar y que son inconstitucionales las medidas aplicadas por la Corte. Además, se habló de que la colegiatura obligatoria era una salida que había fracasado”, puntualizó.

Agregó que se resolvió hacer un informe sobre la exposición realizada y que será publicada dentro de un mes en formato de libro, que tendrá una presentación en formato digital y más adelante en impreso. “Yo creo que la corte se extralimita que funda la existencia del Consejo de Superintendencia así como la Ley 609 y el mal entendido sobre la vigencia de la ley 879 que fue derogada en el año 1992, sin embargo ellos están poniendo en vigencia”, sentenció.

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Las empresas cotizantes con las que la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, confeccionó los precios referenciales para la adquisición de 10.500 muebles escolares chinos, reconocieron haber presentado erróneamente sus presupuestos. Esta situación desborda el falso montaje impulsado por el dirigente opositor contra Itaipú.

Esto, según la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) N 874/25 de fecha 27 de marzo. La DNCP había iniciado una investigación de oficio por inconsistencias en los documentos y datos proporcionados sobre los precios referenciales, cuyo resultado confirmó “la existencia de irregularidad”.

De acuerdo al documento, hubo irregularidad “desde la solicitud de precios de potenciales oferentes y la falta de fundamentación en la combinación de fuentes para el establecimiento de los precios de referencia, lo que induce y vicia el presente procedimiento de contratación desde su planificación”.

Por tanto, la DNCP sostiene que corresponde anular el procedimiento de contratación y ordena la reformulación de los precios de referencia del llamado. “Esta Dirección Nacional constata la existencia de una irregularidad sustancial que vicia el procedimiento de contratación desde su fase de planificación, al comprometer la legalidad, transparencia, objetividad y eficiencia del proceso”, indica el documento.

La resolución de la institución agrega que “en consecuencia, corresponde anular sin perjuicio a que pueda ser subsanado. Por tanto, se ordena la reformulación de los precios de referencia del llamado con lD N 460394 “Adquisición de Mobiliarios”. La presente investigación de oficio se da por concluida en los términos expuestos, sin perjuicio de que, en caso de surgir nuevos elementos relevantes, esta Dirección Nacional actúe dentro del ámbito de su competencia”.

Las firmas que desnudaron las falacias del intendente Prieto son Fiorella Muebles, de Alfredo Aniano González; Intelfly S.A, de Nimio Villalba Gauto, el Grupo L&J de Marcos Antonio López, así como la Distribuidora Paula de Gerardo Rolando Arévalos. Esto, en el marco de la investigación de ofi­cio de la DNCP, encabezada por Agustín Encina.

En la resolución emitida por la DNCP, se detalla que las empresas Fiorella Muebles e Intelfly S.A manifestaron haber recibido un documento en blanco en lugar de las especificaciones técnicas requeridas, motivo por el cual formularon consultas a la municipalidad esteña sin obtener respuesta alguna. Agrega que ante la falta de información oficial, ambas firmas mencionan que basaron sus presupuestos en las especificaciones técnicas estándar del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

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Mientras que la Distribuidora Paula indicó a la DNCP haber recibido las especificaciones técnicas por parte de la convocante, aunque no consta en la documentación que permita verificar el contenido recibido. Asimismo, la propia firma reconoció que su cotización fue realizada con base en precios referenciales disponibles en la plataforma Alibaba.

“Esto evidencia la debilidad técnica y la falta de rigurosidad del procedimiento seguido por la Convocante, considerando que tales plataformas electrónicas de comercio internacional no ofrecen parámetros confiables para establecer precios de referencia válidos en el contexto de la contratación pública, ya que no reflejan condiciones reales del mercado local, ni garantizan especificaciones técnicas verificables, términos de entrega aplicables, ni tributos o costos logísticos asociados”, expresa la DNCP.

En el caso de la firma Grupo L&J, la institución refiere que se constató la convocante le remitió un detalle de especificaciones técnicas distintas a las establecidas en las bases del procedimiento, solicitando cotización con base en requerimientos que no coinciden con los publicados oficialmente, lo que refuerza el trato desigual otorgado entre oferentes y la falta de uniformidad en la información transmitida.

“En consecuencia, los presupuestos utilizados para la elaboración del precio de referencia fueron construidos sobre parámetros diversos, erróneos o genéricos, ajenos a las especificaciones técnicas finalmente a probadas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Esta situación genera una distorsión sustancial en la conformación del precio de referencia, viciando la etapa de planificación del procedimiento y contraviniendo el principio de transparencia y de igualdad de condiciones entre potenciales oferentes”, sentencia la DNCP.

Prieto apuntó a instalar sospechas de supuesto tráfico de influencias en el proceso de adjudicación que impulsó la entidad binacional Itaipú para la compra de 330.000 muebles escolares de la empresa local Kamamya SA, que ya están siendo distribuidos por el Gobierno en un total de 22 distritos vulnerables.

La campaña de desprestigio contra la Itaipú, sin fundamentos ni argumentos sólidos, es impulsada por el líder del movimiento Yo Creo con el apoyo de medios de comunicación aliados, legisladores opositores y disidentes colorados.

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El director ejecutivo de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Nelson Peralta, resaltó que la media sanción lograda para la modificación de la Ley de Patentes que el pasado martes aprobó la Cámara de Diputados es producto de un trabajo conjunto que llevaron adelante la organización, la Agencia Nacional de Transporte, legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.

En comunicación con La Nación/Nació Media, resaltó que desde el inicio del diálogo en la búsqueda de la modificación de la Ley que entró en vigencia en diciembre pasado han mantenido constantes reuniones y diálogos tanto con el presidente del Congreso, Basilio Núñez, como con diputados y senadores. Incluso, destacó que ya se conversó con el presidente de la República, Santiago Peña, y sus asesores, a fin de dar celeridad a su tratamiento, aprobación y finalmente promulgación.

“Esperamos que el Senado pueda tratarla esta semana y de ser posible aprobarla, de tal modo que antes del 31 de marzo el presidente de la República pueda promulgar la nueva Ley modificada. Esto, teniendo en cuenta que hay municipios en los que este 31 de marzo ya vencen las patentes. Entonces, con los nuevos precios los ciudadanos podrán acercarse a pagar”, precisó.

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Nelson Peralta resaltó que desde la organización están conformes con lo resuelto por la Cámara de Diputados, que aprobó esta semana las modificaciones que habían planteado a la legislación que entró en vigencia en diciembre del año pasado. Indicó que desde la Opaci han trabajado en la elaboración de las modificaciones.

“Nosotros habíamos elaborado una propuesta que decía que el costo más bajo no podría ser inferior al 0,4% del jornal mínimo,y que el porcentaje máximo no debería superar el salario mínimo vigente. Esto fue lo que finalmente ellos sacaron de lo que nosotros presentamos”, explicó.

Remarcó que con el equipo técnico de la Opaci, junto al equipo técnico de la Agencia Nacional de Transporte, se reunieron con los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, además del vicepresidente primero Marcelo Salinas y los miembros de los consejos departamentales de intendentes municipales, para acordar los puntos que fueron tratados y modificados por el plenario en la sesión ordinaria del martes pasado.

Peralta destacó que en la nueva ley que está siendo estudiada por el Congreso se establece, en uno de sus artículos, la instalación de un ente de control que deberá velar por el cumplimiento de la Ley, que es la Agencia Nacional de Tránsito.

“Anteriormente no existía una institución que controlara a los intendentes para el cumplimiento de la Ley. Ahora es la Agencia la que estará a cargo de los controles, y esa ley con media sanción, si es que no la modifica el Senado, dice que el intendente que expida incorrectamente una habilitación o una patente será multado con un jornal mínimo diario por cada habilitación mal concedida”, precisó.

Respecto a la Agencia Nacional de Transporte, señaló que es la que está integrada con la presidencia de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, que delega en el director general, rango de viceministro de Transporte. Cuenta con una junta o consejo nacional que integran además de la titular del MOPC; sus pares, los ministros del Interior, Salud Pública, Educación, los intendentes de Asunción y Guarambaré, el titular de Opaci.

El director Ejecutivo de la Opaci resaltó que con estas modificaciones que se están introduciendo, los costos de las patentes van a bajar, ya que al principio se establecía el 0,5 % sobre el valor imponible y ahora se estableció el 0,3 % sobre el valor imponible.

“En algunos municipios se les fue verdaderamente de las manos, llegando a cobrar G. 50.000 por la patente de un auto 2015 o 2020, eso no correspondía, pero lo hicieron. Ahora deberán cobrar conforme al valor imponible”, precisó.

Finalmente, indicó que una vez promulgada esta Ley con sus modificaciones, desde la Opaci ya cuentan con un programa que les permitirá a los municipios hacer los correspondientes cálculos de acuerdo al vehículo que solicite su habilitación. Precisó que a los 264 municipios del país se les entregará el programa que tiene cargado todas las marcas de los vehículos, modelos, años, procedencia; además si tiene 4 puertas, 2 puertas, es naftero, diésel, eléctrico o híbrido.

“Cada vehículo tiene un costo diferenciado y nosotros desde la Opaci vamos a entregar este programa a cada municipio, donde al introducir los datos de la cédula verde, ya le estará diciendo cuánto es su impuesto a la patente. Nosotros ya tenemos todo preparado, estamos esperando que se apruebe. A partir de ahí, queda a cargo de cada intendente cobrar el monto que se le indica. La Agencia Nacional de Transporte se encargará de controlar el cumplimiento de la Ley”, concluyó.

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