Este miércoles, se detectó que un grupo de reclusos intentó amotinarse en la penitenciaría “Martín Mendoza” de Emboscada, pero la situación fue controlada. Desde el Ministerio de Justicia ordenaron la intervención del centro de reclusión. Durante el percance se logró aislar a 9 personas que comenzaron a golpear las rejas y que lograron salir de sus celdas.

Según Rubén Maciel, viceministro de Políticas Criminales, el hecho inició en horas de la mañana de hoy, pero que todo fue controlado rápidamente por agentes penitenciarios bajo órdenes del encargado de Despacho, Luis Rodríguez, y en coordinación con la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, con apoyo preventivo de Fuerzas Policiales, apostadas en las cercanías del pabellón 8.

“Se generó un disturbio por parte de personas privadas de libertad. Estos empezaron a patear la puerta y forzar las portezuelas hasta desprenderse y quedar con eso y usar como arma contundente. Se negaron y se resistieron a entregar por lo que se tuvo que hacer uso de la fuerza”, explicó el viceministro, en entrevista con la 1020 AM.

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Afirmó que los intervinientes lograron aislar a nueve reclusos, estos fueron los que rompieron las puertas y que opusieron resistencia a la intervención. Además, a raíz de la detección del hecho de irregularidad, desde el Ministerio de Justicia se ha dispuesto la intervención de la Penitenciaría “Martín Mendoza” de Emboscada.

Actualmente, se encuentran trabajando equipos a fin de dilucidar lo ocurrido y cuál era la intención de los reos. Equipos de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios y de la Dirección de Inteligencia Penitenciaria realizan la intervención. Una vez culminadas las labores, se brindará información oficial a la ciudadanía a través de los canales institucionales.

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Las cárceles del país contarán con un régimen especial para las visitas a los internos durante la Semana Santa, confirmó el Ministerio de Justicia. Se establecieron días y horarios en cada centro penitenciario y el ingreso se hará bajo estrictos controles de seguridad.

Puntualmente para la Penitenciaría Nacional de Tacumbú se fijaron los días miércoles y domingo de 09:00 a 15:00. Se aclara que los menores podrán entrar únicamente el domingo.

En la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE) se habilita el martes, jueves, sábado y domingo, de 08:00 a 14:00, mientras que el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú tiene habilitado los días miércoles, jueves y viernes, de 09:00 a 15:00, con agendamiento previo.

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El mismo sistema rige para las penitenciarías regionales. Para Misiones se habilita el ingreso los días martes, jueves, sábado y domingo, de 09:00 a 14:00. El sábado tienen autorización para entrar los menores, de 09:00 a 14:00.

La Penitenciaría Regional de San Pedro habilita el martes, jueves, sábado y domingo, de 08:00 a 14:00, y ese mismo domingo será el único día habilitado para menores. Por otra parte, en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo se podrá ingresar para visitar a los reclusos el martes, jueves y sábado de 09:00 a 14:00. Quedan los días jueves y sábado habilitados para menores.

Los visitantes del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cambyretá tienen habilitado los días martes, jueves, sábado y domingo, de 09:00 a 14:00, y queda el domingo como único día habilitado para menores. La Granja Penitenciaria Ko’e Pyahú recibirá visitas el martes, jueves, sábado y domingo, de 09:00 a 15:00. Y ese mismo domingo será el único día habilitado para menores.

En tanto, en el Centro Penitenciario de Mujeres “Serafina Dávalos” se habilita el martes, jueves, sábado y domingo, de 09:00 a 14:00. También se fijó el domingo como único día para recibir a los niños de 08:00 a 16:00.

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La Cámara de Diputados tiene prevista llevar adelante su sesión ordinaria este martes 1 de abril, para ello, la mesa directiva estableció un orden del día que incluye un total de 19 puntos a ser tratados desde las 09:00. Entre ellos se destaca el proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”. Asimismo, tienen previsto analizar una propuesta que prohíbe el ingreso de equipos celulares en los centros penitenciarios y educativos del país.

De acuerdo al orden del día, el plenario dará continuidad al estudio sobre la propuesta de “Protección de datos personales en Paraguay”, que se encuentra en su primer trámite constitucional y cuenta con aprobación en general y deberán avanzar en su estudio en particular.

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Al respecto, la exposición de motivos señala que el proyecto tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales Paraguay es parte.

Recuerdan que esta propuesta cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública, entre otros.

Dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país.

Por otra parte, el plenario tiene en agenda la consideración del proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos del país”. El documento subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.

Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y hasta riesgo de planificación de fugas. El proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite constitucional propone penas privativas de libertad que oscilan entre 2 y 7 años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.

Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta 7 años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.

El documento también resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.

“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice una parte del texto.

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Este viernes, desde el Ministerio de Justicia designaron un nuevo equipo para el trabajo de intervención dentro de la penitenciaría de Minga Guazú, que estará encabezado por Jesús Emmanuel Pérez Guerrero. La medida fue tomada luego de confirmarse que ocho personas privadas de su libertad lograron escapar del centro de reclusión.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, nombró a Pérez Guerrero al frente del equipo interventor del penal. Esta decisión fue tomada ante la renuncia de Blas Antonio Martínez, quien estuvo al mando de la intervención por unas horas tras la fuga de los ocho reos de alta peligrosidad. Estos lograron saltar el cercado perimetral de la cárcel y huyeron del sitio. Hasta el momento, solo uno fue recapturado.

Este 28 de marzo, el Ministerio de Justicia emitió la resolución n.° 261, por la cual se designa a Pérez Guerrero como titular del equipo interventor del establecimiento penitenciario, por un periodo de 30 días, durante el cual se llevarán a cabo los trabajos para esclarecer el hecho.

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El nuevo interventor es miembro del plantel de instructores y capacitadores del Instituto Técnico Superior de Formación y Educación Penitenciaria (Itsfep), donde desempeñó un rol clave en la formación del personal penitenciario. También, hizo cursos de especialización en la sede de la Policía Penal del Estado de Paraná, a través de la Oficina de las NNUU contra la Droga y el Delito - UNODC.

El fiscal Alcides Giménez Zorrilla imputó a cinco funcionarios penitenciarios por haber supuestamente facilitado la liberación de ocho personas privadas de libertad. Estas son de alta peligrosidad y estaban en el pabellón de máxima seguridad del Centro Penitenciario de Minga Guazú. Los imputados son Pedro Arnaldo López Martínez, Benicio de Jesús Romero Aguilar, Ariel Gustavo Mareco Benítez, José Carlos Alfonso Torres y Jonathan Nicolás Barúa Chamorro.

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