Se trata de la historia de dos mujeres que desde hace años vienen denunciando a un hombre que abusó sexualmente de sus hijos, además de amenazar de muerte a su esposa, suegra y cuñada, quienes fueron víctimas de violencia intrafamiliar. Pero de acusar pasaron a ser acusadas por su mismo abusador.

Según la historia contada por María (nombre ficticio para resguardar la identidad de los menores) en contacto con La Nación, la historia prácticamente de terror para ella y su familia empieza en el 2008 cuando decide viajar a la lejana Europa para poder trabajar y ayudar a salir adelante a su familia.

La mujer dejó al cuidado de su padre Juan a sus dos hijos (de 2 y 1 año cada uno), quien tenía su vivienda dentro del terreno de la mamá de María, donde también vivían dos de sus hermanas. Durante ese tiempo todo fue bien para esta familia, pero en el 2013 comenzaron los maltratos.

En el 2013, la mamá de María denunció a Juan por violencia familiar en la comisaría de Luque. Según consta en la denuncia, el hombre maltrató a las mujeres que vivían en la misma propiedad y a los niños. Resalta también que tanto la abuela y tías de los menores eran acosadas y que el sujeto andaba desnudo por la casa, pero la denuncia nunca avanzó y este siguió viviendo con ellas.

A la par de que él acosaba a las mujeres, este envía mensajes de amenazas a María de que si volvía al país para intentar ayudar a su familia quemaría la casa con los niños, su madre y hermanas dentro y que ni bien llegaba la mataría.

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Tras cinco largos años de vivir esta situación, María tomó fuerzas y decidió volver al país en el 2018 sin avisar a nadie, alquiló una vivienda y se llevó a sus hijos, madre y hermanas, todo con la ayuda de la Policía. Atendiendo las amenazas que recibía por parte de Juan, exactamente el 22 de marzo decidió denunciar ante la Fiscalía, en ese entonces con la fiscala Mirtha Ortiz.

La denuncia hecha por la mujer fue por violencia familiar, abuso y coacción sexual, en una primera instancia. A medida que avanzaban las investigaciones, se aumentó instigación sexual contra su hijo y abuso sexual en su hija, ambos menores de edad e hijos de la pareja.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía tomaron mucho tiempo y luego de casi 2 años decidieron imputar a Juan. La misma fue formulada el 26 de diciembre del 2019, pero ahora el problema es que el sujeto se encuentra prófugo para las autoridades, pese a que todos los vecinos y las víctimas saben que vive con su hermano José.

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Según comentó el abogado Fabián Orrego, representante legal de María, el hermano de Juan se comunicó en varias oportunidades para ofrecer una conciliación económica para la mujer y su familia. Según excusaba, la madre de los hermanos estaba enferma, teniendo consideración por esta última y ante el proceso lento de la Justicia, María decide aceptar el acuerdo y con este dinero poder llevar a sus familia a España para rehacer sus vidas.

Todo el procedimiento de aceptación fue bajo asesoramiento profesional en ese entonces por el abogado Milciades Toledo, presidente del Colegio de Abogados de Luque, quien le aconsejó que acepte. María aceptó una reunión para la firma del acuerdo en la oficina del abogado, donde se procedería a la entrega de G. 40 millones, que era el monto conversado. Tras las conversaciones y el acuerdo, José formuló una denuncia por extorsión contra ella y Toledo.

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La causa Nº 7890/2020 “María y otros s/extorsión” se inició con la denuncia ante la Fiscalía el 18 de agosto del 2020. El 20 de agosto, la Fiscalía solicitó autorización al juez penal de Garantías de turno para la realización de la entrega vigilada del dinero que sería objeto de la supuesta comisión del hecho de extorsión. Ese mismo día, ordenó la detención de la mujer y de su abogado, con la autorización de la entrega vigilada y con el mandamiento de allanamiento.

Para el 22 de agosto, tras solo cuatro días de la denuncia, los mismos ya se encontraban imputados por el supuesto hecho de extorsión. En la causa se imputó además a la hermana de María que la acompañaba en ese momento. Así también, la Fiscalía decide allanar el estudio jurídico del abogado en el marco de la investigación a cargo de la agente fiscal Sonia Pereira.

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