El papa Francisco ha pedido que los programas de protección de abusos de la Iglesia “sean eficaces” y ha impulsado, en concreto, las iniciativas de las diócesis que proporcionan “consuelo y asistencia a los que han sufrido”.

En un mensaje enviado a los participantes en la Conferencia sobre la salvaguardia de la Iglesia católica en Europa, promovida por la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, Francisco ha pedido que se establezcan redes “de personas y buenas prácticas” para para poder “compartir conocimientos, apoyarse mutuamente y garantizar que los programas de protección sean eficaces y sostenibles”.

El evento, inaugurado este miércoles, cuenta con la presencia de más de 100 expertos además de víctimas de 25 países europeos, que debatirán sobre la cuestión hasta el próximo 15 de noviembre. “Vuestro compromiso con esta causa es un signo del esfuerzo continuo de la Iglesia para proteger a los más vulnerables”, ha subrayado Francisco en un video mensaje que ha sido trasmitido al comienzo de las reuniones.

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“El diálogo y los intercambios en su Conferencia ofrecen oportunidades prometedoras para una comprensión más plena y un compromiso más profundo con la salvaguarda de los niños y los adultos vulnerables dentro de la Iglesia”, ha destacado.

Por su parte, el responsable de esta comisión, el cardenal estadounidense Sean O’Malley, ha manifestado que es un deber “escuchar y responder a quienes han sido perjudicados”. “Debemos seguir el debido proceso al investigar las denuncias y debemos mostrar un liderazgo firme al tomar las medidas necesarias para prevenir de la mejor manera posible cualquier caso de abuso”, ha asegurado.

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Fuente: Europa Press

El Vaticano publicó este martes su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, en el que pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos sexuales y mejorar el acompañamiento de las víctimas.

La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, órgano consultivo creado en 2014 por Francisco, debe en principio presentar cada año un informe sobre el tema. Presentado como una “primera etapa”, este esperado informe “documenta los riesgos que sigue habiendo y los avances que se pueden hacer en los esfuerzos de la Iglesia para proteger a los niños y a los adultos vulnerables”, indicó la Comisión el viernes.

En abril de 2022, el papa, al frente de una comunidad de 1.400 millones de católicos, pidió un informe a esta comisión para tener información “fiable de lo que ocurre y de lo que debe cambiar”. Los miembros de la comisión, nombrados directamente por el papa, son expertos religiosos y laicos en diversos ámbitos relacionados con la protección de las personas, como la educación, el derecho, la psicología, la psiquiatría o los Derechos Humanos.

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La instancia fue integrada en 2022 en la Curia, pero ha sido objeto de duras críticas. “Verdad, justicia, reparaciones y reformas institucionales deben servir como punto de referencia y fundamento de nuestro trabajo”, indicó en el informe el presidente de la comisión, el cardenal Sean O’Malley.

Tras consultar a líderes religiosos y fieles en varios continentes, la comisión constató que la máxima prioridad es la exigencia de las víctimas de acceder a “la verdad”. La Iglesia debe “estudiar medidas que garanticen a todos el derecho a la información”, en particular “sobre las circunstancias y responsabilidades”, indicó el órgano.

La víctima necesita saber, por ejemplo, qué ha sido de su agresor, si no se lo va a encontrar en su parroquia local, en misa o en clases de catequesis. Para ello, la comisión sugiere crear una suerte de defensor del pueblo. También propone crear una “definición más uniforme de la vulnerabilidad” extrayendo enseñanzas de los testimonios de las víctimas.

En el marco de las auditorías, una de las víctimas se mostró sorprendida de que “la parte menos extenuante de todo el proceso fuera la agresión”. “Lo realmente terrible es cuando te atreves a denunciar, momento en el que el mundo empieza a derrumbarse sobre ti”, lamentó.

La comisión también considera necesario agilizar “los procedimientos de destitución” de los responsables eclesiásticos acusados en casos de pedocriminalidad. El informe indica que el proceso debe realizarse “cuando esté justificado”, pero no precisa si tiene que abrirse en caso de sospechas y denuncias o al final de un proceso judicial, sea canónico o civil.

Todos estos esfuerzos, resaltó la comisión, con importantes disparidades en las percepciones culturales dentro de las sociedades y dentro de la propia institución, obstáculos administrativos y falta de formación. En África, por ejemplo, la comisión constató que “la cultura de la protección es un concepto nuevo”, que requiere “sensibilización, información, formación y desarrollo de competencias”.

En México, en cambio, “importantes barreras culturales” se interponen al imperativo de denunciar la violencia sexual y, por tanto, “constituyen un claro obstáculo al proceso de justicia”. Desde que fue nombrado en 2013, Francisco ha impulsado varias medidas contra la lacra de las violencias sexuales.

Entre ellas la eliminación del secreto pontificio, obligación de comunicar cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, cualquier intento de tapar un incidente por parte de la jerarquía, enmienda de las sanciones penales.

Pero las asociaciones de víctimas consideran que las acciones emprendidas siguen siendo insuficientes, y critican que el clero no esté obligado a denunciar eventuales delitos ante la justicia civil, salvo si las leyes del país así lo estipulan. En cualquier caso, el secreto de confesión sigue siendo total.

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“Se debe poner en marcha una verdadera tolerancia cero en todo el mundo”, dijo en abril a AFP Anne Barret Doyle, codirectora de la oenegé estadounidense Bishop Accountability, que documenta casos de violencia sexual dentro de la Iglesia. Según ella, cualquier cura “acusado de forma creíble de haber agredido a un niño o a un adulto debe ser excluido definitivamente del ministerio público”.

Otra prioridad sería, afirma, “publicar los nombres y los detalles de los casos de sacerdotes que la Comisión juzgue culpables de agresión sexual”. “La responsabilidad empieza por divulgar la información”, agregó, considerando que “el papa Francisco demostró una aversión total por la transparencia”.

Fuente: AFP

La Pontificia Comisión para la Protección de los Menores del Vaticano presentará este martes su primer informe anual sobre el impacto de las políticas y procedimientos de prevención de abusos en la Iglesia, en el que se identificarán aquellas medidas que han resultado triunfantes en la estrategia de salvaguardia de menores y adultos vulnerables en los espacios eclesiásticos, pero se pondrán en evidencia también las lagunas que deja el sistema.

Según anunció este departamento del Vaticano, este informe será presentado por el presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, el cardenal Seán Patrick O’Malley; el miembro de la Comisión y presidenta del Informe Anual, Maud De Boer Buquicchio; el secretario de la Comisión, el obispo Luis Manuel Alí Herrera, y la secretaria adjunta de la Comisión, Teresa Kettelkamp.

“Nuestro objetivo es elaborar un informe anual con un compromiso de transparencia y rendición de cuentas, en solidaridad con las víctimas y los supervivientes de todo el mundo”, señaló O’Malley.

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El departamento del Vaticano definió la publicación de este informe como el primer paso de un proceso de recopilación de datos y elaboración de informes dentro de la Iglesia católica, que comenzó por una petición expresa del papa formulada en abril de 2022. En este sentido, su publicación se enmarca en la voluntad de Francisco de adoptar prácticas más transparentes en los procesos de rendición de cuentas.

La responsable última del informe, De Boer-Buquicchio, nombrada en 2021, trabajó en varias organizaciones internacionales como secretaria general adjunta del Consejo de Europa de 2002 a 2012, y como relatora especial de la ONU sobre la explotación sexual de los niños de 2014 a 2020.

Sobre el informe comentó cómo en su elaboración han podido explorar “muchas de las preocupaciones sobre la falta de datos disponibles”. “El informe anual es una herramienta para promover un cambio de mentalidad en la Iglesia que adopte la responsabilidad y la transparencia”, añadió. “El informe anual es una herramienta para promover este proceso de conversión pastoral”, valoró.

El también miembro de la comisión Benyam Dawit Mezmur, profesor de Derecho en la Universidad de Western Cape en Ciudad del Cabo, Sudáfrica y miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU durante los últimos 12 años, destacó por su parte que una revisión de la Santa Sede realizada en 2013 por la comisión de la ONU reveló varias cuestiones críticas.

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En ese sentido indicó “la necesidad de contar con una base de información sólida, la importancia de tener buenas prácticas y el papel que las intervenciones a nivel local pueden desempeñar realmente para prevenir, pero también para abordar los casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia”.

“El Informe anual piloto contribuye realmente de forma significativa a abordar algunas de estas cuestiones”, afirmó a este respecto el profesor Mezmur. “Será un proceso, y ese proceso de información contribuirá inevitablemente de forma significativa a proporcionar intervenciones que puedan reproducirse en diferentes partes del mundo con vistas a prevenir y abordar la violencia sexual y los abusos sexuales en el seno de la Iglesia”, concluyó.

Fuente: Europa Press

La Iglesia católica anunció este sábado que deja “abierta” la cuestión de la ordenación de las mujeres como diáconos, función que precede a la del cura, en una cumbre mundial sobre el futuro de la Iglesia en el Vaticano.

“Esta reflexión debe continuar”, señala el documento final aprobado por el papa Francisco, tras un mes de debates. Si bien “las mujeres y los hombres tienen una dignidad igual como miembros del pueblo de Dios”, “las mujeres siguen topándose con obstáculos para obtener un mayor reconocimiento” de su papel, recoge el documento, de 51 páginas.

Como en el caso de los curas, y al contrario de lo que ocurre en otras confesiones, la Iglesia católica solo autoriza que los hombres puedan tener el cargo de diácono, un ministerio que permite celebrar bautizos, bodas y funerales pero no oficiar misa.

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“No hay ninguna razón ni ningún obstáculo que pueda impedir que las mujeres ejerzan roles de dirección en la Iglesia”, indica el texto, que sin embargo no precisa cuáles podrían ser esos roles. Tampoco aborda la posibilidad de ordenar a mujeres sacerdotes, algo que muchas asociaciones reclaman, sobre todo en Europa y en América del Norte.

Desde el 2 de octubre, 368 personas -- religiosos, obispos y laicos, también mujeres -- de un centenar de países debatieron a puerta cerrada en el Vaticano en la Asamblea General del Sínodo sobre el Futuro de la Iglesia, que se había reunido por primera vez en octubre de 2023.

Entre las 155 secciones, la que versa sobre las mujeres fue la que se topó con más objeciones, con 97 votos en “contra” y 258 “a favor”. El documento también propone una reorganización de la formación de los curas y una mayor implicación de los laicos, pero no formula ninguna propuesta sobre la acogida de fieles del colectivo LGTB+.

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El sínodo es un órgano consultivo que presenta sus conclusiones al papa, quien tiene la última palabra sobre eventuales reformas doctrinales. Pero este último anunció el sábado que adoptaba directamente las propuestas de la asamblea, algo bastante inusual, otorgándoles un valor oficial.

“No tengo intención de publicar una ‘exhortación apostólica’, lo que hemos aprobado basta. En el documento ya hay indicaciones muy concretas que pueden servir de guía para la misión de las Iglesias, en diferentes continentes, en diferentes contextos”, declaró el papa Francisco el sábado por la noche, al cierre del sínodo.

Fuente: AFP