En el marco del caso hangar Arrayán, el Ministerio Público formuló este domingo imputación en contra del propietario del establecimiento que funcionaba como aeródromo en la ciudad de Areguá. En el lugar, además de varias avionetas, fue incautado un helicóptero de la policía de Buenos Aires, Argentina.

El agente fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, formuló imputación contra Gustavo Enrique B. Brítez ante la existencia de suficientes elementos de sospecha acerca de la comisión del hecho punible de exposición a peligro del tráfico aéreo.

Esto en virtud de las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas expuestas, desde el 30 de marzo del 2018 hasta el 8 de octubre del 2020, Gustavo Enrique Bogado Brítez, quien sería dueño del aeródromo Arrayán, de la compañía Yukyry de la ciudad de Areguá, había tenido en depósito un helicóptero de la marca Robinson al servicio del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, con su pintura y adhesivos representativos, y así prestando decididamente su colaboración con los responsables y/o conductores de la citada aeronave, en situación de presunta transgresión mediante conducta gravemente violatoria de las reglas de seguridad del tráfico aéreo.

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Las citadas transgresiones se habrían producido, inicialmente, cuando en fecha 30 de marzo del 2019, Fernando Maximiliano Calfani da Rosa, piloto al mando de la citada aeronave habría declarado ante la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), en el formulario de solicitud de ingreso y permanencia de la mencionada aeronave –por ocho días– solo la indicación de la matrícula civil y no la calidad del helicóptero al servicio de una fuerza pública de seguridad de un país extranjero (República Argentina), estatus que hacía exigible la autorización de la Fuerza Aérea Paraguaya, respecto del ingreso y permanencia de la aeronave en el Paraguay.

Esta situación no se habría gestionado ni obtenido en forma. Tampoco se habría obtenido para la citada nave un permiso por mayor tiempo; en efecto, transcurrió un año y seis meses de permanencia no autorizada de la aeronave de la fuerza púbica extranjera en territorio nacional.

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