Ya en el año 2015, los senadores del Frente Guasu (FG), Hugo Richer y Sixto Pereira, y Pedro Santacruz del Partido Democrático Progresista (PDP) venían apoyando invasiones a una propiedad privada, en este caso a la estancia Pindó. Los ocupantes ilegales están en la estancia Pindó desde hace 8 años.
“Nosotros llevamos 8 años de lucha contra esta gente que ha invadido la estancia Pindó, en febrero del 2012. Esta no es la primera vez que estos senadores están haciendo arengas e instigaciones. De hecho, tenemos videos y audios, los mismos senadores ya lo habían hecho. Ya no nos extraña que vuelvan a hacerlo”, explicó la abogada Margarita Colmán, representante legal del establecimiento agropecuario.
Actualmente, más de 1.500 personas se encuentran de manera ilegal en la mencionada propiedad y aseguran que ante las infructuosas negociaciones con el Gobierno, seguirán ocupando las tierras de empresarios. El video que data del año 2015 muestra al senador Richer explicando que él y quienes lo acompañaban, además de Fernando Lugo y Esperanza Martínez, eran los firmantes del pedido de expropiación de las tierras de esa propiedad privada.
“Hay que obligar al Estado”
“Hay que seguir organizados y hay que obligar al Estado a que intervenga en esta clase de conflictos”, pidió Richer al grupo de personas presentes en el lugar. “¿Cuál es el proceso de legalización de la tierra?, pregunta Richer, a lo que se responde él mismo, “la expropiación de la tierra, porque esa es una figura constitucional”.
Luego de Richer, aparece el senador Pedro Santacruz del PDP, explicando que el fiscal no los puede desalojar de la invasión sino que únicamente un Juez en los Civil puede hacerlo. Santacruz se basó en que no existía flagrancia (del delito) pues desde hacía cuatro años habían ingresado a las tierras del establecimiento agropecuario.
Acusó a los propietarios de utilizar a las autoridades como garrote para que los puedan expulsar de la propiedad. “Vamos a ir a analizar este caso y vamos a conversar con el Fiscal General del Estado y vamos a denunciar al fiscal Lezcano, pero él no puede hacer lo que está haciendo”, mencionó el senador del PDP.
Se tienen que hacer escuchar
Por su parte, Sixto Pereira dijo apenas entró a la propiedad que "ya vimos que están dadas las condiciones para que esta propiedad sea expropiada. La tierra cumple una doble función, social y económica, los campesinos sin tierra no son campesinos, pero acá hay condiciones y lastimosamente, los dueños de esta tierra no han sido sujetos de la reforma agraria”.
Se comprometió a dictaminar “de manera favorable” dentro de la Comisión de reforma agraria. Luego de varias promesas pidió a los presentes que se “hicieran escuchar” a las autoridades, de manera a obtener la legalización del asentamiento.
Es una bomba de tiempo
La abogada Colmán se refirió a la inacción de las autoridades para solucionar esta complicada situación y expresó: “Acá hay una falta absoluta de voluntad política por parte del gobierno. Son grupos sumamente violentos, incendiaron parte de la estancia, quemaron maquinarias, camionetas”. Comentó que el temor en un principio era que se produzca una masacre como la que ocurrió en Campos Morombí, en Curuguaty (Canindeyú), donde un desalojo culminó con 17 muertos, el 15 de junio de 2012.
“Nos incendiaron los 5 retiros, quemaron la casa patronal, maquinarias y camionetas, tomaron presos a nuestros personales, incluso a mi me capturaron y me llevaron como rehén por varias horas en los montes con mis personales. Es una situación violenta. El gobierno nacional no hace nada, esto es una bomba de tiempo”, concluyó.
Desde el 2012 hasta el mes de febrero de este año, el Ministerio Público ha ordenado en cinco oportunidades a la Policía Nacional hacer cumplir la orden de desalojo contra los ocupantes ilegales de la estancia Pindó, ubicada en Curuguaty, departamento de Canindeyú. No obstante hasta la fecha no han podido ejecutar ninguna de las órdenes.
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