Caso Natalia Godoy: fiscal pidió prueba de toxicología para Florencia Romero
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El fiscal Adriano Itálico Rienzi señaló este domingo que se están investigando todas las aristas posibles en el caso de Florencia Noemí Romero, quien atropelló a la joven madre Natalia Godoy en una parada de bus ubicada en Fernando de la Mora.
“Estamos investigando todas las aristas y no descartamos ninguna. En este caso, tenemos cinco años de pena por homicidio, más dos años y medio porque hay una conducta concurrente, es lo que se llama concurso de hechos punibles, un mismo hecho tiene varias calificaciones”, explicó el fiscal en comunicación con Universo 970 AM.
Sostuvo que la joven fue imputada por homicidio doloso y por violación de la cuarentena sanitaria, y en caso de no cambiarse la carátula del caso, Florencia Noemí Romero se expone a siete años y medio de prisión en “un eventual juicio oral y público”.
El fiscal mencionó que la expectativa de pena por homicidio doloso es de hasta 25 años de cárcel, según el Código Procesal Penal. La joven dio positivo a la prueba de alcoholemia realizada en un sanatorio privado y también la Fiscalía está esperando el resultado de la extracción practicada por el laboratorio forense.
“Aparte de pedir la prueba de alcoholemia, también pedí la prueba toxicológica por si haya tenido otro tipo de sustancias. No hay indicios, pero es para asegurar. El peritaje sobre la velocidad lo vamos a mandar a hacer cuando tengamos todas las imágenes del circuito cerrado”, agregó el agente del Ministerio Público.
El juez Atilio Rodríguez admitió la prisión preventiva que pidió la Fiscalía para Florencia Noemí Romero, quien atropelló a la joven madre Natalia Godoy en una parada de bus ubicada en Fernando de la Mora. La conductora guarda reclusión en la comisaría 12. Hasta tanto no exista una resolución contraria, será trasladada al penal del Buen Pastor.
Intervienen clínica odontológica tras la muerte de una mujer por una cirugía estética
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Este miércoles, representantes del Ministerio Público en compañía de representantes de la Superintendencia de Salud intervinieron una clínica odontológica en la ciudad de Fernando de la Mora, luego del fallecimiento de una mujer de 66 años que ayer martes se habría realizado un procedimiento estético en el sitio, pocas horas antes.
La víctima fue identificada como Mirian Fátima Carolina Valdez Ayala, quien se habría realizado una lipopapada y horas más tarde empezó a sentirse mal y tras descompensarse fue remitida por sus familiares hasta el Sanatorio San Sebastián de Fernando de la Mora, donde se confirmó su deceso. Según la información brindada por la familia a las autoridades intervinientes, el procedimiento en la clínica intervenida se lo habría realizado la doctora odontóloga cirujana Rebeca Beatriz Zaputovich.
“Es una clínica odontológica la que estamos interviniendo de donde ayer falleció una paciente con un procedimiento estético que no está habilitada esa clínica para realizar, estamos labrando actas y por supuesto, realizando el proceso para cerrar el lugar e iniciar una auditoria integral del lugar”, indicó el doctor Roberto Melgarejo, superintendente de Salud en conversación con la 1020 AM.
Por su parte, la fiscal interviniente Otilia Aguilera solicitó que el cuerpo de la víctima sea trasladado hasta la sede de la Morgue Judicial para su correcta inspección y determinar la causa de muerte y obtuvo el expediente médico obrante en los registros del mencionado sanatorio para recabar más datos de utilidad para la investigación.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, sostiene que aún se encuentran pendientes resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias para esclarecer la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes. Foto: Gentileza
Fiscalía dice que es prematuro sacar conclusiones definitivas
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El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió ayer viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay Eulalio “Lalo” Gomes Batista disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.
“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.
Añade que “serán determinantes las diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.
El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las disparidad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.
INFORME DE LA UNA
De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.
En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.
“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.
Informe de CGR expone el apuro fiscal para blanqueo a Bataglia
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El Ministerio Público decidió desestimar una denuncia por daños patrimoniales estimados en más de G. 1,5 billones sin haber tomado en cuenta todos los elementos detectados por la Contraloría General de la República (CGR). Los fiscales encontraron documentos respaldatorios por menos de la mitad del monto denunciado.
Un detallado informe basado en la auditoría realizada por la CGR al IPS deja aún más al descubierto el apuro de la Fiscalía por blanquear al extitular del ente previsional Vicente Bataglia. El mismo documento que fue remitido al Ministerio Público, cuyos fiscales desestimaron a las apuradas una denuncia sobre el caso, revela datos que no fueron tenidos en cuenta por los agentes.
En concreto, la CGR remitió varios informes de auditoría que revelaron posibles daños patrimoniales por más de G. 1,5 billones, aproximadamente USD 130 millones. Sin embargo, de forma sorpresiva, la Fiscalía solicitó la desestimación de la denuncia contra Bataglia. Darío Ortega, director jurídico de la CGR, aseguró que el Ministerio Público no tuvo en cuenta todos los documentos o que incluso se tomaron elementos que no forman parte de la denuncia para el pedido de desestimación.
Vicente Bataglia, expresidente de IPS durante el gobierno de Abdo
Los agentes fiscales encontraron documentos que respaldan pagos por G. 350.000 millones (USD 50 millones). La denuncia era por G. 1,5 billones (USD 130 millones). O sea dejó de averiguar entre 80 y 90 millones de dólares sin tener la documentación”, dijo Ortega días atrás al canal GEN.
El equipo de investigación de Nación Media accedió a los informes comparativos entre las auditorías y el pedido de desestimación presentado por la Fiscalía, dando inicio hoy a una serie de varias entregas sobre las groseras omisiones realizadas por los representantes del Ministerio Público.
UNO DE VARIOS EJEMPLOS
Uno de los varios puntos utilizados por la Fiscalía para el pedido de desestimación de la causa contra Bataglia tiene que ver con un millonario crédito otorgado al IPS por un banco local.
En concreto, el informe final de la CGR sobre el IPS concluyó que había una discrepancia significativa entre el monto de la línea de crédito aprobada por la Resolución del Consejo de Administración y el pagaré firmado con la entidad financiera.
La auditoría encontró que, aunque se aprobó un préstamo de G. 50.000.000.000, el pagaré inicial se emitió por G. 65.379.679.514, incluyendo intereses y otros montos adicionales. Esto levantó dudas sobre la transparencia y la adecuada gestión de los fondos del IPS, sugiriendo posibles riesgos legales y financieros.
La Fiscalía argumentó que el contrato y el pagaré original, aunque por un monto mayor, habían sido aclarados y corregidos. En agosto de 2023, meses después de la auditoría y del cierre del ejercicio fiscal 2022, se realizó un intercambio de pagaré, corrigiendo el monto a G. 50.000.000.000 más los intereses compensatorios. Según la Fiscalía, esto subsanó la discrepancia señalada y, por lo tanto, no justificaba una investigación penal, ya que la corrección había sido formalizada.
Sin embargo, la propia Fiscalía reconoció en la argumentación del pedido de desestimación la existencia de las irregularidades detectadas por la Contraloría. Aunque el pagaré fue corregido, la modificación se realizó después del cierre del ejercicio fiscal 2022 y en la etapa final de la auditoría. Esto confirma la observación inicial de la CGR: la discrepancia existió y representó un riesgo real para el IPS y sus asegurados.
Fuentes del órgano extrapoder señalaron, sin la intervención y observación de la auditoría, que el IPS podría haber enfrentado graves consecuencias legales y financieras en caso de incumplimiento de pago. La CGR subrayó que el cambio de documentos no exime a los responsables del IPS de sus acciones u omisiones previas, las cuales comprometieron la transparencia y la gestión adecuada de los fondos
Al llegar al sitio los intervinientes se percataron de la gran cantidad de productos de diversos rubros que se encontraban en muchos casos listos para su traslado. Foto: GEN
Luque: allanan vivienda que funcionaba como depósito de productos de contrabando
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Tras varias denuncias recibidas por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) una comitiva fiscal en compañía de agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional allanó una vivienda ubicada en el barrio Bella Vista de la ciudad de Luque, en la que funcionaba un depósito de mercaderías de contrabando.
Al llegar al sitio, los intervinientes se percataron de la gran cantidad de productos de diversos rubros que se encontraban en muchos casos listos para su traslado. Entre las mercaderías con mayor volumen estaban cajas de aceites, comida enlatada, budines, fardos de harina y de arroz, además de bebidas alcohólicas y yerba mate.
Durante la inspección la fiscal Myrian Rodríguez encontró que en el lugar también había una importante cantidad de bolsas tanto de papel como plásticas, que presuntamente se utilizarían para el reempaquetado de los productos para su posterior redistribución ya bajo otro nombre.
“Los propietarios manifestaron que algunas de las mercaderías cuentan con factura y otras no, y eso lo que estamos corroborando en estos momentos. Los responsables principales se exponen al hecho punible de contrabando, el cual se tipifica y castiga con una pena privativa de hasta 5 años”, indicó la agente del Ministerio Público en conversación con el programa “Dos en la ciudad” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La fiscal mencionó que durante el allanamiento solo se encontraba en el lugar una persona que aseguró que el lugar sería un depósito, donde se reúnen todos los productos para su posterior distribución a otros comercios pequeños de la zona central.