Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM) arrojó una serie de irregularidades contables que arrastra desde hace años.
El reporte habla de desprolijidades, falta de documentos, incorrecta clasificación de cuentas y otras cuestiones que hacen que su balance financiero no se encuentre en orden. Además, en la evaluación del Mecip, sitúa a la institución en un rango medio, atendiendo a las falencias en su gestión y la falta de cumplimiento de objetivos.
La auditoría fue realizada en junio de este año y se verificó el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2018. El equipo auditor aceptó el estado financiero de la entidad, bajo 12 salvedades o cuestionamientos. Las mismas no permiten decir que todo está en orden en la casa, según indicó el Lic. Horacio Acosta, de la Dirección de Control de Administración Descentralizada de la CGR, en comunicación con La Nación.
Muy al contrario, este informe se refiere sobre un cúmulo de irregularidades arrastrado hace años por la entidad, en algunos de los casos. Estas cuestiones levantan la sospecha de que no se está cuidando como corresponde el dinero de los asociados de la Caja Municipal.
En los primeros puntos, se señala desde la Contraloría que no está bien discriminada ni se tiene de manera concisa la información de las cuentas de su balance. Mencionan en un segundo punto en la cuenta de depósitos en banco la suma de G. 11 mil millones a discriminar, monto que tiene pendiente el ingreso de la boleta de depósito.
“Se observa que las municipalidades depositaron dinero pero no se sabe cuál comuna fue que pagó tal monto”, indicó Acosta.
En otro punto se habla sobre préstamos realizados por la Caja con un saldo negativo de G. 4 mil millones, el cual sufre la falta de actualización de previsiones hace 5 años.
“La Caja debe prever un porcentaje que quizás ya no va cobrar, lo que no se ve reflejada en su estado financiero. No actualiza hace 5 años el asunto”, mencionó.
Así continúa el listado de cuestionamientos, refiriéndose el equipo auditor a ítems dentro de su balance que la Caja no actualiza, no depura o ingresa de forma correcta. Estas situaciones están afectadas por grandes sumas de dinero y contablemente no están registradas como deben.
En otros puntos se habla sobre la clasificación incorrecta de cuentas, con montos que van desde G. 2 mil millones y G. 13 mil millones, en otro caso. En el punto número 9 se refiere a la cuenta de “Deudores por cobro de gestión judicial, cuyo saldo asciende a G. 47 mil millones, monto arrastrado hace varios años”.
La cuenta “Saldos a Discriminar”, se incrementó a G. 3.471 millones, sin poder identificar a quiénes de los aportantes corresponden dichos depósitos. En décimo segundo y último punto de la cuenta “Otras Cuentas Pasivas”, se tiene la suma de G. 2 mil millones que no cuenta con respaldo documental de las obligaciones.
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Gestión no cumple con objetivos
La evaluación del Sistema de Control Interno (Mecip), arrojó un rango de 2,43 de nivel de maduración, ubicándole en el rango de “Diseñado”. Se trata de una puntuación intermedia, según nos comentó el Lic. Acosta.
Hay deficiencias en el control y aplicación del cumplimiento de los objetivos que establece el sistema. Por ejemplo, el dictamen señala que la institución debe propiciar una conciencia de control que influya profundamente en la cultura de organización. Se menciona que la máxima autoridad institucional debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de control interno.
Se recomienda adoptar una gestión ética que defina estrategias, el cumplimiento de los compromisos adoptados en el Código de Buen Gobierno, la identificación y aplicación de estrategias para el desarrollo permanente del personal, así como la definición de políticas de operación que sean revisadas de forma permanente.
“La Ley Orgánica de la Contraloría señala que las recomendaciones que hacemos son de cumplimiento obligatorio. Por eso se le hace un seguimiento al Plan de Mejoramiento que presenta la institución tras la conclusión del dictamen”, indicó.
A continuación el informe in extenso:
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