El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento a favor de Elías Godoy Torres, hijo de la diputada liberal Roya Torres. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.

El joven, procesado por cobro indebido de honorarios, deberá devolver la suma de G. 50.666.600 que recibió de la Cámara de Diputados, más una donación por el mismo monto como reparación del daño social. Dicha donación será destinada a varias entidades de beneficencia.

El fiscal Francisco Cabrera señaló que el joven reconoció los hechos y por ende fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento.

Te puede interesar: Imedic: fiscalía apeló leve condena de Patricia Ferreira y Nidia Godoy

Con la presente salida procesal, el hijo de la diputada se salvó de enfrentar un juicio oral y público por el citado delito. En caso de incumplir la medida se revocará la presente resolución y el proceso tendrá que proseguir.

De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, Elías Godoy Torres, siendo bachiller, fue contratado en la Cámara de Diputados como asesor de su propia madre, la diputada liberal Roya Torres, percibiendo un sueldo de G. 9.500.000, pero el mismo no habría cumplido las funciones asignadas por lo que se inició una investigación en la que se corroboró el incumplimiento de tareas, por lo que fue imputado.

Podes leer: Condenan a 4 años de cárcel a Miguel Servín, alías “Celular”, por tener título falso de abogado

El ejército surcoreano denunció que Corea del Norte interfiere desde ayer viernes las señales de GPS lo que perturba la navegación de numerosos buques y el vuelo de decenas de aviones civiles. Según un comunicado del Estado Mayor Conjunto de Seúl, estas interferencias proceden de las ciudades norcoreanas de Haeju y Kaesong, ubicadas cerca de la frontera, y provocan “disrupciones operativas” en el tráfico aéreo y marítimo.

El ejército instó a los buques y aviones surcoreanos que operan en el mar Amarillo estar alerta ante estos ataques que comenzaron el viernes y siguen en marcha este sábado. “Urgimos firmemente a Corea del Norte a detener inmediatamente sus provocaciones de GSP y le advertimos que la haremos responsable de cualquier problema derivado de esto”, agregó.

El incidente ocurre después de días de demostraciones de fuerza de ambos países enfrentados desde la guerra de Corea de los años 1950, que determinó la división actual de esa península del noreste de Asia. Corea del Norte lanzó un disparo de su misil balístico intercontinental más avanzado y varias salvas de proyectiles de corte alcance.

Lea más: Diputados franceses plantean un impuesto para la carne bovina del Mercosur

De su parte, Corea del Sur disparó el viernes un misil balístico de corto alcance para demostrar su “fuerte resolución para responder con firmeza a cualquier provocación norcoreana”. Las ya complicadas relaciones entre Seúl y Pyongyang se agriaron todavía más por el refuerzo de la alianza entre Rusia y Corea del Norte y la firma de un tratado de defensa mutua entre ambas.

Estados Unidos y Corea del Sur aseguran que el régimen de Kim Jong Un envió tropas a Rusia para combatir contra Ucrania que, según los últimos datos de inteligencia, sumarían 10.000 efectivos. En respuesta, el presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, abrió la puerta a suministrar armamento a Ucrania, rompiendo su tradición de no aportar material bélico a países en conflicto.

Lea también: Con más de 200 muertos, Valencia manifiesta hartazgo con los políticos

Según el ejército surcoreano, no es la primera vez que Pyongyang intenta interferir las señales de GPS. Ya lo hizo en mayo, pero entonces no afectó las operaciones militares del Sur. Los expertos advierten que este tipo de acciones pueden ocasionar otros incidentes más graves que agudicen las tensiones en la península de Corea.

“Todavía no está claro si hay una intención de desviar la atención del despliegue de tropas (en Rusia), de infundir inseguridad psicológica a los residentes en el Sur o de responder a las maniobras del viernes” de Seúl, dijo a la AFP Yang Moo-jin, presidente de la Universidad de Estudios Norcoreanos en Seúl. “No obstante, los ataques de interferencia de GPS suponen un riesgo real de incidentes graves, incluidos posibles accidentes aéreos en el peor de los escenarios”, agregó.

Otra hipótesis planteada por Ahn Chan-il, un desertor norcoreano que ahora dirige el Instituto Mundial de Estudios Norcoreanos, es que Pyongyang quiera “proteger sus propias comunicaciones e intercambios de inteligencia durante operaciones militares críticas”. Según la oficina presidencial de Corea del Sur, este aliado clave de Estados Unidos en el este de Asia también ha sufrido un aumento de los ciberataques procedentes de grupos prorrusos desde que denunció el despliegue de tropas norcoreanas en el frente de Ucrania.

Fuente: AFP.

Más de un millón de pasajeros se ven afectados este miércoles por una huelga de transporte en Argentina, que no incluye al gremio de autobuses, en rechazo al ajuste del presidente ultraliberal Javier Milei, el aumento de la pobreza y el intento de privatizar la estatal Aerolíneas Argentinas.

Hay “más de un millón de pasajeros afectados y más de 1.800 trenes sin circular”, informó a la AFP un vocero de la estatal Trenes Argentinos, que maneja las principales líneas de pasajeros de Buenos Aires.

Además de los principales gremios ferroviarios, a la medida de fuerza se plegaron los de transporte fluvial, aeronáuticos, taxistas, subterráneos y camioneros, afectando además el traslado de mercaderías.

“Hay un sector importante de la población que la está pasando mal”, comentó Pablo Moyano, cosecretario de la principal central sindical argentina, CGT.

“Hoy estamos defendiendo la soberanía del transporte nacional, en todas las modalidades, para que no nos invadan los extranjeros por dos mangos (dos monedas)”, dijo a Radio 10.

La estatal Aerolíneas Argentinas indicó en un comunicado que 27.700 pasajeros y 263 vuelos resultaron afectados.

También se adhirieron trabajadores estatales, universitarios, estudiantes y otros gremios contra el ajuste del gobierno y la pérdida del poder de compra de los salarios.

“Estamos peleando no solo por cuestiones sectoriales, sino por la educación, la salud, los jubilados y por todo lo que este gobierno está destruyendo”, declaró el martes el secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey.

Dante Medina, quien trabaja en la alimentación, dijo a la AFP frente a la estación de trenes de Retiro que le parecía “injusto eso de que paguen todos los demás por los reclamos que ellos tengan que hacer”.

El principal sindicato de conductores de autobuses, que no se adhirió a esta medida y había programado un paro separado el jueves, anunció su suspensión porque llegó a “un principio de acuerdo” de recomposición salarial con el gobierno, informó la prensa.

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, dijo a radio Mitre que el paro es “un boicot político de un grupo de dirigentes que está mirando sus propios intereses”.

Desde su asunción en diciembre, Milei aplicó duras medidas de desregulación de la economía y de recorte sobre el gasto público y como consecuencia el Ejecutivo consiguió superávit en las cuentas públicas.

Pero la economía doméstica sufre de una recesión económica, con una inflación que en septiembre fue del 209% y una pobreza que en la primera mitad del año alcanzó al 52,9 % de la población.

Fuente: AFP

Unidad de Investigación Nación Media

El expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varias personas de su entorno cercano siguen evitando someterse a la Justicia por las diversas irregularidades cometidas durante su gobierno. Esta semana, por ejemplo, debía arrancar el juicio al exministro Arnaldo Giuzzio, quien fue beneficiado con una nueva suspensión.

Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública. Varios de ellos siguen evitando sus procesos judiciales gracias a artimañas varias. El mismo Abdo Benítez, procesado, lleva varios meses paralizando el proceso que pesa en su contra por filtraciones de secretos a punta de chicanas.

Lea más: Sector liberal busca “un nuevo Mesías” para guiar a la oposición, dice diputado

El exministro todopoderoso del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, tuvo tres meses más antes de afrontar el juicio por sus vínculos con el capo mafioso brasileño Espíndola Marqués. Las audiencias del juicio oral y público debían iniciarse el pasado 1 de julio, sin embargo, fueron postergadas y debían iniciar este martes 22 de octubre.

Pese a los tres meses de gracia que recibió, este lunes saltó a la luz que el Tribunal de Sentencia que debe entender en la causa de Giuzzio, postergó por tercera vez el inicio de las audiencias de juicio.

El exministro todopoderoso de Abdo fue acusado por la supuesta comisión de cohecho pasivo agravado en carácter de autor. El narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua llegó incluso a visitar al ex superministro abdista Arnaldo Giuzzio en su domicilio particular, según documentos que constan en poder de la Fiscalía. El capo mafioso le prestó vehículos y realizó trabajos como “cortesía”. En días más, el otrora hombre fuerte del Ejecutivo afrontará juicio.

Lea también: Raúl Cano Ricciardi fue nombrado embajador ante la ONU en Ginebra

Comunicaciones continuas, préstamos de un vehículo para vacacionar, trabajos de cortesía y hasta visitas a su domicilio particular. La investigación del Ministerio Público revela una muy cercana relación entre Arnaldo Giuzzio, exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo, y el supuesto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

De acuerdo con los documentos que constan en la acusación presentada contra Giuzzio por la Fiscalía, el entonces ministro comenzó a mantener comunicaciones con el narco brasileño en julio de 2021.

Según las investigaciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camio­neta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.

Podes leer: Sector liberal busca “un nuevo Mesías” para guiar a la oposición, dice diputado

Como ya señalamos líneas más arriba, Giuzzio no es el único del entorno cercano del expresidente Abdo con cuentas pendientes en la justicia. Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del período anterior están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública.

Patricia Samudio, extitular de Petropar, se convirtió en abril pasado en la primera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expresidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión.

De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deudas de su marido, el también condenado Costa Perdomo.

Leé también: Raúl Cano Ricciardi fue nombrado embajador ante la ONU en Ginebra

Joaquín Roa Burgos, exministro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante. Fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY.

En noviembre pasado, la Fis­calía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudi­cado millonarias licitaciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de bene­ficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secre­taría de Emergencia Nacional”.

La Fiscalía imputó al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secreta­ría Anticorrupción René Fernández y a otras personas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros.

La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denun­cia falsa (art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (art. 291 del CP), usurpación de fun­ciones públicas (art. 241 del CP) y asociación criminal.