El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) renovará su Comisión Nacional con la elección de nuevos miembros titulares, teniendo en cuenta el fenecimiento de mandato de tres integrantes, que se producirá en diciembre próximo.

Indicaron que esta convocatoria 2020 es para personas interesadas en ocupar el citado cargo y se encuentra abierta por el término de treinta días, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 4288/2011, que crea el MNP, y actas del Órgano Selector responsable del proceso. La convocatoria cerrará el 19 de octubre de 2020.

Cabe mencionar que la Comisión Nacional es la máxima instancia o autoridad del MNP y ejerce la representación institucional; está integrada por seis comisionados y comisionadas titulares, que duran cinco años en sus funciones y no pueden ser reelectos. La elección está a cargo del Órgano Selector, instancia integrada para el efecto por representantes de la sociedad civil y los poderes del Estado.

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Las mismas serán recibidas de lunes a viernes de 8:30 a 12:00 en las oficinas del MNP ubicada en Azara 2059, entre Mayor Bullo y General Bruguez. Los formularios, requisitos de postulación y la información requerida se podrán acceder en la web www.mnp.gov.py y en las oficinas del MNP. Consultas al correo organo.selector@mnp.gov.py, o al teléfono (021) 442-993/4.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) fue creado conforme el mandato del Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, para prevenir prácticas de tortura y proteger a las personas privadas de su libertad o en situación de encierro que pudieran sufrir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Es una institución con independencia y autonomía funcional para el cumplimiento de sus fines; ningún Poder del Estado puede modificar o alterar su mandato, composición o sus facultades.

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Entre sus funciones, el MNP organiza visitas a los lugares donde existan personas en situación de encierro, internadas, privadas o afectadas en su libertad con el objetivo de realizar un monitoreo de condiciones del establecimiento, documentación disponible y situación en general de seguridad, sanitarias, de vida y cumplimiento de legalidad; y realiza recomendaciones a las autoridades competentes.

Sus ámbitos de intervención son las penitenciarías y centros educativos para adolescentes privados de su libertad, establecimientos policiales y militares, hogares abrigo para niños, niñas y adolescentes; mayores de edad y personas adultas; establecimientos de internación de personas con discapacidad física o mentales; adicciones o con capacidades diferentes; unidades móviles de detención o aprehensión.