El fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Rodrigo Estigarribia, allanó la sede del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) ubicado sobre la calle Tacuary de Asunción, este lunes. El procedimiento se realiza por una denuncia sobre un supuesto caso de cohecho pasivo agravado, es decir por coima por parte de altos directivos de la institución, cuyo titular es Mario Vega.

Uno de los principales investigados es el director de asesoría jurídica de la institución, cuya oficina es allanada y en el lugar fueron incautados varios documentos. El fiscal interviniente señaló que la denuncia trata de 200 mil dólares prometidos para que un alto funcionario inicie el trámite por una adjudicación de un inmueble ubicado en el Chaco. La entrega del dinero no se concretó, señalan.

“La intervención de la presidencia se da en el marco de mi causa, porque existen expedientes, y en el caso del fiscal Luis Said, porque supuestamente el presidente estaba involucrado en su causa. Son 6 funcionarios del Indert que están siendo investigados”, expresó el fiscal Estigarribia.

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Estigarribia señaló que se trata de cientos de hectáreas afectadas y señaló que existen evidencias como grabaciones en contra de los involucrados. El jefe de gabinete del Indert, José Luis Clerc y el asesor jurídico, Aldo León, se encuentran entre los acusados e imputados, que ya fueron detenidos al igual que Vega, titular del Indert. Todos cuentan con pedido de prisión preventiva.

“Serían 4.000 hectáreas las afectadas. Hay que tener en cuenta que pedir y dejarse prometer ya es punible. La coima tiene una expectativa de pena de cárcel de 5 años. La propia víctima habría realizado la denuncia del hecho”, manifestó Estigarribia.

Por otro lado, agregó que existe otra causa penal investigada por el fiscal Luis Said sobre una supuesta lesión de confianza, cobro indebido de honorarios, tráfico de influencias y asociación criminal por parte de altos directivos de la institución.

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“Mi causa en particular es sobre cohecho pasivo agravado, donde se pedía dinero, y era el director jurídico. Supuestamente, se habían pedido USD 200 mil a cambio de hacer una transferencia. Son grandes volúmenes de tierras del Chaco a la que están vinculadas varias familias. Hay una disputa para solicitar y solucionar los conflictos. El pago no se llegó a concretar", afirmó Estigarribia.