El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó que ha iniciado un proceso para separar a las personas privadas de libertad que no cuentan con condena, de aquellos que aún están con procesos abiertos. Esto con el objetivo de que los programas de reinserción sean más efectivos y que el penal de Tacumbú deje de ser una “escuela del delito”.

“Es una deuda histórica que tiene la administración del Ministerio de Justicia con el sistema penitenciario que nos va a permitir tener mayor efectividad a la hora de aplicar estos programas. Ese es el problema que históricamente ha desencadenado otros problemas mayores”, expuso el titular de cartera ante la 650 AM.

Nicora indicó que el impacto social que ha generado que una persona que comete un hecho punible por primera vez e ingresa a un sistema en el que todos los reclusos están integrados, convirtieron a Tacumbú en un lugar donde las personas aprenden a delinquir, lo que origina un agravante al problema social antes que una solución.

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“Cuando hablamos de perfiles de personas que están mezcladas, tanto procesadas como condenadas y de diferentes hechos punibles, estos programas de reinserción no van a ser efectivos como sí lo son cuando ya están orientados a la clasificación y separación de estas personas”, añadió. Asimismo, indicó que este trabajo se viene planificando desde hace meses.

El jefe de cartera manifestó que no ha sido una tarea fácil porque Tacumbú siempre tuvo un hacinamiento importante, contando con unas 4.000 personas privadas de libertad. A partir de Veneratio, el operativo desarrollado en diciembre del 2023, se ha podido reducir considerablemente esta cifra y actualmente el penal alberga a 1.970 reclusos, de los cuales 1.114 están procesados y 856 tienen condena.

“Mirando los planos del centro penitenciario y buscando una reingeniería de lo que es hoy día Tacumbú, logramos consensuar con los arquitectos y con el equipo de obras del Ministerio de Justicia, la posibilidad de que los pabellones que se encuentran en la última parte del centro penitenciario, que son pabellones nuevos y donde antes estaban alojadas organizaciones criminales, puedan ser utilizados exclusivamente por personas con condena”, detalló.

De esta forma, se hizo una división de esa sección de la penitenciaría que cuenta incluso con un nuevo acceso. Por otro lugar, la parte de adelante alberga a los procesados, convirtiéndose en un “Centro Nacional de Prevenidos”, donde ratificó Nicora que únicamente pueden estar personas con procesos abiertos.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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Un fusil con cartucho de 30 balas de grueso calibre fue hallado en la penitenciaría nacional de Tacumbú y sospechan que hay más armas ocultas en el reclusorio. El Ministerio de Justicia señala que llegaron hasta el arma como resultado de trabajos de inteligencia.

“A raíz de información de inteligencia que veníamos ya rastreando se llegó al objetivo. Se encontró un fusil AR 15 modelo M4 con sus respectivos cartuchos en el sector denominado Rancho Alta, debajo de un montículo de basuras, según un informe que he recibido”, señaló el viceministro de Justicia, Víctor Benítez a los medios de prensa.

Dijo que son vestigios de las armas que estaban siendo investigadas y que estarían siendo resguardadas por las personas privadas de su libertad, a fin de utilizarlas para enfrentar a la Policía ante eventuales operativos dentro de la cárcel.

“Iban a repeler justamente con estas armas a las fuerzas públicas que ingresaron en su momento para el operativo Veneratio”, indicó.

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Fueron los propios guardiacárceles quienes localizaron el fusil hacia un sector del pabellón que parecía un vertedero. “Una semana antes se encontró otro fusil enterrado y hoy en día entonces conseguimos nuevamente encontrar otra arma de fuego de grueso calibre con sus respectivos cartuchos”, puntualizó.

La requisa del fusil de asalto se realizó ayer lunes en un pabellón anteriormente ocupado por miembros del Clan Rotela. El fusil, con treinta proyectiles, estaba guardado en una mochila que, a su vez, estaba cubierta por un cúmulo de basuras.

Los funcionarios penitenciarios ya recuperaron dos fusiles y una pistola, y siguen tras la búsqueda de una pistola y una escopeta utilizadas por la citada banda delincuencial que estuvo liderada por Armando Rotela, considerado uno de los criminales más peligrosos del país. El mismo estuvo recluido en el mencionado penal tomando el control del lugar, hasta que en diciembre de 2023 fue trasladado a Emboscada tras el operativo Veneratio.

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Vecinos que se percataron de lo que ocurría lograron reducir y entregaron a la Policía Nacional a un joven adicto que asaltó a un niño de 8 años que salía de la escuela, en el barrio Tacumbú de la ciudad de Asunción. El delincuente amenazó al escuelero con un machete y le exigió que entregase su mochila, en la que llevaba sus útiles escolares.

Según el reporte policial, el hecho se reportó ayer martes, en horas de la tarde cuando el alumno salió de la institución educativa y fue interceptado por Brahian de Jesús Pérez Villalba, de 20 años. Este llevaba un machete con el que intimó al niño de 8 años y le pidió que entregue su mochila.

“El menor no recibió lesiones, pero quedó bastante shockeado tras lo ocurrido. Todo pasó frente a los vecinos, quienes de inmediato dieron aviso al sistema 911 y una patrullera llegó al lugar para detener al delincuente”, explicó el comisario Walter Lobo, en entrevista con C9N.

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Explicó que cuando pasa el efecto de las drogas los adictos buscan cualquier forma para poder comprar las sustancias y no se ponen a elegir a las víctimas, por lo que cualquiera puede ser blanco de ellos, en este caso un niño. “Le despojó de su mochila y se dio a la fuga, pero ante la rápida acción policial y de los vecinos fue detenido”, apuntó.

Del poder del joven se logró recuperar la mochila del niño en la que llevaba sus útiles escolares, una tablet y 50 mil guaraníes. “Por suerte, el menor se encuentra bien, pero muy asustado incluso nosotros los adultos cuando sufrimos este tipo de hecho quedamos afectados y con miedo”, confirmó.

Pérez Villalba cuenta con antecedentes penales por hurto en el año 2024. Atendiendo a sus antecedentes fue llevado a la comisaría segunda y puesto a disposición del Ministerio Público junto con las evidencias. “Son adictos que se encuentran por la zona, son conocidos por vecinos por cometer hechos delictivos”, concluyó.

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