Vecinos del barrio Sajonia denuncian que pese a una orden judicial existente para desalojar a familias damnificadas que se ubicaron en el que sería el terreno para la continuación de la calle Isabel la Católica, la Municipalidad de Asunción no acciona para que se cumpla la resolución. Resaltaron que las familias debían volver a sus casas, que ya no están inundadas.

Afirmaron que creen que estas familias están pretendiendo hacer un asentamiento en la zona, ya que hace más de seis meses que el río Paraguay está en descenso y que la instalación de las mismas fue por la crecida del río. “En un primer momento se instalaron 20 familias, pero ahora son más de 60 y no tienen la intención de irse del lugar. Primero se ubicaron al costado de lo que sería la continuación de la calle cedida por la ex-Capasa (Cañas Paraguayas Sociedad Anónima)”, explicó en contacto con La Nación la abogada Norma Ríos.

Indicó que existe una resolución desde la intendencia que fue dada bajo el mandato del anterior intendente, Mario Ferreiro, para el desalojo de la calle Isabel la Católica para llegar hasta el río Paraguay. “Es un problema que viene desde la época de Evanhy de Gallegos, cuando por fin se logró que la Capasa cediera parte del terreno para la calle. Vienen las familias de Varadero afectadas por la inundación y ahora están ocupando el predio hace unos tres años”, dijo.

Ríos destacó que en un principio estas familias fueron admitidas hasta que el río Paraguay descienda y que esa medida lo cumplieron tras dos crecidas, pero en la tercera crecida del río, cuando el mismo ya descendió, estas familias tomaron la decisión de no volver a sus casas en el barrio Varadero.

“Estas familias cuentan con todos los servicios básicos como luz, agua y víveres, todos gratuitos. Tal vez por eso ya no quieren volver a sus casas. Los víveres son entregados semanalmente y, además, siempre les llegan cargamento de chapas y maderas para mejorar sus casas. Muchas de estas personas luego comercializan estos productos que son entregados en forma gratuita por el Estado”, afirmó.

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Sostuvo que son muchos los beneficios que reciben y que esto hace que no se quieran ir más del lugar, y que a toda la problemática de la zona se suma la venta de estupefacientes, además de que muchos de los jóvenes que residen en el lugar se dedican a los asaltos y robo de motos. “Nadie puede pasar por la zona, porque ya te piden dinero. Además de que entran a los patios de los vecinos para llevarse cualquier cosa, para vender. Muy pocas son las familias buenas entre ellos y algunos trabajan”.

Indicó que en muchas ocasiones la policía vino por los asaltos y que en varias oportunidades se llevaron motos que fueron robadas. “A eso se dedican por las noches a robar motos y en todo el día no hacen nada más que molestar a los que pasan, pidieron dinero. Nadie quiere circular más en la zona”, manifestó.

Otra de las vecinas afectadas destacó que cada vez son más las familias que se instalan en la zona y cuando ocurre algún asalto o robo, los delincuentes se ocultan en el pequeño barrio denominado Minifavela. “En algunos casos son los propios integrantes de ese barrio los que cometen los hechos delictivos, pero cuando la policía intenta ingresar a la zona para buscarlos, los propios vecinos se encargan de ocultarlos. En una oportunidad apedrearon la patrullera. Es tierra de nadie el lugar”, aclaró.

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Como es bien sabido, los damnificados son instalados en predios en viviendas provisorias para poder aguardar a que el río baje para volver a sus casas permanentes, por lo que se instalan baños móviles y se instala agua y energía eléctrica directa. “En el caso de la Minifavela, ellos cuentan con los baños, pero solo tienen acceso algunas familias y el resto hacen sus necesidades fisiológicas en baldes para luego desecharlos en la calle o en un canal que va a parar al río. Es imposible aguantar los olores en horas de la tarde”, puntualizó Ríos.

Agregó que es totalmente injusto que reciban tanta ayuda en carácter de damnificados y que en sus casas cuenten con aire acondicionado, congeladores y todas las comodidades. Además que cada familia cuenta con su vivienda propia en Varadero. “La mayoría son jóvenes adictos y convirtieron en zona roja nuestro barrio por los asaltos que cometen en la zona”.

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Los vecinos piden que estás familias vuelvan a sus casas propias que abandonaron y en el caso de que no tengan a dónde ir, que se les instale a un costado de lo que sería la futura calle, para que ellos puedan continuar con su proyecto de continuar con la calle Isabel la Católica. “Estas familias están siendo defendidas por la Defensoría del Pueblo, además tienen el apoyo de un concejal municipal que los ayuda y apaña en todo. De esta forma hacen lo que quieren y perjudican al barrio”, afirmaron los vecinos.

Acusan a la Municipalidad de incumplir su propio pedido de desalojo presentado ante el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Duodécimo Turno, Enrique Mongelós. “Que hasta la fecha no se ha ejecutado, mejor dicho no se dio cumplimiento”, aclararon.

Desde la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción, también en contacto con nuestro medio, afirmaron que si existe una orden judicial para el desalojo, se debe cumplir. “Este tema está judicializado y estamos esperando el mandamiento. Ahora aguardamos la actualización e informe de este caso. Si hay que quitarles, hay que quitarles”, resaltó el asesor jurídico de la comuna, Benito Torres.

Ratificó que si se debe hacer algún tipo de procedimiento tiene que actuar todo el área social y compañía. “Porque si tenemos orden de desalojo, la policía no me va a acompañar si no tenemos dónde ubicarles a estas familias. Ya se convierten en un problema extrajurídico”, ratificó.

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