Por la mañana de este martes tomó posesión del cargo de director general del Registro del Estado Civil (REC), Ariel Centurión González, en una ceremonia realizada en la sede central de la institución y que contó con la presencia de la ministra de Justicia, Cecilia Pérez Rivas.
La designación se dio a través del decreto N° 4313 del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien nombró a Centurión González en reemplazo de Luis Esquivel Sánchez, quien fue cambiado debido a diferencias con la titular del Ministerio de Justicia en cuanto al presupuesto para la institución en el 2021 y otras circunstancias.
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“Veníamos trabajando de manera bastante alejada. Últimamente se generaron varios conflictos. Uno de ellos fue por las actas digitalizadas. El otro fue que nos quisieron responsabilizar a nosotros del recorte de presupuesto del Registro Civil y nosotros trabajamos en su momento con Hacienda para que no se recorte”, afirmó Pérez en contacto con 1020 AM.
En ese sentido, la ministra de Justicia comprometió a Centurión para desarrollar gestiones con eficiencia. “Te quiero comprometer a cumplir tus funciones con intensa gestión, honestidad y creatividad para salir adelante porque nos toca un año difícil”, expresó Pérez.
En tanto que el flamante titular del Registro Civil manifestó que trabajará con valores de honestidad y transparencia para el desarrollo de la función pública. “Como servidores públicos, desde el Registro del Estado Civil tenemos pensado desarrollar acciones enmarcadas en un plan estratégico para dar soluciones a las realidades de la ciudadanía y vamos a trabajar en base a tres valores fundamentales, que son la honestidad, la transparencia y el patriotismo, para llevar adelante la institución”, afirmó Centurión González.
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Tobilleras electrónicas serán una herramienta para frenar el crimen organizado en cárceles
El día viernes 10 de enero una persona fue beneficiada con el uso de la tobillera electrónica por primera vez en el país. La abogada Mirna Morínigo, directora de Asistencia Legislativa y Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia, habló de la importancia que tendrá este dispositivo en el corto y largo plazo.
“Si ahora tengo cerca de 80 % de las personas privadas de libertad en forma preventiva, ese porcentaje grande de gente está expuesta a ser captada por el crimen organizado, esas personas pueden salir a la sociedad y hacen todo tipo de hechos punibles, lo que termina siendo más costoso y más perjudicial para la ciudadanía”, expuso la abogada.
La explicación de la directora surgió a raíz de los cuestionamientos de que el Estado asuma el costo de las tobilleras en caso de que la persona demuestre insolvencia. En este sentido mencionó que hacer caso omiso a esto, y dejar que las personas guarden prisión preventiva, también genera un costo para los contribuyentes, además de que se genera un riesgo mayor para la sociedad.
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“Es más difícil manejar una sobrepoblación penitenciaria y es preferible que siga trabajando y siga pagando el beneficio. La regla es el pago, la exoneración es excepción y la prevención siempre va a ser más barata. La prevención en cualquier ámbito, llámese salud y seguridad termina costando más barato al final al contribuyente ”, enfatizó en contacto con la 1020 AM.
Asimismo, precisó que en total hay una disponibilidad de 1.000 tobilleras, sin embargo, en esta primera fase se acordó entre todas las instituciones implementar en 20 casos, esto de modo a que todavía es una herramienta experimental y es probable que surja la necesidad de ajustes en medio de la implementación y esto será más fácil de controlar con un número reducido de usuarios de estos dispositivos.
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Ministerio de Justicia de Colombia accedió a reunirse con viuda de Pecci
La ministra de Justicia y del Derecho de Colombia, María Ángela Buitrago informó a Nación Media que la institución a su cargo ha respondido favorablemente a la nota remitida por la viuda del fiscal Marcelo Pecci, Claudia Aguilera, quien solicitó una reunión a esta cartera y otras más, de modo a abordar temas relacionados a las personas que guardan reclusión por el crimen contra su exmarido.
“Ya está concedida la entrevista con la viuda del fiscal paraguayo, por seguridad no puedo informar cuándo será y creo que todas las instituciones accederán, pero no tengo certeza de que hayan respondido esa solicitud”, afirmó la titular de Justicia en contacto con “Cuenta Final”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, manifestó que no llegó ninguna información al ministerio de que hubiese algún tipo de riesgo respecto a Francisco Luis Correa Galeano, tal y como lo manifestó Aguilera en su escrito a las instituciones colombianas. Correa falleció el pasado 3 de enero en “La Picota”, centro penitenciario de alta seguridad de Bogotá, Colombia en manos de otro recluso.
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Buitrago afirmó que la cartera a su cargo no recibió ningún tipo de información de que exista un peligro contra los otros condenados en el marco del caso Pecci. No obstante, cabe recordar que medios colombianos informaron que las autoridades penitenciarias decidieron reforzar la seguridad de Margareth Chacón, la coordinadora logística del crimen contra el fiscal paraguayo.
“Siguen siendo testigos de la Fiscalía, desde este punto de vista, ellos deben asegurar la comparecencia de estos testigos aún estando condenados, tienen que activarse las medidas necesarias para el efecto y las medidas que se han impartido son el aseguramiento y el cumplimiento de las normas carcelarias en todos los casos”, refirió la ministra.
La funcionaria de Estado de Colombia señaló también que buscan ser cautos respectos a las hipótesis sobre la muerte de Correa Galeano, puesto que la investigación aún es incipiente y está en curso, a cargo del Ministerio Público de su país. “No podemos adelantar ninguna hipótesis hasta tanto se genere la información de la Fiscalía”, remarcó.
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Cambios históricos en el sistema penitenciario, un objetivo que va tomando forma
- Por Silde Oporto, silde.oporto@nacionmedia.com.
El Ministerio de Justicia cierra un año con importantes cambios en el sistema de administración penitenciaria, una reorganización de la administración de los centros de reclusión y algo impensable en muchos años, como es la instalación de los módulos de máxima seguridad para personas privadas de libertad de alta peligrosidad.
El Operativo Veneratio, realizado en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú en diciembre del 2023, marcó este cambio en el sistema penitenciario del país, no solo se logró retomar el control de esta penitenciaría, sino fue el inicio de los cambios en el sistema, que se fueron dando en todo este año.
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, realizó un análisis de todos los logros alcanzados en este año 2024. En conversación con La Nación/Nación Media, destacó la apertura de parte de las nuevas penitenciarías y la clasificación de las personas privadas de libertad, además de la instalación de módulos de máxima seguridad.
“En este 2024, con un presupuesto que tuvo un recorte del 17 %, con eso habilitamos las penitenciarías de Emboscada Martín Mendoza, de máxima seguridad, que vino de la mano del operativo Veneratio, para eso también tuvimos que contratar nuevo personal y la habilitación parcial de Minga Guasú, también del módulo de máxima seguridad y el módulo convencional”, indicó.
Citó además que, en Minga Guasú, también por primera vez en el sistema penitenciario nacional fue habilitado el módulo de máxima seguridad femenina, para las mujeres privadas de libertad que tengan altos perfiles. “Esto nunca antes se había habilitado, los módulos de máxima seguridad para varones como para mujeres”, expresó.
Esto también permitió trabajar en una clasificación más pormenorizada de las personas privadas de libertad y las personas condenadas, que fueron divididas entre las que tengan condenas y luego dividida en baja, mediana y alta peligrosidad. Todos estos cambios se iniciaron con el operativo Veneratio, y con otros operativos posteriores.
Preparación de nuevos agentes penitenciarios
Además de la reorganización de las personas privadas de libertad, se incrementó el número de agentes penitenciarios, capacitados y entrenados con la colaboración del Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas conjuntamente con el Instituto Técnico Superior de Educación y Formación Penitenciaria. Con esto fueron formados 300 nuevos agentes penitenciarios y 30 armeros que también fueron capacitados.
“Todos estos operativos tuvieron un denominador común, el trabajo interinstitucional con las fuerzas públicas y la lucha frontal contra el crimen organizado, además del reordenamiento del sistema penitenciario”, destacó.
Proyecciones para el 2025
El ministro de Justicia también habló de las proyecciones para el próximo año, seguir con esta reorganización y en esto se incluye el cierre de la penitenciaría de Ciudad del Este, como así también, habilitar al 100 % los tres nuevos centros penitenciarios, los dos que se encuentran en Emboscada y la de Minga Guasú, que permitirá continuar con el reordenamiento de todo el sistema, según dijo.
“Estas nuevas penitenciarías son solamente para las personas condenadas y al poder habilitarlas al 100 % vamos a poder reordenar el sistema y soñamos con la posibilidad, a mitad de año o antes, de buscar el cierre total de la penitenciaría regional de Ciudad del Este”, apuntó.
Mensaje del ministro
Cerrando este año, el ministro de Justicia dio su mensaje para la ciudadanía, se comprometió a seguir trabajando por la seguridad. “Mi mensaje para la ciudadanía para este año que viene es sencillo, un mensaje de compromiso, de honestidad y de trabajo profundo en búsqueda de reforzar siempre la seguridad ciudadana y la mejora de las condiciones de las personas privadas de libertad”, sentenció.
También aseguró el trabajo para la reinserción de las personas que cumplen con sus penas y logran su libertad. “Aquellas que quieran reinsertase, queremos darle todas las oportunidades posibles, porque únicamente de esta manera vamos a poder recomponer una sociedad que muchas veces se ve corrompida por un sistema penitenciario que no da oportunidades”, puntualizó.
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Derechos humanos: MJ avanza en vigencia y cumplimiento de sentencias internacionales
Varios son los logros que se destacan desde el Ministerio de Justicia en este 2024, que, entre otros puntos, progresa sobre la formulación del IV Plan de Acción de la Red de DDHH del Poder Ejecutivo – período 2024-2028, la capacitación a más de 670 funcionarios públicos en derechos humanos, un Protocolo de Acceso a Justicia de Personas con Discapacidad Psicosocial, y hasta la elaboración en marcha del Manual de Derechos Humanos para el Sistema Penitenciario.
Según detalles del informe de gestión proporcionados por el Viceministerio de Justicia, el plan de acción de la Red de DDHH tiene objetivos, prioridades, y cronograma de trabajo para la protección, promoción y vigencia de los derechos humanos en Paraguay, con sus primeras labores ya previstas para este 2025. Mencionan que el plan tiene la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el Ministerio de Justicia tuvo activa participación al ser institución rectora en la materia.
Recuerdan que su objetivo general es desarrollar acciones que favorezcan mejorar los mecanismos de defensa, protección y promoción de los derechos humanos a través de la articulación y coordinación de las políticas, planes y programas de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), que integran la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo.
Según se precisa, se proyecta conformar mesas temáticas que estudien caso por caso las situaciones que se presenten en materia de derechos humanos con especial prioridad para aquellas circunstancias que surjan desde grupos en situación de vulnerabilidad.
Capacitación
Asimismo, un aspecto resaltante fue la capacitación a más de 670 funcionarios públicos, miembros de la red de derechos humanos del Poder Ejecutivo, puntos focales del SIMORE plus, representantes de gobiernos municipales y departamentales, al igual que el diplomado en Derechos Humanos con Enfoque en Protección Social en la Gestión Pública.
Otro logro que se resalta en la gestión es el que se consiguió con las guías prácticas para la implementación del Protocolo de Acceso a Justicia de Personas con Discapacidad Psicosocial.
Destaca también la campaña contra el racismo, la discriminación y la xenofobia en el fútbol, articulada entre el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Deportes, la Conmebol, Ministerio de Tecnologías (Mitic) y el Instituto de Políticas Públicas en materia de Derechos Humanos del Mercosur.
De igual manera, señalan que se consiguieron alianzas estratégicas con la firma de la Carta de Intención entre el Ministerio de Justicia, Procuraduría General de la República y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur.
Asuntos internacionales
Otro apartado importante del informe destacan los asuntos internacionales en materia de derechos humanos, fortalecimiento del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (SIMORE Plus), en el período 2024,en que se verificaron un total de 1.119 reportes de seguimiento, reflejando el compromiso continuo del Estado paraguayo en la implementación de las recomendaciones internacionales.
Señalan que se elaboraron informes internacionales como el VIII informe periódico nacional del Estado paraguayo al Comité Contra la Tortura (CAT), y la elaboración del II informe periódico nacional del Estado paraguayo al Comité Contra la Desaparición Forzada.
Asistencia a PPL
En el sistema penitenciario, se realizaron 28 constituciones in situ, oportunidad en que se asistió a 182 personas privadas de libertad mediante consentimiento informado, sumadas a las siete visitas de monitoreo, situación que permitió el seguimiento a las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad y, se asistió a 368 de ese grupo.
También se logró la sistematización del procesamiento de solicitudes y/o denuncias, con 251 expedientes que permitió la atención de 307 personas privadas de libertad (PPL), y la formulación de informe de seguimiento a las recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).
Finalmente, indicaron que se inició la redacción del Manual de DDHH para el Sistema Penitenciario, que tiene por objetivo contar con principios y orientaciones básicas en derechos humanos, basado tanto en la normativa nacional como en los estándares internacionales, en cuanto al trato que se debe dar a las personas privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios. La labor cuenta con la cooperación técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).