Bebidas del Paraguay S. A., actualmente propiedad de la multinacional chilena Compañías Cervecerías Unidas (CCU), y AV S. A., embotellador y distribuidor de PepsiCo en Paraguay, quien forma parte de la multinacional paraguaya Grupo A. J. Vierci, desde hoy integran sus operaciones.

La estructura societaria de las compañías queda representada en un 51 % por CCU y en un 49 % por A. J. Vierci. De esa manera, BDP se convierte en uno de los negocios multicategorías de bebidas y alimentos más grandes del país, con un portafolio que abarca más de 30 reconocidas marcas en 10 categorías diferentes.

Afirman que esta integración impulsará el crecimiento de la empresa y abrirá nuevas oportunidades de inversión, a fin de beneficiar a sus colaboradores, proveedores y a sus más de 32 mil puntos de venta, a los que llegarán con una propuesta de valor más robusta, diversa y conveniente.

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Las marcas del nuevo portafolio BDP en gaseosas son Pulp, Pepsi, Paso de los Toros, Mirinda, Seven Up y Split. En jugos y néctares, Watt’s y Puro Sol. En aguas, La Fuente y Aquafina. En bebidas deportivas, Gatorade. En bebidas energéticas, Red Bull y Rockstar. En Cervezas, Heineken, Amstel, Sol, Sajonia, Kunstmann, Blue Moon, Paulaner y Schin. En destilado, Pisco Mistral. En vinos, Misiones de Rengo y La Celia. En alimentos y snacks, Lay’s, Doritos, Cheetos, Fandangos y Quaker.

La CCU es una empresa multicategoría regional de bebestibles con más de 170 años de historia y operaciones en Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay. La multinacional participa en negocios de cervezas, bebidas gaseosas, néctares y jugos, vino, pisco y aguas minerales, entre otros.

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Están presentes en Paraguay desde 2013 a través de Bebidas del Paraguay S. A. y Distribuidora del Paraguay S. A., empresas de la que previo a esta asociación era dueña al 100 % de las acciones. En total, CCU cuenta con 10.000 colaboradores y su accionista controlador es Inversiones y Rentas S. A., joint venture, formado en partes iguales por Quiñenco y Heineken.

Por su parte, A. J. Vierci tiene 57 años de trayectoria en el país, opera en supermercados, fast food, industrias, distribución de bebidas, alimentos, perfumes, electrónica, medios de comunicación, entre otros rubros. Tiene su centro operativo en Paraguay y desarrolla sus actividades comerciales en Paraguay, Brasil, Perú, Panamá, Uruguay y Estados Unidos. Emplea a más de 17.000 colaboradores directos.

Este martes, desde la Dirección de Educación Departamental de Itapúa informaron que están investigando una denuncia sobre la supuesta venta de merienda escolar en zona de Cambyretá, departamento de Itapúa. Aparentemente una persona tenía ocho cajas de leche y las puso a la venta en redes sociales.

Según el reporte dado por Julia Rivas, secretaria de Educación de Itapúa, la denuncia fue realizada por una persona ante la dirección del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) del citado departamento. Se presume que un hombre identificado como Juan López estaba ofreciendo los cartones de leche que son proveídos como merienda escolar.

“Hemos hecho la verificación, hicimos un recorrido, identificamos a la persona que compró y llegamos hasta su casa donde pudimos constatar que realmente, por su edad, ella adquirió sin saber su procedencia”, explicó Rivas en entrevista con el programa “Dos en la Ciudad” de canal GEN/Nación Media.

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Dijo además que era un hombre el que estaba ofreciendo las cajas de leche en un grupo de whatsapp y ahora buscan llegar con él para saber de dónde obtuvo las leches cuya venta está totalmente prohibida. “Realizamos la denuncia ante la Policía Nacional para que puedan intervenir”, aseguró.

Agregó que las meriendas son entregadas a las instituciones educativas y posteriormente se reparten a los alumnos. Hasta la fecha no existen denuncias de que se hayan hurtado leches de alguna institución. “No podemos permitir este tipo de cosas, siempre vamos a estar monitoreando para que la ley les caiga a estas personas”, señaló.

Afirmó que no permitirán que le roben sus meriendas a los alumnos que están necesitando en las instituciones educativas. La merienda escolar es entregada a 887 escuelas públicas en el departamento de Itapúa, pero el hecho se originó en el barrio La Amistad y buscan llegar con la institución de donde salieron estos paquetes.

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Rossana Escobar M.

rossana.escobar@nacionmedia.com

Tras los resultados perdidosos en sus candidaturas por la Concertación Nacional, el clan Núñez – Defelippe vuelve a husmear en la arena la política. Soledad Núñez, excandidata a vicepresidenta de la República por la Concertación Nacional, y su esposo, Bruno Raúl Defelippe, excandidato a senador, ambos son conocidos por sus esquemas de negocios con ONGs que se financian detrás de proyectos públicos.

Núñez no dejó pasar la oportunidad para colarse como crítica del Gobierno actual para sacar rédito político y deslizar su aspiración a la intendencia de Asunción.

La exministra de Senavitat y oenegeísta, que intentó intervenir en las elecciones pasadas mediante operadores camuflados de miembros de una organización civil, reapareció detrás del informe presidencial planteando en los medios de comunicación que se debe construir una nueva forma de hacer política.

Con teorías y cátedras administrativas, Núñez transmitió su reflexión de que “Asunción necesita un cambio profundo en cuanto a la administración”. Mientras tanto, su esposo Bruno, principal cerebro de la red de ONGs, se encuentra embarcado en otro megaproyecto que, de vuelta está cimentado con bienes públicos. Recordemos que esas oenegés a su cargo minaron nuestras instituciones y están sostenidas detrás de proyectos públicos, pese a que siguen una agenda con lineamientos, principalmente provenientes del extranjero.

El clan Núñez - Defelippe no cambió el modus operandi. Continúa persuadiendo a la opinión pública con proyectos que pintan de maravillas, pero que, en realidad, exigen detrás importantes colaboraciones del sector público, es decir, con recursos provenientes de los contribuyentes.

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Es así que, mientras Soledad apunta a ciertas candidaturas, como la de la intendencia de Asunción, Bruno Defelippe articula atractivos proyectos que corren sobre rieles gracias al fin social – cultural que plantea. Sin dudas, estas iniciativas generan simpatía de gran alcance que, luego, se inducen hacia el ámbito político, tal como ocurrió en las elecciones pasadas. Recordemos que el gran gancho en los discursos políticos de Defelippe fue la gestión a favor de las Pymes, la bicisenda, etc., todas a través de ONGs y usando al Estado.

El nuevo proyecto de Defelippe es el muy publicitado Museo de Ciencias, una iniciativa de MUCI, una oenegé de la que forma parte el esposo de Soledad.

Recordemos que, para el ambicioso proyecto, la Municipalidad de Asunción, previa aprobación de la Junta Municipal, adjudicó en noviembre del 2023 la venta directa, con un valor fiscal, a la ONG Muci, presidida por el señor David (Daved) Wallace Peery y en la que figura como parte Defelippe, esposo de Soledad Núñez, según constan en los documentos de constitución, constancias de beneficiarios finales presentados ante la Abogacía del Tesoro, con fecha de hasta el 18 de junio del 2024.

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Recordemos que la venta directa de 5 hectáreas por parte de la comuna capitalina fue por G. 6.010 millones (US$ 808 mil), cuando el valor cotizado en la zona de la costanera de Asunción es de G. 1 millón el m2, dato confirmado por las mismas fuentes de la municipalidad. Es decir, el valor real de mercado de las 5 hectáreas asciende a unos G. 50.000 millones, unos US$ 6,6 millones al cambio actual.

El pago ya fue realizado a la comuna de Asunción y se espera la aprobación de un convenio entre la Municipalidad y la ONG para la implementación de algunos escuálidos beneficios que, básicamente, se traducen en entradas gratis a todos los paraguayos dos días al mes, una vez que se habilite el Museo. No se visualizan condicionantes con relación al uso, enajenación del predio una vez que transcurran los 5 años, que es el plazo establecido por la Ordenanza número 33/95 de “Tierras Municipales”.

Recursos de la envergadura que facilitó la municipalidad de Asunción y el típico convenio de cooperación institucional en el que una de las partes tiene infiltrado a Bruno Defelippe, sin dudas, perfilan el proyecto en una vidriera importante para su amada esposa, hoy aspirante a intendente de la capital del país.

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Los organizadores de la subasta del Balón de Oro entregado al legendario jugador argentino Diego Maradona en 1986 anunciaron este domingo el aplazamiento de la subasta, como consecuencia de un “clima litigioso” y de las “incertidumbres”. El abogado de la familia de Maradona anunció después que apelaría esta decisión.

Un tribunal de Nanterre, en la periferia de París, denegó el pasado jueves la suspensión de la venta del trofeo que habían reclamado los herederos del futbolista fallecido, al asegurar que la pieza fue robada durante un atraco a un banco en octubre de 1989 en Nápoles. Paralelamente, se presentó otra demanda según confirmó a la AFP la fiscalía de Nanterre.

En este contexto, la casa de subastas Aguttes decidió aplazar la venta, que debía producirse el jueves en Neuilly-sur-Seine, otra localidad de la periferia de la capital. “Nuestra misión es organizar las subastas en las mejores condiciones, tanto para el vendedor como para los compradores”, indicó en un comunicado el director de la firma Maximilien Aguttes, añadiendo que “este clima litigioso” y las “incertidumbres” que genera no permiten asegurar el proceso de venta.

Este anticuario, que no precisó la fecha de la nueva subasta, aseguró haber adquirido el Balón de Oro en una subasta en 2016 “en un mismo lote” compuesto por centenares de trofeos, la mayoría de ellos de escaso valor. El trofeo que recompensó a Diego Maradona en 1986 fue entregado por la revista France Football al mejor jugador del Mundial, pero no forma parte de los Balones de Oro que se entregaban en la época al mejor jugador del año, que en aquel entonces estaban reservados a jugadores europeos.

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Un tribunal argentino suspendió hasta el 1 de octubre el inicio del juicio por la muerte en 2020 de Diego Armando Maradona, inicialmente previsto para la próxima semana, y no hizo lugar al pedido de traslado del cuerpo realizado por los hijos del astro del fútbol. Ocho profesionales de la salud, entre ellos el cirujano que lo intervino, serán juzgados por “homicidio con dolo eventual” (sin intención) de Maradona.

El Tribunal Oral en lo Criminal n.º 3 de San Isidro (provincia de Buenos Aires) dispuso, en una resolución con fecha del martes, pero difundida este miércoles, suspender la audiencia del 4 de junio y reprogramarla para el 1 de octubre. Para los jueces existe una “pluralidad de cuestiones que se han ido suscitando por las distintas pretensiones de las partes y que a la fecha restan resolverse” antes de iniciar las audiencias, indica el texto al que accedió la AFP.

La resolución dispuso además “no hacer lugar -por el momento- al traslado de los restos de quien fuera en vida Diego Armando Maradona”. Los hijos del campeón mundial en México-86 habían solicitado a principios de mayo trasladar los restos del “10″ de un cementerio privado a un mausoleo en el exclusivo barrio de Puerto Madero, en Buenos Aires.

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Los imputados por su muerte son el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, la médica coordinadora Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna y los enfermeros Ricardo Omar Almirón y Dahiana Gisela Madrid. Esta última hizo un pedido para acceder a un juicio por jurados, por el que aún debe expedirse la Cámara de Apelaciones, y que es mencionado en la resolución como uno de los motivos puntuales de la suspensión.

Maradona, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia y emblema de la selección Albiceleste, falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 en su lecho de enfermo, convaleciente de una cirugía por un hematoma en el cabeza sufrido en un accidente casero. Según la autopsia, el ídolo del argentino Boca Juniors y el italiano Napoli murió a causa de “un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”.

Fuente: AFP.