Imputan a intendente de Natalicio Talavera por abuso sexual en niños
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Una denuncia a través del sistema de Fono Ayuda, con pedido de preservación de datos, fue recibida hace aproximadamente un mes y medio por la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Hechos Punibles Contra Niños, Niñas y Adolescentes. En esta se mencionaba un supuesto caso de explotación sexual por parte de la madre biológica de una menor de 14 años.
El hecho sucedió en la localidad de Natalicio Talavera, en el departamento de Guairá. Inicialmente se realizaron las diligencias correspondientes como la inspección ginecológica de la niña, los estudios socioambientales, declaraciones testimoniales, además de los allanamientos y la incautación de teléfonos celulares.
Todas estas medidas desembocaron en la imputación de la madre de la menor y de Gustavo Giménez, intendente de Natalicio Talavera. Ambos fueron imputados por abuso sexual en niños y proxenetismo –en el caso de la madre–, en grado de complicidad y en grado de autoría.
El intendente de Natalicio Talavera fue imputado por abuso sexual en niños en el grado de autoría y como instigador por la acusación de proxenetismo. Los hechos presumiblemente sucedieron un año atrás, cuando la madre de la menor ofreció a su hija para servicios sexuales a cambio de una suma de dinero y la primera persona que accedió fue el citado intendente.
“Este señor concretó una visita sexual luego que la madre la dejara sola en un camino vecinal, tras lo cual apareció Gustavo Giménez, la subió a su vehículo y la llevó a un motel de la zona, donde mantuvo relaciones sexuales con la niña. Todo esto sucedió cuando ella contaba con 13 años de edad”, explicó la agente fiscal Claudia Morys, quien está a cargo de este caso.
“Esta no sería la única persona a quien la madre la pudo haber entregado, y con el correr de la investigación vamos a ir identificando quiénes más participaron de este delito”, agregó Morys.
El Ministerio Público ha realizado preliminarmente la imputación en contra de la madre de la menor y del intendente Gustavo Giménez; además, ha ordenado la detención de Giménez y solicitaron su prisión preventiva.
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del Viceministerio de Mipymes y la Cámara Paraguaya de Insurtech (CAPI) firmaron este martes un convenio para crear un entorno a fin de potenciar la adopción de seguros en las mipymes. De esta manera buscan dar impulso a la innovación y facilitar el acceso de estas herramientas en el segmento.
Según explicó el viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, esta alianza es una gran oportunidad para brindar al sector una cobertura que le permita cuidar su patrimonio y cuidarse a ellos mismos desde el punto de vista de la salud. Al día de hoy apenas el 10 % de las más de 360.000 mipymes cuentan con cobertura de seguros.
En el acto de firma sostuvo que se encuentran trabajando con el Banco Central del Paraguay para que la apertura de cuentas sea inmediata y automática, y a través de su portal ya conecten y hagan llegar información. Esto mismo lo harán con los seguros, compartiendo esos datos a las entidades para que puedan tomar esto de manera electrónica e inmediatamente darles una cobertura.
Por su parte, el presidente de la Capi, Alberto Duarte, adelantó que el gremio creará un entorno para potenciar la adopción de seguros en este segmento, con diseños de productos y servicios innovadores que brinden una solución tangible y cubran las necesidades de los pequeños negocios, apalancadas con el uso de tecnología.
“Además, se trabajará en el desarrollo de la cultura del seguro en Paraguay mediante la tecnología, destacando su importancia en la gestión de riesgos para las pequeñas y medianas empresas”, según mencionó. Igualmente invitó a todo el sector asegurador a que se sume al crecimiento del 35 % que se observó en las mipymes en Paraguay en el 2023 con respecto al año 2022.
Imputan al intendente de Luque por muerte de madre e hija en raudal
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El fiscal de Luque, Jorge Escobar, presentó imputación contra el intendente de Luque, Carlos Echeverría (ANR), por los delitos de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo por el fallecimiento de una madre y su hija, quienes fueron arrastradas por el raudal en dicha ciudad. El proceso penal está a cargo de la jueza de Garantías Cecilia Ocampos, de Luque.
En el lamentable hecho fallecieron Sara Benítez (48) y su hija Nilda Luján Barrios Benítez (19), quienes el pasado 25 de abril en horas de la madrugada fueran arrastradas por el caudal de agua que desemboca en el cauce del arroyo San Juan.
El escrito del acta de imputación refiere que conforme a los datos recolectados se tienen elementos de sospecha que hacen presumir que, al momento en que habría caído el vehículo donde iban madre e hija a la zanja, habría deficiencias en el sistema de seguridad vial; es decir, una nula señalización de advertencias de peligro e instalaciones de protección a peatones y vehículos y carencia de barrera de protección eficaz ante raudales.
ESCRITO
Asimismo, el documento del Ministerio Público señala que “en carácter de intendente municipal de Luque, Echeverría sería la persona responsable de dirigir y ejecutar obras para la seguridad vial de la ciudad y, en ese sentido, no habría realizado las debidas diligencias para disminuir el riesgo en la circulación del tránsito vehicular e inclusive peatonal de la zona identificada como zanja San Juan, situada en el lado derecho de las calles Francisco Solano López y Curupayty de Luque, omisión que generó el fallecimiento de ambas mujeres”, refiere el escrito.
Ahora el Juzgado Penal de Garantías deberá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si el jefe comunal de Luque va a prisión o es beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
El intendente de Luque, Carlos Echeverría, fue imputado por delitos de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo por el fallecimiento de una madre y su hija, quienes fueron arrastradas por el raudal .FOTO: GENTILEZA
Imputan al intendente de Luque por la muerte de madre e hija en raudal
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El fiscal de Luque, Jorge Escobar, presentó imputación contra el intendente de Luque, Carlos Echeverría (ANR), por los delitos de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo por el fallecimiento de una madre y su hija, quienes fueron arrastradas por el raudal en dicha ciudad. El proceso penal está a cargo de la jueza de Garantías Cecilia Ocampos, de Luque.
En el lamentable hecho fallecieron Sara Benítez (48) y su hija Nilda Luján Barrios Benítez (19), quienes el pasado 25 de abril en horas de la madrugada fueran arrastradas por el caudal de agua que desemboca en el cauce del arroyo San Juan.
El escrito del acta de imputación refiere que conforme a los datos recolectados se tiene elementos de sospecha que hacen presumir que, al momento en que habría caído el vehículo donde iban madre e hija a la zanja, habría deficiencias en el sistema de seguridad vial, es decir, una nula señalización de advertencias de peligro e instalaciones de protección a peatones y vehículos y carencia de barrera de protección eficaz ante raudales.
Asimismo, el documento del Ministerio Público señala que “en carácter de Intendente Municipal de Luque, Echeverría sería la persona responsable de dirigir y ejecutar obras para la seguridad vial de la ciudad y en ese sentido, no habría realizado las debidas diligencias para disminuir el riesgo en la circulación del tránsito vehicular e inclusive peatonal de la zona identificada como zanja San Juan, situada en el lado derecho de las calles Francisco Solano López y Curupayty de Luque, omisión que generó el fallecimiento de ambas mujeres”, refiere el escrito.
Ahora el juzgado penal de garantías deberá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si el jefe comunal de Luque va a prisión o es beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
Abogados de Abdo y gavilla no refutan imputación y buscan sabotear causa
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Por Cinthia Mora
Periodista
Los abogados defensores de Mario Abdo Benítez y varios exministros de su gabinete, ante la imposibilidad de negar los hechos que se describen en el acta de imputación y refutar con argumentos, se dedican a paralizar el proceso penal y sabotear el trabajo de la Fiscalía. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos destrabar la causa y permitir que la investigación
La estrategia de defensa desarrollada por los abogados de Mario Abdo Benítez y su gavilla se dedica desde el 11 de marzo pasado, fecha en que se conoció la imputación, a la defensa mediática más que jurídica. Presentaron una docena de recursos procesales que lograron, hasta ahora, paralizar la causa.
La campaña desatada por los medios afines al abdismo y los abogados defensores para intentar invalidar la imputación cae por su propio peso al demostrarse que todo el procedimiento fiscal estuvo ajustado a lo que establece la ley penal. Las actuaciones de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, actualmente desafectados de la causa, contó con aval y control judicial. El acta de imputación fue admitida por un Juzgado Penal de Garantías por reunir todos los requisitos que establece la ley.
Uno de los argumentos utilizados por la estrategia mediática de los abogados para intentar sabotear la investigación es que sus clientes “no fueron notificados” por la Fiscalía de que estaban siendo investigados. Trasladando el mismo argumento al plano de lo absurdo, a partir de ahora los casos de narcotráfico o secuestro que se encuentren en plena etapa de investigación (durante la etapa preparatoria) se tendrían que poner a conocimiento de los sospechosos la existencia de una investigación en curso.
Ante la imposibilidad de refutar los más de 40 elementos que aporta la Fiscalía y que sostienen la imputación, una de las abogadas defensoras, Cecilia Pérez, quien actúa en representación del diputado Mauricio Espínola, plantea este argumento: “Esta es una causa jurídico-política y separar no es posible”; mientras que su defendido, quien sigue gozando de fueros, solicita que la causa “comience de cero”.
Tanto el actual diputado, sobre quien existe un pedido de desafuero para que se someta a la Justicia, como su abogada Cecilia Pérez no pueden desconocer la existencia de la publicación realizada con los datos confidenciales.
En una entrevista radial, la propia Cecilia Pérez quedó en “off side” cuando fue consultada sobre la ilegalidad de la publicación realizada por su cliente y solo atinó a responder que en este caso le corresponde hablar como abogada y no en otra condición.
Esos documentos confidenciales filtrados, según sostienen los fiscales, se obtuvieron de la Seprelad, ya que consta en los registros encontrados durante la pesquisa, que fueron redactados dentro de una oficina paralela por funcionarios ajenos a la institución y montados exclusivamente para perseguir a los enemigos políticos de Abdo.
DILACIÓN EN LA CORTE
Hace 15 días que los ministros e integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia, no resuelven la recusación que pesa sobre los camaristas María Belén Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, extitular de esa institución.
Una vez que los magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos a su vez deberán estudiar la recusación contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que Lovera sea confirmada para el presente caso, deberá resolver más de doce chicanas presentadas por los abogados defensores del expresidente y sus excolaboradores.
Arnaldo Giuzzio, exministro del gobierno de Abdo
NUEVO EQUIPO DE FISCALES
Por otra parte, el fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes fiscales encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración en la causa que investiga la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas como garrote político.
La decisión fue dada a conocer a través de la resolución n.° 986 firmada por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).