Sobre las calles Nanawa y Platanillo del barrio Central de la ciudad de Mariano Roque Alonso, un militar en estado de ebriedad causó un grave accidente de tránsito que involucró a un segundo vehículo en el cual circulaba una mujer que se dirigía a su lugar de trabajo.

Gracias a las cámaras de circuito cerrado se puede observar cómo la camioneta al mando del suboficial mayor del Ejército, Hugo Ortega Amarilla, de 55 años, circula a alta velocidad y termina impactando casi de manera frontal con el vehículo al mando de la odontóloga Alicia Rojas Aponte, de 35 años, quien apenas llegaba a la intersección.

Debido a la rápida intervención de las autoridades, tras asegurarse de que ninguno de los conductores se encontraba herido de gravedad, ambos fueron remitidos a la base de la Patrullera Caminera, donde fueron sometidos a la prueba del alcotest, la cual dio positiva en el caso del personal militar.

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“Ambos circulaban en direcciones opuestas; en este caso, cuando llegan a la bocacalles es cuando se produce el impacto, el cual es fuerte y arrastra por varios metros al vehículo al mando de la mujer, afortunadamente ninguno sufrió más que golpes y heridas menores”, destacó el comisario Pedro Espínola en conversación con canal Trece.

En el caso del suboficial mayor del Ejército, Hugo Ortega Amarilla, el fiscal a cargo del caso decidió que fuera detenido y su vehículo quedó incautado, mientras el proceso penal continúa su curso normal teniendo en cuenta los hechos y la alta exposición al peligro que representó para la ciudadanía con sus actos.

Cabe destacar que en las últimas semanas los accidentes causados por el consumo de alcohol se han incrementado y los desenlaces fatales han marcado cifras importantes, por lo que las autoridades llaman a la conciencia ciudadana para evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

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En cuestión de 10 minutos robaron la camioneta de una mujer en el parque Ñu Guasu. El vehículo estaba en el estacionamiento controlado del lugar ante una importante concurrencia de personas. El hecho se registró el pasado domingo 3 de noviembre en horas de la tarde.

Marina Gaona, víctima del robo, conversó con el programa “Dos en la ciudad” emitido por GEN y Universo 970 AM / Nación Media y comentó que era la primera vez que iba al mencionado parque y justamente por eso no quería alejarse de su móvil, por lo que lo estacionó medianamente cerca de donde haría su caminata.

“Dejé adentro, en uno de los espacios libres más cercanos que había, justamente para no perder de vista el vehículo mientras realizábamos las rondas, luego, como diez minutos después, cuando estábamos caminando, miré hacia donde debía estar mi camioneta y ya no estaba”, recordó Gaona.

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Explicó que en el lugar se encontraba un encargado que les asistió ante lo sucedido y en la entrada vieron una patrullera que inclusive posteriormente les trasladó hasta la comisaría para realizar la denuncia, pero a pesar de esto su camioneta fue robada; detalló que lo más llamativo es el actuar de los ladrones, ya que el mecanismo de seguridad del vehículo es bastante avanzado y a pesar de eso lograron llevárselo sin levantar sospechas.

“Siento mucho, en serio, lo que pasó, porque era nueva y la verdad que fuimos hasta este lugar para despejarnos porque trabajo hasta el domingo al medio día y nos ocurrió esto; hasta el momento no tenemos ninguna novedad sobre la investigación de la policía de automotores”, indicó la víctima.

Por su parte, el comisario Gustavo Ruiz Díaz, jefe del grupo Lince, en conversación con el programa “Dos en la ciudad” destacó que ellos se encuentran trabajando en un plan de acción de coberturas de zonas de recreación, el cual se ve reforzado en diferentes horarios dependiendo de la asistencia que se vea en los diferentes puntos o la necesidad, desplegando así equipos que realicen constantes patrullajes por la zona.

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El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió ayer viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay Eulalio “Lalo” Gomes Batista disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.

“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.

Añade que “serán determinantes las diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.

El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las disparidad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.

De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.

En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.

“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.

El Ministerio Público decidió desestimar una denuncia por daños patrimoniales estimados en más de G. 1,5 billones sin haber tomado en cuenta todos los elementos detectados por la Contraloría General de la República (CGR). Los fiscales encontraron documentos respaldatorios por menos de la mitad del monto denunciado.

Un detallado informe basado en la auditoría realizada por la CGR al IPS deja aún más al descubierto el apuro de la Fiscalía por blanquear al extitular del ente previsional Vicente Bataglia. El mismo documento que fue remitido al Ministerio Público, cuyos fiscales desestimaron a las apuradas una denuncia sobre el caso, revela datos que no fueron tenidos en cuenta por los agentes.

En concreto, la CGR remitió varios informes de auditoría que revelaron posibles daños patrimoniales por más de G. 1,5 billones, aproximadamente USD 130 millones. Sin embargo, de forma sorpresiva, la Fiscalía solicitó la desestimación de la denuncia contra Bataglia. Darío Ortega, director jurídico de la CGR, aseguró que el Ministerio Público no tuvo en cuenta todos los documentos o que incluso se tomaron elementos que no forman parte de la denuncia para el pedido de desestimación.

Los agentes fiscales encontraron documentos que respaldan pagos por G. 350.000 millones (USD 50 millones). La denuncia era por G. 1,5 billones (USD 130 millones). O sea dejó de averiguar entre 80 y 90 millones de dólares sin tener la documentación”, dijo Ortega días atrás al canal GEN.

El equipo de investigación de Nación Media accedió a los informes comparativos entre las auditorías y el pedido de desestimación presentado por la Fiscalía, dando inicio hoy a una serie de varias entregas sobre las groseras omisiones realizadas por los representantes del Ministerio Público.

Uno de los varios puntos utilizados por la Fiscalía para el pedido de desestimación de la causa contra Bataglia tiene que ver con un millonario crédito otorgado al IPS por un banco local.

En concreto, el informe final de la CGR sobre el IPS concluyó que había una discrepancia significativa entre el monto de la línea de crédito aprobada por la Resolución del Consejo de Administración y el pagaré firmado con la entidad financiera.

La auditoría encontró que, aunque se aprobó un préstamo de G. 50.000.000.000, el pagaré inicial se emitió por G. 65.379.679.514, incluyendo intereses y otros montos adicionales. Esto levantó dudas sobre la transparencia y la adecuada gestión de los fondos del IPS, sugiriendo posibles riesgos legales y financieros.

La Fiscalía argumentó que el contrato y el pagaré original, aunque por un monto mayor, habían sido aclarados y corregidos. En agosto de 2023, meses después de la auditoría y del cierre del ejercicio fiscal 2022, se realizó un intercambio de pagaré, corrigiendo el monto a G. 50.000.000.000 más los intereses compensatorios. Según la Fiscalía, esto subsanó la discrepancia señalada y, por lo tanto, no justificaba una investigación penal, ya que la corrección había sido formalizada.

Sin embargo, la propia Fiscalía reconoció en la argumentación del pedido de desestimación la existencia de las irregularidades detectadas por la Contraloría. Aunque el pagaré fue corregido, la modificación se realizó después del cierre del ejercicio fiscal 2022 y en la etapa final de la auditoría. Esto confirma la observación inicial de la CGR: la discrepancia existió y representó un riesgo real para el IPS y sus asegurados.

Fuentes del órgano extrapoder señalaron, sin la intervención y observación de la auditoría, que el IPS podría haber enfrentado graves consecuencias legales y financieras en caso de incumplimiento de pago. La CGR subrayó que el cambio de documentos no exime a los responsables del IPS de sus acciones u omisiones previas, las cuales comprometieron la transparencia y la gestión adecuada de los fondos