El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, indicó que están expectantes a la licitación de las tobilleras electrónicas puesto que será un elemento clave para evitar la superpoblación penitenciaria y en este sentido dijo que también existe un trabajo conjunto con la Corte Suprema de Justicia de modo a buscar alternativas a la prisión.

“Ya estamos próximos a implementar los brazaletes electrónicos, tuvimos una reunión con el ministro del Interior, Enrique Riera, hace un par de días porque por fin los procesos de llamado a licitación y todo lo que tiene que ver con la parte administrativa para la adquisición de estos dispositivos están destrabados y estamos próximos a la adjudicación”, detalló a la 650 AM.

Una vez que se cuente con estos dispositivos, serán puestos a disposición de los juzgados de modo que se conviertan en una herramienta más de control y un mecanismo de evitar que ingresen personas innecesariamente al sistema penitenciario. En esta línea, resaltó el trabajo que se está realizando con el Poder Judicial.

Lea también: Exportar energía al Brasil “es un paso hacia la integración”, sostiene Mauricio Bejarano

“Tener una línea de trabajo en la conciencia en la imposición de la prisión preventiva, no el abuso, sino el equilibrio porque también tenemos que abogar por la seguridad ciudadana y cuando realmente se den las condiciones que están en ley como la obstrucción al proceso penal, peligro de fuga entre otros lineamientos claramente establecidos, que se aplique la prisión preventiva, pero si esa persona puede estar bajo un régimen de prisión domiciliaria o libertad, bienvenido sea”, explicó.

Dentro del sistema penitenciario existen 11.167 procesados sin condena de las 18.489 personas privadas de libertad. Otra de las acciones que lleva adelante el Ministerio de Justicia es separar a estos dos grupos, de modo a que los programas de reinserción puedan ser efectivos y que las cárceles dejen de ser “escuelas del delito”, según manifestó.

Este proceso ya comenzó en Tacumbú y en las tres cárceles de Emboscada, tanto en el penal antiguo, como en Pedro de la Vega y Martín Mendoza. “Padre de la Vega va a ser exclusivo para condenados y el antiguo va a ser para procesados”, detalló y añadió que el penal Martín Mendoza estará funcionando completamente a inicios del 2025 exclusivamente para máxima seguridad.

Le puede interesar: Un hito: Paraguay ya puede exportar energía eléctrica al Brasil

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó que ha iniciado un proceso para separar a las personas privadas de libertad que no cuentan con condena, de aquellos que aún están con procesos abiertos. Esto con el objetivo de que los programas de reinserción sean más efectivos y que el penal de Tacumbú deje de ser una “escuela del delito”.

“Es una deuda histórica que tiene la administración del Ministerio de Justicia con el sistema penitenciario que nos va a permitir tener mayor efectividad a la hora de aplicar estos programas. Ese es el problema que históricamente ha desencadenado otros problemas mayores”, expuso el titular de cartera ante la 650 AM.

Nicora indicó que el impacto social que ha generado que una persona que comete un hecho punible por primera vez e ingresa a un sistema en el que todos los reclusos están integrados, convirtieron a Tacumbú en un lugar donde las personas aprenden a delinquir, lo que origina un agravante al problema social antes que una solución.

Lea también: Jaime Bestard es designado como presidente del TSJE

“Cuando hablamos de perfiles de personas que están mezcladas, tanto procesadas como condenadas y de diferentes hechos punibles, estos programas de reinserción no van a ser efectivos como sí lo son cuando ya están orientados a la clasificación y separación de estas personas”, añadió. Asimismo, indicó que este trabajo se viene planificando desde hace meses.

El jefe de cartera manifestó que no ha sido una tarea fácil porque Tacumbú siempre tuvo un hacinamiento importante, contando con unas 4.000 personas privadas de libertad. A partir de Veneratio, el operativo desarrollado en diciembre del 2023, se ha podido reducir considerablemente esta cifra y actualmente el penal alberga a 1.970 reclusos, de los cuales 1.114 están procesados y 856 tienen condena.

“Mirando los planos del centro penitenciario y buscando una reingeniería de lo que es hoy día Tacumbú, logramos consensuar con los arquitectos y con el equipo de obras del Ministerio de Justicia, la posibilidad de que los pabellones que se encuentran en la última parte del centro penitenciario, que son pabellones nuevos y donde antes estaban alojadas organizaciones criminales, puedan ser utilizados exclusivamente por personas con condena”, detalló.

De esta forma, se hizo una división de esa sección de la penitenciaría que cuenta incluso con un nuevo acceso. Por otro lugar, la parte de adelante alberga a los procesados, convirtiéndose en un “Centro Nacional de Prevenidos”, donde ratificó Nicora que únicamente pueden estar personas con procesos abiertos.

Le puede interesar: Directivos de Teletón destacan apoyo de Peña a actividad solidaria

El titular del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora, participó de una reunión con la Comisión Bicameral, encargada de considerar el informe y dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), correspondiente a la liquidación del Presupuesto General de la Nación (PGN) del ejercicio fiscal 2023.

“Tomamos con mucha apertura las observaciones que hizo la Contraloría. La comisión que está a cargo del diputado César Cerini nos abrió las puertas, para tener la oportunidad de visibilizar algunas cuestiones contables y administrativas, no de esta gestión, estamos hablando del periodo 2023, de gobiernos anteriores”, detalló.

El secretario de Estado detalló ante los miembros de prensa en el Congreso, que las autoridades pudieron fijarse en tres observaciones brindadas incluso desde el 2005, sobre las cuales no se han determinado soluciones definitivas, por lo cual remarcó la importancia de actuar de manera estratégica.

“En algún momento debemos dar un corte administrativo general a todas estas cuentas y números pendientes y buscar un mecanismo, tanto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Nacional de Fomento (BNF) y la comisión misma”, señaló el ministro de Justicia.

Lea más: Paraguay posee el potencial para liderar la integración energética en Sudamérica

Nicora indicó que se buscará articular la manera formal de dar un cierre a todas las cuentas pendientes, en torno a las cuentas administrativas, y si existen observaciones sin sustento legal se derivarán a las instancias correspondientes.

“La conclusión a la que llegamos es que queda mucha tarea por hacer, pero también existe mucha apertura con las distintas instituciones para, de alguna manera, ir subsanando todo y llegar mucho más ordenados”, afirmó el ministro de Justicia, en referencia a su cartera.

El informe final a ser elaborado por la Bicameral, será entregado a ambas Cámaras del Congreso en un plazo de 45 días. Además, la comisión tiene la potestad de elevar denuncias de cualquier irregularidad encontrada a instancias como el Ministerio Público.

Lea también: MEC pide al Congreso la aprobación de préstamo para edificar 316 escuelas

El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

Lea también: Carmen Villalba seguirá recluida en cárcel de máxima seguridad en Minga Guazú

La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

Te puede interesar: Operación Fleeting: ratifican prisión de imputado