Tras las declaraciones de Eduardo Petta San Martín, ministro de Educación y Ciencias, sobre el condicionamiento a los colegios para que estos reabran sus puertas en este mes de noviembre, para los estudiantes de los últimos años, Miguel Marecos, secretario Ejecutivo del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) mostró su repudio a los dichos de Petta a quien recordó que la coacción es un delito con pena carcelaria.
Igualmente, en representación a su gremio y el de los docentes, solicitó una urgente audiencia con el ministro Petta para abordar los temas de cierre de año lectivo 2020 de los colegios y escuelas de todo el país y para la planificación de actividades escolares para el 2021.
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“Le recuerdo al ministro Petta que el delito de coacción tiene una pena carcelaria de seis meses a tres años. Evaluaremos una acción judicial sobre estas expresiones. La vida primero”, disparó Marecos en su cuenta de Twitter, tras el condicionamiento del MEC sobre los desembolsos de gratuidad escolar.
En la Constitución Nacional existe la Ley Nº 4088 que “Establece la gratuidad escolar de la Educación inicial hasta la Educación Media” con el que garantiza el derecho que tiene toda persona a una educación integral, permanente y en igualdad de oportunidades. Esta ley ordena al Estado paraguayo brindar un monto de dinero a las instituciones educativas por alumno matriculado.
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Sin embargo, Petta, días atrás había declarado ante los medios de comunicación que solo aquellas instituciones que abrieron sus puertas recibirán el desembolso en concepto de gratuidad: “Normalmente la gratuidad se les entrega a los colegios que están habilitados todos los años; sin embargo, esto no se dio porque no hubo presencialidad. Los gremios tienen que entender que los colegios que tienen retorno son los que van a recibir la gratuidad”, fueron las desatinadas palabras del ministro Petta, atendiendo a que la gratuidad está asentada por ley.