Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero apelaron la leve condena de solo 4 años de cárcel de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, representantes de la firma Imedic S.A.

Estas personas fueron juzgadas y encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma. Esta empresa había permitido el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nuestro país. Igualmente, se apeló la absolución del delito de asociación criminal.

Los representantes del Ministerio Público piden anular el fallo dictado por un tribunal de sentencia y a su vez que se realice un nuevo juicio oral atendiendo a la gravedad del presente caso y a la participación de las condenadas en el suceso. Del mismo modo, la fiscalía apeló la absolución de culpa y pena del despachante de aduanas Néstor Ramírez, quien también estuvo sentado en el banquillo de los acusados.

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Los fiscales sostienen que se violó abiertamente los principios de razonamiento adecuado debido a que el tribunal de sentencia resolvió absolver a los tres procesados en el marco del hecho acusado de asociación criminal. Igualmente, señalaron que existe falta de fundamentación en cuanto a la pena de 4 años de cárcel para Ferreira y Godoy.

Durante la exposición de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel; para Nidia Godoy, 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez, la pena de 3 años de cárcel.

Los fiscales mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente, los representantes del Ministerio Público sostienen que se comprobó que los acusados falsificaron facturas para que puedan ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.

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Durante la jornada de Gobierno, el presidente de la República, Santiago Peña entregó un paquete de títulos de propiedad de manera simbólica a pobladores del departamento de Concepción, donde en cien años, fueron entregados 1.000 títulos.

Al respecto, el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, destacó que desde agosto del 2023, a la fecha, se han entregado 1.620 títulos durante este gobierno, superando la cantidad entregada en un siglo de la reforma agraria.

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La entrega simbólica se llevó a cabo en la sede de la gobernación del primer departamento, donde también se realizó el acto de entrega de aportes del gobierno, en el marco de la jornada oficial que desarrolló el presidente Peña en esa zona del país.

El responsable del ente agrario remarcó que están trabajando en la emblemática colonia de Arroyito, donde los inmuebles fueron titulados en un 70 %. Ruiz Díaz resaltó que actualmente están impulsando otros elementos que van más allá de los títulos, como la donación de bolsas de maíz para cultivos, acercadas por la Unión de Gremios de la Producción (UGP) al Indert, en una cooperación público-privada.

Señaló que Arroyito, que se caracterizaba anteriormente por la inseguridad, actualmente es una ciudad con caminos asfaltados, con pobladores que están enfocados en cooperar con las instituciones del Estado para el desarrollo.

Por otro lado, el titular del Indert destacó que la institución llegó a 1.200 kilos de mandioca transportada en apoyo a los campesinos, que les permitió generar 500 millones de guaraníes de ingresos adicionales.

Añadió que los labriegos ya tenían como pérdida la cosecha, pero el Indert cooperó generando mercado y el transporte a costo cero. Añadió que ahora están ingresando a Arroyito y están coordinando con los pobladores esta tarea.

Por otro lado, señaló que de cada 10 títulos entregados anteriormente, 3 eran para mujeres, y actualmente, 6 son para las mujeres, que genera un empoderamiento para el sector. También sostuvo que con 6 % menos de presupuesto para la institución, tienen 600 % más de titulación.

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Desde la Asociación Rural del Paraguay (ARP) señalaron que los precios de la carne subieron hasta un 30 % en el mercado, pero los productores no ven dicho aumento reflejado en sus ingresos. El gremio apunta a que esto se debe a un oligopsonio (pocos compradores) en la cadena de valor.

Al respecto, Jorge Dos Santos, miembro de la mesa directiva de la ARP, manifestó en contacto con el programa Tarde de Perros, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, que el sector ganadero está a favor de la economía de mercado, la libre competencia y en contra de la regulación de precios.

Sin embargo, lo que que no está pasando es que la libre competencia no coopera adecuadamente. “Estamos con problemas con la industria donde hay una especie de arreglo tácito o explícito, pero nosotros no nos estamos beneficiando con la suba de los precios”, comentó.

Sostuvo que en esta época del año, saliendo del invierno o una sequía, existe un leve incremento. Si bien subieron los precios al productor alrededor del 5 %, el repunte al cosumidor es del 30 %. “Lo que se está haciendo es aprovechando una situación de poca oferta para castigar aún más al consumidor y no tenemos una explicación para ese tema, porque el productor no está participando de ese beneficio”, dijo.

El representante del sector afirmó que no se trata de un problema de escasez porque los supermercados están correctamente abastecidos. “Vos te vas al súper y podés comprar toda la costilla que quieras, solo que está más cara”, acotó.

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Según expresó, esto se tendría que transparentar y la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) debería actuar ante la situación e intervenir. Enfatizó que dicha acción ya fue solicitada, pero se seguirá presionando para avanzar en el tema, pues la coyuntura incluso repercute en las inversiones en el rubro, siendo impactado el consumidor final que debe pagar más caro.

Por otro lado, remarcó que la herramienta que podría equilibrar el escenario que ya viene siendo arrastrado desde hace años podría ser el diálogo entre las partes. Para esto será importante contar con el Instituto de la Carne, donde se encuentren los tres jugadores del complejo cárnico: el Estado, los productores ganaderos, y la industria.

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“Ciudad del Este libre” es la movilización ciudadana que fue impulsada este miércoles frente al Poder Judicial con el fin de requerir celeridad a la justicia en los procesos judiciales que enfrenta el intendente opositor Miguel Prieto. Afirman que las protestas no pararán hasta que el también aspirante a mandatario enfrente por lo menos una audiencia de imposición de medidas.

“Estamos insatisfechos con el poder judicial, no sabemos por qué tarda tanto su imposición de medidas, Prieto sigue libre, campante y robando. Esta persona es un mal mayor. Nosotros desde el 2020 estuvimos presentando denuncias contra este intendente”, dijo el activista Arturo Páez en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

De las 41 denuncias contra el líder del movimiento Yo Creo, un total de 10 fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana. Hasta el momento, solo en 2 expedientes Prieto está imputado por el Ministerio Público. La primera es en la causa donde se investiga la compra de bolsas de alimentos durante la pandemia del covid-19 en el 2020.

En este caso el jefe comunal y otras 10 personas de su entorno cercano fueron imputadas por lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.

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La última imputación contra Prieto y otras 11 personas de su entorno fue por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Incluso se ordenó el embargo preventivo de sus bienes, así como la prohibición de vender o gravar sus propiedades.

Las investigaciones sugieren que el dirigente del sector opositor habría encabezado un esquema para el desvío de recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas vinculadas a él, generando beneficios económicos indebidos.

“Nosotros hicimos un trabajo muy extenso excepcional con la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, incluso tenemos todo evidenciado y corroboramos los hechos de corrupción. Se hicieron pedidos de informes en la Subsecretaría de Estado de Tributación, en la Dirección de Contrataciones Públicas. Sabemos que hay mucha impunidad, que si no hay presión no hay acción y acá se está haciendo mucha omisión”, lamentó Páez.

Asimismo siguió argumentando que “Con un grupo de ciudadanos estamos encadenados frente al Poder Judicial y no saldremos, siempre se nos miente. La última vez que venimos fue hace 6 meses. Estamos cansados de que esta justicia sea selectiva, ya no estamos creyendo en la acción del Poder Judicial, parece que ya tenemos que tomar medidas más drásticas como lo hacemos ahora de encadenarnos y gritar para pedir justicia por Ciudad del Este porque todos los días estamos siendo robados”.

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