Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Stella Marys Ramírez imputó este viernes a tres agentes de Investigación de Delitos de la Policía Nacional en Alto Paraná por privación ilegítima de libertad, coacción grave, lesión en el ejercicio de la función pública y frustración en la persecución penal.
Se trata de los oficiales Diego Osvaldo Cáceres (38), Marcos Javier Méndez Villalba (34) y Carlos Acuña cuya prisión fue solicitada al Juzgado Penal de Garantías No. 4, a cargo a Alba Meza. Los mismos se encuentran detenidos en la Dirección de Policía del departamento. Los tres se abstuvieron de declarar esta mañana.
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No fueron imputados por tentativa de homicidio como se mencionó al principio porque, según el relato de la víctima, no se reunieron los requisitos para configurar ese hecho, de acuerdo a la fiscala Stella Marys Ramírez.
La imputación tiene que ver con la denuncia de Ronny Alex Benítez (33), comerciante en compra y venta de vehículos, quien dijo haber sido raptado por agentes policiales, el lunes pasado, y que le dijeron que su automóvil era robado y lo llevarían al Departamento de Automotores, pero no fue así. Lo tuvieron deambulando en su propio rodado, hasta que ya en horas de la madrugada, estando sobre la ruta 6, en el puente sobre el río Monday, los policías se bajaron del vehículo y en ese momento la víctima aprovechó para tirarse al agua, pudiendo escapar de esa manera.
Ronney Alex apareció recién el miércoles acusando a los agentes de su rapto. Ya en su relato ante la Fiscalía dijo que no le pidieron dinero, pero sí lo amenazaron con matarlo. Desde Tavapy se había reportado, el martes por la mañana, el hallazgo de un vehículo BMW con placa CBC 295, propiedad del denunciante; incinerado a unos 700 metros de la ruta 6 “Dr. Juan León Mallorquín”.
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Dos de los policías fueron reconocidos por la víctima quien ya los había visto en eventos deportivos en su época de dirigente de club. No obstante, hay otro hecho que los compromete y es que fueron a una de las casas cercanas al lugar del rapto para retirar la grabación del circuito cerrado y luego devolverlos, con aparente alteración de las imágenes y sin que se haya informado sobre ese procedimiento. Los dueños los reconocieron posteriormente, de acuerdo a la fiscal del caso.
El material será peritado para comprobar si fue alterado o no, según Stella Marys Ramírez. La misma sostiene que, de acuerdo a los datos que tiene hasta ahora, hay más implicados, ya sea en el momento del rapto, así como por las conversaciones telefónicas que escuchó.