“Ciudad del Este libre” es la movilización ciudadana que fue impulsada este miércoles frente al Poder Judicial con el fin de requerir celeridad a la justicia en los procesos judiciales que enfrenta el intendente opositor Miguel Prieto. Afirman que las protestas no pararán hasta que el también aspirante a mandatario enfrente por lo menos una audiencia de imposición de medidas.

“Estamos insatisfechos con el poder judicial, no sabemos por qué tarda tanto su imposición de medidas, Prieto sigue libre, campante y robando. Esta persona es un mal mayor. Nosotros desde el 2020 estuvimos presentando denuncias contra este intendente”, dijo el activista Arturo Páez en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

De las 41 denuncias contra el líder del movimiento Yo Creo, un total de 10 fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana. Hasta el momento, solo en 2 expedientes Prieto está imputado por el Ministerio Público. La primera es en la causa donde se investiga la compra de bolsas de alimentos durante la pandemia del covid-19 en el 2020.

En este caso el jefe comunal y otras 10 personas de su entorno cercano fueron imputadas por lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.

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La última imputación contra Prieto y otras 11 personas de su entorno fue por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Incluso se ordenó el embargo preventivo de sus bienes, así como la prohibición de vender o gravar sus propiedades.

Las investigaciones sugieren que el dirigente del sector opositor habría encabezado un esquema para el desvío de recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas vinculadas a él, generando beneficios económicos indebidos.

“Nosotros hicimos un trabajo muy extenso excepcional con la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, incluso tenemos todo evidenciado y corroboramos los hechos de corrupción. Se hicieron pedidos de informes en la Subsecretaría de Estado de Tributación, en la Dirección de Contrataciones Públicas. Sabemos que hay mucha impunidad, que si no hay presión no hay acción y acá se está haciendo mucha omisión”, lamentó Páez.

Asimismo siguió argumentando que “Con un grupo de ciudadanos estamos encadenados frente al Poder Judicial y no saldremos, siempre se nos miente. La última vez que venimos fue hace 6 meses. Estamos cansados de que esta justicia sea selectiva, ya no estamos creyendo en la acción del Poder Judicial, parece que ya tenemos que tomar medidas más drásticas como lo hacemos ahora de encadenarnos y gritar para pedir justicia por Ciudad del Este porque todos los días estamos siendo robados”.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, adelantó que se implementarán cambios “radicales” en la institución el próximo año. El legislador mencionó que estos cambios tienen que ver con la disminución de las direcciones generales y la reestructuración de recursos humanos.

“Va haber cambios radicales para el año que viene en el Senado de la Nación, estamos trabajando para reestructurar los recursos humanos para que desaparezcan las casi 250 direcciones y nos quedemos con 30 direcciones generales, apartar los que tienen oficio, los que tienen profesiones”, dijo en conversación en la 1020 AM.

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Sostuvo que están trabajando con otros legisladores de diferentes bancadas para presentar un proyecto en el cual se pueda establecer una carrera legislativa, esto teniendo en cuenta la superpoblación en la institución legislativa.

“Estamos trabajando con varios senadores de diferentes bancadas y queremos eso ofrecer después en el marco de una ley de carrera legislativa o un reglamento de una carrera legislativa, nosotros no nos vamos a quedar atrás”, adelantó el senador.

Por otra parte, ya en conversación con diferentes medios de comunicación, informó que propondrá a sus colegas eliminar cupos de combustible y seguro médico VIP del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025. Adelantó además que la bancada de Honor Colorado estudiará eliminación de estos beneficios.

“El sentir de la mayoría de los colegas de diferentes bancadas es dejar sin efecto lo que había aprobado la bicameral con respecto al seguro para los parlamentarios y el aumento que se tenía previsto, y también los combustibles”, sentenció.

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Los trabajadores del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu salieron a las calles para manifestarse en reclamo de mejoras salariales. Piden recibir los mismos beneficios que sus colegas de otros centros especializados dependientes del Ministerio de Salud Pública.

Tanto el personal de blanco como administrativo se encuentra en movilización permanente desde el día de ayer lunes para exigir reivindicaciones laborales, ya que indican que hace diez años no reciben ajustes en sus estipendios. Además se cortaron las bonificaciones para algunos trabajadores.

“Nosotros hace diez años que venimos postergados en las reivindicaciones salariales, eso solo para el Hospital Pediátrico. Como hospital especializado exigimos también igualdad y equidad de parte del Ministerio de Salud”, señaló la licenciada Nelly Giménez en diálogo con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Afirmó que “son los únicos olvidados” por parte del Ministerio de Salud. “No solo deben vanagloriarse cuando hay logros institucionales y cuando hay trasplantes. Ahí siempre todo el tiempo ellos convocan a conferencia de prensa y en sus redes todo el tiempo somos el hospital ejemplo”, expresó.

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La trabajadora pidió a las autoridades sanitarias tenerles en cuenta cuando se trata de “reivindicaciones salariales que muchísimo tiempo estamos postergados”.

La enfermera consideró “injusto” que otros hospitales especializados reciban otro trato, sin embargo el trabajo es el mismo. “Trabajamos 365 días del año, no tenemos feriado. Es lo que nosotros elegimos, amamos lo que hacemos, pero creo que eso debería reflejarse también en nuestros salarios para poder vivir dignamente”, sostuvo.

Detalló los salarios que ganan los profesionales de diferentes áreas. “Nosotros no cobramos como los asesores, no tenemos el privilegio de poder ir dos veces a la semana o de manera virtual. Imagínense cuántas veces ya subieron las cosas y nuestro salario ronda entre 4.320.000, 3.650.000, un médico terapista gana cinco millones”, reveló.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer el informe financiero de la Dirección de Presupuesto que indica que, a octubre de este año, los Organismos y Entidades del Estado (OEE) que componen la administración central ejecutaron un total de G. 49,2 billones, equivalentes al 70,1 % del presupuesto vigente.

El presupuesto inicialmente aprobado presentó una suba de 5,9 % al cierre del mes de octubre, es decir, de G. 66,3 billones se incrementó a G. 70,2 billones, explicado principalmente por el aumento en bienes de consumo e insumos y transferencias; respecto a lo último, la mayor parte se destinó a la alimentación escolar, transferencias a las municipalidades, y transferencias de la Administración Central a las entidades descentralizadas.

El 80 % del total ejecutado corresponde a gastos corrientes, principalmente para pago de salarios a las fuerzas públicas, personal de blanco, docentes, pagos por compra de medicamentos, intereses de la deuda pública, prestaciones de la seguridad social, incluyendo el pago a adultos mayores y otros programas sociales del Estado.

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En cuanto al financiamiento, el 62 % (G. 30,7 billones) de la ejecución presupuestaria de los tres poderes del Estado y las demás entidades de la administración central, fue financiado con recursos del Tesoro (Fuente 10); mientras que el 20 % (G. 9,7 billones) con recursos de crédito público (Fuente 20) y el 18 % (G. 8,6 billones) con recursos institucionales (Fuente 30).

Con recursos del crédito público se obligó G. 9,8 billones, de dicho monto, un 55 % fue con bonos soberanos, y entre los principales gastos se encuentran los pagos de productos farmacéuticos y medicinales; construcciones correspondientes a los proyectos de inversión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), aportes o subsidios al transporte público colectivo entre otros.

Del total de G. 49,2 billones obligados al décimo mes del 2024, el 76% corresponde al Ministerio de Economía, Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), y Ministerio de Obras.

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