Siguen en aumento los casos de COVID-19; a nivel país, hasta la fecha se confirmaron 63.731 casos positivos. Ayer se reportaron 546 positivos activos; de estos, 3 corresponden a las funcionarias y personas privadas de su libertad del Centro Penitenciario para Mujeres Casa del Buen Pastor.
“Una mujer privada de libertad (MPL) y dos agentes penitenciarias dieron positivo a COVID-19, según la prueba realizada tras presentar síntomas de la enfermedad”, afirmaron desde el Ministerio de Justicia y confirman que la penitenciaría de mujeres es la única con casos activos.
Activan protocolo
Ante estos nuevos casos, el ente decidió activar el protocolo sanitario trabajado con el Ministerio de Salud Pública para mitigar la expansión del virus. “Como primera medida, se estableció que todas las mujeres privadas de sus libertad del mismo pabellón guarden cuarentena obligatoria dentro de sus respectivas celdas”, aseguraron.
En tanto, confirmaron que desde la Dirección de Salud Penitenciaria se encargaron de tomar muestras a las demás mujeres que tuvieron contacto con los casos positivos. Ahora se aguardan más resultados de muestras tomadas dentro de la penitenciaría.
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Monitoreo
“Asimismo, con el Ministerio de Salud Pública se fortalecerá el monitoreo de las mujeres privadas de libertad con síntomas de COVID-19 a fin de establecer acciones que puedan disminuir el riesgo de propagación del coronavirus”, ratificaron.
Aclararon que a la fecha, solo el Buen Pastor entre los demás centros penitenciarios cuenta con casos activos, ya que las demás penitenciarías donde ingresó el virus fueron declaradas libres del nuevo coronavirus. “Tras la recuperación de agentes penitenciarios y personas privadas de libertad que habían sido afectadas por la enfermedad”, concluye el comunicado.
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Imputan a cinco funcionarios penitenciarios por supuesta liberación de presos
- Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Alcides Giménez Zorrilla imputó a cinco funcionarios penitenciarios por haber supuestamente facilitado la liberación de ocho personas privadas de libertad. Son PPL de alta peligrosidad que estaban en el pabellón de máxima seguridad del Centro Penitenciario de Minga Guazú. El fiscal solicitó la prisión preventiva de todos ellos.
Están procesados Pedro Arnaldo López Martínez (31), Benicio de Jesús Romero Aguilar (28), Ariel Gustavo Mareco Benítez (23), José Carlos Alfonso Torres (23) y Jonathan Nicolás Barúa Chamorro (23). Los cargos son frustración de la persecución y ejecución penal, así como por liberación de presos, previstos y penados por los artículos 292 y 294 del Código Penal, según el escrito fiscal.
Giménez Zorrilla indicó que los hechos quedaron registrados en las cámaras de CCTV del recinto penal, que son controlados desde una central de monitoreo, donde se encontraba el funcionario Nicolás Barúa Chamorro.
En dichas imágenes se pudo observar a los agentes Romero Aguilar, Mareco Benítez, Alfonso Torres y López Martínez, haciendo el traslado de los reclusos Juan Insfrán, Wilson Rotela y Miguel Insfrán hasta el sitio denominado “espacio de soleo” del pabellón especial.
En el trayecto, al momento de ingresar, Wilson Rotela y al cerrar la puerta de hierro con la cadena de seguridad utilizado como candado, se habría dejado la llave de seguridad puesta, lo que permitió que la puerta se abriera sin dificultad, según la sustentación del procesamiento.
Luego, el agente Pedro López Martínez se retiró sin tomar precauciones para dirigirse al sanitario; en ese momento, Wilson Rotela abrió la puerta de la celda y salió. Acto seguido, procedió a abrir las puertas de las demás celdas colindantes, un total de ocho. Todo esto, según lo expuesto por la fiscalía.
Una vez fuera de los espacios de soleo, los reos Blas Pablo Melgarejo Benítez (alias Chopalé), Wilson Darío Rotela, Marcio Quadra Caetano, Derlis Ramón Giménez, Fredy González Delvalle, Fernando Aquino, Anderson Queiróz y Juan Insfrán, subieron al techo de rejas de hierro, tipo tejido.
Siempre de acuerdo al escrito fiscal, del citado techo treparon la muralla, donde fue dejado un grillete con la cadena cortada y la llave puesta, que fue incautado posteriormente por el personal policial.
El grupo descendió por un ducto de agua mediante una cañería, arrastrándose por debajo del tejido de alambre perimetral, conocido como “tierra de nadie”. Finalmente, subieron a la garita y se tiraron al exterior del Centro Penitenciario, mediante el uso de sábanas, concretándose la fuga.
Personal de monitoreo
En cuanto a la conducta del personal Nicolás Barúa Chamorro, quien cumplía funciones en el centro de monitoreo de las cámaras de seguridad, durante el horario de la fuga, según el fiscal Giménez, habría omitido observar las cámaras y no alertó a las autoridades, lo que indica su activa contribución en la fuga de los criminales.
El agente fiscal refirió que el sistema de monitoreo tiene censores de movimiento por cuya razón no se explica cómo no pudo ver que algo estaba pasando. Dentro del proceso de investigación, Giménez Zorrilla, realizó la incautación de los celulares de los sospechosos, los cuales fueron individualizados en el acta de procedimiento.
Recaptura
Uno de los fugados fue recapturado en la madrugada de ayer jueves. Se trata de Fredy González Delvalle, quien cumplía una condena de 40 años de prisión por su participación en una masacre ocurrida el penal de San Pedro, cuando miembros de la facción criminal Primer Comando Capital (PCC), asesinaron a diez reclusos.
El fiscal Alcides Giménez solicitó un plazo de cuatro meses para la presentación del requerimiento conclusivo. Los imputados permanecen provisoriamente en la Dirección de Policía de Alto Paraná, a cargo del magistrado Carlos Vera Ruiz, del Juzgado de Garantías 3.
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Lesión de confianza y asociación criminal: juez fija audiencia preliminar para Miguel Prieto
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.
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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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Salud reporta aumento del 46 % de casos de covid en la última semana
Desde el Ministerio de Salud confirmaron que en la última semana se reportó un aumento sostenido del 46 % de casos de covid-19, que se verificaron en 14 regiones del territorio nacional. La mayor cantidad se reportan en Asunción y departamento Central. También se registraron 26 pacientes hospitalizados, uno de ellos ingresó a la terapia intensiva, así como una persona fallecida.
En la última semana, la cartera sanitaria procesó 1.041 muestras para detección de SARS-COV2, de los cuales el 13,5 % dieron un resultado positivo, equivalente a 206 casos de la enfermedad a nivel país. “Evidenciando un aumento del 46 % con respecto a la semana anterior”, resaltaron en el informe.
Los casos identificados se dieron en 14 regiones, sin embargo, el 65 % se reportaron en el área metropolitana; el 33 %en el departamento de Central y, en la ciudad de Asunción, el 32 %. Para evitar contagios es importante el uso de tapabocas en hospitales y el lavado de manos constante.
Niños internados y un fallecido
De los casos positivos se hospitalizaron 26 pacientes y uno de ellos fue ingresado a cuidados intensivos. Sin embargo, son los pacientes pediátricos los que más requirieron internación, el grupo etario afectado son menores de 5 años equivalente al 23 % y en adultos mayores de 60 años son el 31 %.
Lamentablemente, se confirmó un fallecido, se trata de una persona de la tercera edad que no estaba protegida con la vacunación. “Se confirmó un fallecido por la enfermedad al cierre de la semana (SE) 09, una persona adulta mayor sin registro de vacunación”, puntualizaron. Recordaron que están disponibles las dosis de las vacunas contra el covid para evitar complicaciones.
Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta u otros, la cartera sanitaria insta a usar mascarilla en sitios cerrados con aglomeración de personas, acudir a la consulta médica oportuna para recibir un tratamiento. Afirmaron que es muy importante cumplir con el reposo para impedir la propagación del virus y la recuperación total de la enfermedad.
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Hace cinco años, la OMS calificó al covid-19 como “pandemia”
- Ginebra, Suiza. AFP.
“Hemos considerado que el covid-19 puede ser calificado de pandemia”. Hace cinco años, el 11 de marzo, el jefe de la Organización Mundial de la Salud soltó la frase que hizo tomar conciencia al mundo entero de la gravedad de la situación.
Pero ya desde el 30 de enero, la OMS había declarado su más alto nivel de alerta frente al nuevo coronavirus detectado en China a mediados de diciembre de 2019: la Urgencia de Salud Pública de Alcance Internacional o USPPI. Una fórmula que no impactaba en la opinión pública.
Presionado por las preguntas de los periodistas, Tedros Adhanom Ghebreyesus también mencionó “la amenaza de la pandemia” el 9 de marzo, pero el electrochoque tuvo lugar dos días después.
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Una sala, un ambiente
El miércoles 11 de marzo, muchos periodistas se agolparon en torno a las mesas en forma de U en una pequeña sala en las entrañas de la imponente sede de la OMS en las alturas de Ginebra, no lejos de la frontera francesa.
La conferencia de prensa, prevista para las 17H00 locales, pudo ser seguida en las redes sociales, por teléfono y por Zoom.
Frente a los periodistas, Tedros, a su derecha Mike Ryan, encargado de urgencias en la OMS, y a la izquierda la directora general, Maria Van Kerkhove, encargada del expediente del covid-19. Esta científica desconocida del gran público encarnará desde entonces la lucha contra la pandemia.
El jefe de la OMS sacó dos bolígrafos de su saco, ajustó sus gafas y leyó su declaración.
“Estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y de gravedad, así como por los niveles alarmantes de inacción” en el mundo, dijo.
Y entonces declaró: “Hemos considerado que el covid-19 puede ser calificado de pandemia”.
En ese momento, menos de 4.300 personas habían muerto en el mundo, según cifras oficiales.
Cinco años más tarde los muertos se cuentan por millones, pero a mediados de marzo de ese año todavía no habían empezado los confinamientos, los hospitales no estaban desbordados y el hundimiento de la economía no se avizoraba.
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“Todos empezaron a actuar”
“La palabra ‘pandemia’ cambió la situación”, recuerda John Zarocostas, periodista que cubre para la AFP las agencias y ONG internacionales desde hace más de 30 años. “Tengo la impresión de que tenían que hacerlo” porque no lograban la reacción esperada de los Estados miembros desde el desencadenamiento de la USPPI
Para este veterano de las relaciones internacionales, “eso modificó la dinámica en términos de reacción de los gobiernos nacionales: todos empezaron a actuar”. Un retardo que frustró a la OMS. “El mundo está obsesionado por la palabra pandemia”, dijo Mike Ryan, para quien la advertencia de enero era más importante.
Nuevo botón de alarma
¿Puede repetirse una catástrofe similar? Para la OMS, la próxima pandemia solo es cuestión de tiempo. En diciembre de 2021, los Estados miembros de la organización, conscientes de las graves fallas frente al covid-19, comenzaron a trabajar en torno a un acuerdo internacional y obligatorio sobre la prevención y la preparación a las pandemias, para tratar de evitar que vuelvan a repetirse los mismos errores.
Las negociaciones son difíciles y una última sesión de negociaciones está aun prevista del 7 al 11 de abril, para finalizar el proyecto a tiempo para la asamblea anual de la OMS en mayo.
En espera, los países miembros lograron desempolvar el reglamento sanitario internacional. Y a partir de septiembre de este daño, el jefe de la OMS podrá declarar una “urgencia pandémica”.
En los cinco años transcurridos desde marzo de 2020, la OMS declaró la USPPI en dos ocasiones, ambas por epidemias de mpox.
El jefe de la OMS advierte regularmente a los países que no repitan el ciclo de negligencia seguido de pánico que caracterizó la pandemia de covid-19.